bullrich45_0El Gobierno intentó contener el malestar que provocó en parte de la oposición el decreto que declaró la “emergencia de seguridad pública” y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para debatir la norma que permite derribar aviones utilizados por el narcotráfico. La iniciativa se presentará el 1° de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.

La decisión del presidente Mauricio Macri no implica un freno al decreto, que se publicará en el Boletín Oficial mañana o el lunes próximo.
Pese a los esfuerzos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, por defender la norma, desde el Frente para la Victoria, GEN y distintos referentes sociales se manifestaron en contra del decreto que habilita al gobierno nacional a “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, mediante la aprobación de reglas de protección aeroespacial por el período de un año.

El ex ministro de Defensa de Cristina Kirchner, Agustín Rossi, sostuvo que el decreto que autoriza los derribos “es una pena de muerte sin juicio previo” y advirtió que puede cobrar “víctimas inocentes”.
El legislador del Parlasur agregó que “es una barbaridad haber decretado esto sin un proceso de debate y sin ley del Congreso” y alertó que el Gobierno introduce a la Fuerza Aérea “en cuestiones de seguridad interior, lo cual es un retroceso enorme en la Argentina porque también están violando la ley de defensa”.

Distinta interpretación arrojó el ex secretario de Seguridad Sergio Berni. Según dijo el senador bonaerense, las Reglas de Protección Aeroespacial orientadas a “identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza a vectores incursores en el espacio aéreo argentino” se aplican hace años en el país.
Otra de las que alzó la voz contra la medida fue Margarita Stolbizer. La ex candidata a presidente sostuvo que “las políticas de Estado en seguridad y lucha contra el narcotráfico no pueden salir por decreto sino que deben ser por el consenso” de los partidos políticos.

“El derribo de aviones es un retroceso que no resuelve el problema del crimen organizado. Hoy el negocio de la droga se realiza más por tierra y fluvial que aéreo y cuando va en aviones sale por aduanas legales”, dijo la líder de GEN.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también se sumó al rechazo del decreto. Según el dirigente de derechos humanos “es ilegal mientras no se modifiquen leyes en el Congreso”. Y añadió: “Si mediante decretos un gobierno habilita ilegalmente la pena de muerte, que los militares pueden involucrarse en asuntos de seguridad interior, nombra jueces en la Corte Suprema, y además se niega a convocar al Congreso, mientras detiene y reprime por motivos políticos, y todo en nombre de la «emergencia nacional», entonces, no se está hablando de democracia, de diálogo, ni de república… es totalitarismo con un proyecto de reorganización neoliberal”.

Bullrich ratificó ayer la existencia de un alto índice de este tipo de delito -habló de unos 400 vuelos ilegales por año- y encomendó a la oposición debatir la norma que tiene como principal eje combatir el narcotráfico con madurez.

“En marzo veremos si los diputados quieren que nuestra frontera sea un colador o no”, manifestó la ministra de Seguridad.

Su segundo, Burzaco, acusó a la oposición de actuar con “hipocresía” ya que “en los últimos 10 años” se aplicó el mismo protocolo “en nueve oportunidades”.

Como informó ayer LA NACION, en el decreto de emergencia de seguridad también aparece la necesidad de completar la radarización de la frontera norte y se habilita “en forma inmediata la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos”.

Hoy el país no estaría en condiciones de aplicar el decreto. Ni siquiera cuenta con una patrulla de combate a tal efecto. Sólo estaría capacitado para enfrentar cuestiones específicas que no demanden más de 48 horas consecutivas de vigilancia.

La llamada ley de derribo siempre provocó polémicas, aunque está en funciones en la mayoría de los países de la región, incluyendo Bolivia, Venezuela, Perú y Brasil.

Agustín Rossi

Legislador del Parlasur

El ex ministro de Defensa de Cristina Kirchner sostuvo que el decreto “es una pena de muerte sin juicio previo” y advirtió que podría cobrarse “víctimas inocentes”

Margarita Stolbizer

Diputada Nacional (GEN)

Según Stolbizer, el derribo “es un retroceso que no resuelve el problema”. Y aseguró que hoy el negocio de la droga se realiza más por tierra y fluvial que aéreo

Patricia Bullrich

Ministra de Seguridad

Anunció que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para buscar más consenso. “En marzo veremos si los diputados quieren que nuestra frontera sea un colador o no”, dijo

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

El dirigente de derechos humanos acusó al Gobierno de ir hacia un “totalitarismo con un proyecto de reorganización neoliberal” y afirmó que es ilegal el decreto

 

fuente LA NACIÓN

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