ARANGUREN.Se viene discutiendo desde el día siguiente que Mauricio Macri salió segundo en las elecciones generales y se sabía que tendría que tomar esta medida en caso que fuera electo. El nuevo Gobierno intuye que juega buena parte de su capital político inicial. Dentro de la semana que viene o hacia fin de mes, la flamante administración empezará con la quita de subsidios en las boletas de luz y gas, más los aumentos en las tarifas de esos servicios.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, expresó que “tal vez dentro de una semana o diez días tengamos novedades para informar”, sobre las millonarias erogaciones del Estado al respecto.
La baja de los subsidios económicos forma parte del programa de Gobierno para atacar la inflación. En el Poder Ejecutivo estiman que deben eliminar entre $ 60.000 y $ 80.000 millones que el Estado nacional destina a mantener las tarifas. La transferencia de dinero público para la energía superó los $ 145.000 millones en 2015.

En las sugerencias de los técnicos al Gobierno, se menciona que una factura bimestral actual de $ 50/$60 debería pasar a ser de $ 150 mensuales. Eso daría $ 300 bimestrales, solo en concepto de quita de subsidios. A eso le falta el aumento de las tarifas, un mecanismo que requiere audiencias públicas y una serie de procesos formales.

Una parte del Gobierno razona que el incremento no es de tanto impacto.“Es el valor de dos pizzas por mes”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en diferentes ocasiones.
En el ministerio de Energía aseguran que el 20% de hogares más pobres conservará la mayoría de los subsidios y el siguiente 20% de usuarios con menores ingresos le aplicarán una quita escalonada de esos beneficios.

Sin embargo, hay miedo en el macrismo sobre la dimensión de un aumento. “Es un 500%. Los títulos de los medios serán catastróficos”, comentan. “La discusión ya dejó de ser técnica. Es de comunicación política”, describe un conocedor del proceso.

Aranguren viene conversando la quita de subsidios con el gabinete económico, conformado por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Esa dupla y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, definirán cuánto y cómo se informará que se termina la etapa de subsidios crecientes.

La idea que prevalece hasta ahora es que las nuevas tarifas se vayan distribuyendo en dos etapas, para que el impacto sea menor.

Aunque el retiro del dinero público afectaría entre 50% y 60% de los beneficiarios en Buenos Aires y el conurbano, en el Gobierno están convencidos que hay un 40% de hogares a los que se está premiando sin sentido.

“Entre luz y gas, el Estado está regalando a la clase media acomodada más de $ 60.000 millones anules. Allí se pasará el bisturí”, diagnostican varios expertos.
Aranguren cree que tarifas más parecidas a las que se pagan en el interior del país (que son entre 5 y 7 veces más caras que las de Buenos Aires) harán que los consumidores porteños y bonaerenses hagan uso más racional de la energía.

La quita de subsidios implicará que el Estado desembolse menos dinero. Pero para que las empresas obtengan más plata, necesitan una recomposición de tarifas. Con los valores actuales, las distribuidoras (Edesur, Edenor) no cubren ni el 20% de sus costos en Buenos Aires. El sistema eléctrico está regulado por Cammesa, una firma de control estatal, donde el nuevo Gobierno también planea anunciar cambios pronto.

 

fuente CLARÍN

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