TUPAC AMARUCon el apoyo del kirchnerismo, gremios estatales y las organizaciones sociales y cooperativas que se mantienen fieles a la conducción de Milagro Sala, la organización Tupac Amaru anunció para hoy una serie de cortes de rutas y movilizaciones en varias provincias para reclamar la liberación de la diputada del Parlasur, que lleva cinco días detenida en Jujuy, acusada de los delitos de instigación al delito y tumulto.

Los organizadores no quisieron anticipar el lugar y la hora de los cortes, pero trascendió que afectarían al menos la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Mendoza. Además, dialogan con gremios estatales para organizar un paro nacional, la semana que viene.
En los últimos días, varios dirigentes que integraban la Red de Organizaciones Sociales (liderada también por Sala) abandonaron el acampe que lleva 38 días frente a la gobernación jujeña y se sentaron a negociar con el gobernador Gerardo Morales. Por eso, las protestas de hoy serán también un termómetro para evaluar el poder de convocatoria de la Tupac Amaru y el respaldo que su líder recoge entre las filas del kirchnerismo y las organizaciones sociales.

El día elegido para la protesta no es casual: hoy se cumple el plazo para que la fiscal Luciana Fernández Montiel, que pidió la detención de Sala, emita opinión sobre el expediente a cargo del juez Gastón Mercau, quien a partir de hoy tendrá otros cinco días para decidir si mantiene o no a Sala en el Penal de Mujeres Nº 3 del barrio Alto Comedero, en las afueras de Jujuy.
A esa cárcel fue trasladada anteanoche, luego de que diputados nacionales y del Parlasur del kirchnerismo y la izquierda denunciaron las condiciones “inhumanas” en las que se encontraba alojada la dirigente piquetera en una comisaría de la capital provincial. No buscaban el traslado, sino la excarcelación: argumentaban, como la defensa de la dirigente, que los delitos por los que fue detenida Sala son, precisamente, excarcelables.

Cerca de Sala dan por descontado que el juez Mercau se tomará otros cinco días para definir la situación de la detenida y por eso ya avanzan en preparativos para una protesta mayor, el miércoles o jueves de la semana próxima. La expectativa de máxima es lograr un paro nacional de las dos vertientes de la CTA, apoyos de otros gremios alineados con el kirchnerismo y la movilización de organizaciones sociales y de pueblos originarios.
Desde la Tupac Amaru denuncian que la justicia jujeña mantiene detenida a Sala por orden del gobierno de Morales, que en estos días fue, por un lado, dictando medidas para regularizar la situación de cooperativas y beneficiarios de planes sociales (como la bancarización del cobro de salarios), pero, por el otro, negociando y acercando posiciones con los dirigentes que integraban la Red de Organizaciones Sociales, para quitarle aliados a Sala.

“El gobierno de Jujuy tiene detenida a Milagro como presa política”, coincidieron ayer Luis Paz, abogado de la dirigente, y la diputada nacional Carolina Gaillard, quien junto a sus pares Josefina González y Marcelo Santillán denunciaron ayer a la fiscal Fernández Montiel por abuso de autoridad y discriminación.

“La fiscal nos impidió el ingreso al edificio donde se encuentra su despacho, hubo maltratos, y a los dos diputados que terminó recibiendo les explicó que prefería tratar con ellos y no con mujeres”, explicó Gaillard a LA NACION.

Mientras desde el kirchnerismo coinciden en que la detención de Sala es un mensaje político para el resto de los dirigentes sociales, el gobernador Morales recibió ayer el respaldo de la presidenta en ejercicio, Gabriela Michetti. Dijo que Sala tuvo “muchísimos privilegios y muchas denuncias en función de esos privilegios”.

Cambios en el Archivo de la Memoria

Por decreto, el Gobierno oficializó anteayer la remoción de Horacio Pietragalla como presidente del Archivo Nacional de la Memoria, y designó en su lugar a Gustavo Peters Castro. Pietragalla, quien había sido designado sólo cuatro días antes de que venciera el mandato de Cristina Kirchner, cuestionó a su reemplazante. “No tiene consenso entre las organizaciones de DD.HH., dijo.

 

fuente LA NACIÓN

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