La cruzada iniciada por el gobierno de Jujuy para desmantelar la red clientelar que construyó la organización barrial Tupac Amaru dio ayer un paso sustancial: dos ex funcionarios de la administración del ex gobernador y actual presidente del PJ nacional, Eduardo Fellner, quedaron detenidos, acusados de cometer fraude al Estado como parte de una asociación ilícita y por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
En medio de los operativos de recolección de pruebas por las demandas penales que inició la semana pasada el gobierno del radical Gerardo Morales contra la agrupación liderada por Milagro Sala y los funcionarios, la policía jujeña detuvo al ex vocal social del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Pablo Tolosa, y a ex la jefa del Departamento Administrativo Financiero, Marta Gutiérrez, que era la encargada de autorizar los pagos destinados a obras y que, según los escritos presentados ante la Justicia, nunca llegaron a destino.
Los procedimientos, que ayer cumplieron su segundo día consecutivo, fueron ordenados por el juez de feria Gastón Mercau, a pedido de la fiscal que investiga las denuncias, Liliana Montiel. Anteayer, las autoridades habían allanado propiedades de Sala y oficinas de la Tupac en el barrio Alto Comedero, de donde se sustrajo material informático.
Si bien hasta ahora Tolosa y Gutiérrez son los únicos detenidos por las demandas penales, desde los tribunales jujeños confirmaron a LA NACION que también se libró un pedido de captura nacional e internacional contra uno de los hombres de confianza de Sala, dirigente de la Tupac y presidente de la cooperativa Nueva Esperanza, Javier Nieva, que está prófugo. Entre los demandados también está el ex presidente del IVUJ Lucio Abregú, aunque por el momento no se libró un pedido de detención en su contra.
La novedad de las detenciones fue bien recibida en la gobernación. En el entorno de Morales creen que las investigaciones pueden seguir escalando. «Esto puede llegar más lejos en la medida en que la Justicia se siga involucrando como lo hace desde que está el nuevo gobierno. Los responsables no son sólo los que aparecen en las causas. Ésos seguramente son perejiles, porque para que ocurran este tipo de cosas tiene que haber alguien de más rango que dé la orden», señaló a LA NACION un miembro de peso del gabinete jujeño.
Por su parte, Fellner evitó hacer declaraciones sobre las detenciones de sus funcionarios y su entorno se desentendió (ver aparte).
Celda común
Sala también está imputada por fraude y asociación ilícita, aunque su detención fue ordenada a raíz de la denuncia por «instigación a cometer delitos y tumulto», por el acampe de la Tupac en la plaza central de la capital jujeña, que, además, ahora se trasladó a la Plaza de Mayo (ver aparte). La dirigente, detenida desde hace 13 días, permanece privada de su libertad en una celda común del penal de Alto Comedero, en las afueras de la capital jujeña.
Según las denuncias que presentó el gobierno de Morales ante el fiscal del Estado, Mariano Miranda, la desaparición, en primer lugar, de más de $ 29 millones destinados a la primera etapa de un programa de mejoras habitacionales no pudo haberse provocado sin la participación directa de Tolosa, Gutiérrez y Abregú.
La Justicia también investiga una denuncia por la pérdida del rastro de un pago de $ 1,5 millones, que involucraría a al menos 13 cooperativas.
En los últimos días desde el gobierno jujeño calificaron esos montos desaparecidos como apenas dos de los tantos pagos del Estado que quedaron en el camino por la intervención de Tupac Amaru. Incluso el propio Morales los calificó como «la punta del iceberg» de una estructura delictiva mucho más grande.
La justicia provincial también imputó anteayer a la diputada provincial por el Frente Unidos y Organizados (FUyO) Mabel Balconte y la concejal de la localidad de San Pedro Marcia Sagardía, del mismo partido. Las dos, junto a Nieva, fueron señaladas como figuras clave según los cooperativistas que denunciaron ante la Justicia cómo la Tupac y los funcionarios trabajaban en conjunto para manipular el dinero estatal y distribuirlo discrecionalmente.
Quiénes son los dos acusados
Pablo Tolosa
Vocal del IVUJ
Lo detuvieron en la localidad jujeña de San Pedro. Está acusado de ser uno de los que autorizó pagos para obras que nunca se concretaron
Marta Gutiérrez
Jefa administrativa del IVUJ
Al igual que Tolosa, está acusada de cometer fraude al Estado, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
fuente LA NACIÓN
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