«Soy muy joven para jubilarme», le contestó Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación. Germán Garavano, el ministro de Justicia que decenas de veces le reclamó que diera «un paso al costado» se había tirado un lance: «¿Es cierto que piensa tomarse licencia?», le preguntó.
El diálogo se produjo el jueves pasado y esta vez, en su segundo encuentro cara a cara, Gils Carbó era visitante. Almorzaban en el piso 11 del Ministerio de Justicia. Fue una reunión tensa, discreta, de pollo con verduras y agua mineral. Garavano la había invitado para hablar de los planes de reformas legales que prepara el ministerio, incluido el proyecto de modificación del Código Procesal Penal que instaurará el sistema acusatorio. El Congreso ya sancionó un nuevo código durante el kirchnerismo, que debía empezar a regir en marzo, pero en diciembre un decreto presidencial lo suspendió. Ahora, Garavano trabaja en modificaciones que incluyen poner límites al rol del procurador general, que gana poder en un sistema acusatorio.
El nuevo procurador tendrá un plazo de duración en el cargo (probablemente cinco años) y habrá por debajo suyo una serie de fiscales generales por temas que absorberán buena parte de sus funciones, según lo que planean. «Estamos estudiando ésa y otras limitaciones», dijo a LA NACION una fuente que trabaja en los proyectos. Entre ellos, que cuando un fiscal tuvo acuerdo del Senado para cumplir funciones en un determinado lugar, no pueda ser trasladado por el procurador a otro (algo que sí hizo Gils Carbó). También están buscando -informaron- la forma de fijar «criterios de actuación claros» y de evitar cualquier variante de «instrucciones particulares», para garantizarse que el procurador no pueda indicarles a los fiscales cómo actuar en una causa determinada.
En el Ministerio de Justicia siguen diciendo, sin embargo, que el Gobierno no pondrá en marcha el sistema acusatorio mientras Gils Carbó siga siendo la procuradora. Sostienen que es necesario un procurador «con consenso» para llevar adelante semejante reforma y señalan que ella tuvo responsabilidad en el Código ya sancionado, que consideran peligroso e inaplicable.
Lo que no tiene resuelto el macrismo es cómo lograr que Gils Carbó deje el cargo. La ley establece que para echarla es necesario un juicio político. La primera estrategia fue exigirle la renuncia por los medios y amenazarla con la posibilidad de echarla o limitarle su poder por decreto. No funcionó y el Gobierno ya había tenido suficientes críticas con la decisión de recurrir a un decreto para nombrar a dos jueces de la Corte «en comisión». Además, las dos partes saben que si la echan sin jury, ella tendría muchas posibilidades de ser repuesta por la Justicia. Ella incluso ya está analizando su eventual estrategia ante tribunales internacionales.
El macrismo pasó entonces de sostener que no tenían nada que hablar con ella a tender puentes, que Gils Carbó transitó con gusto. La procuradora redujo su nivel de exposición y los discursos beligerantes que caracterizaron los primeros tiempos de Justicia Legítima. «No podemos no tener ese canal de diálogo. Hoy es la procuradora y hay muchas cosas que hay que coordinar», explicó a LA NACION un funcionario del área.
Ahora algunos apuestan a que ella acceda a irse en agosto, cuando cumpla la antigüedad en el cargo para jubilarse con el sueldo máximo. En el entorno de Gils Carbó insisten en que eso no va a pasar.
Los macristas más propensos a la resignación dicen que, de última, como llevará varios años que el sistema acusatorio esté funcionando a pleno (el plan es empezar a aplicarlo por Salta y por Tierra del Fuego) tal vez Gils Carbó se haya ido para entonces.
Otro plan que abandonó el macrismo es modificar leyes estructurales de la Justicia por medio de decretos de necesidad y urgencia. Ahora planean que todo salga por ley. «El diálogo está avanzado en el Congreso», dijo, optimista, un alto funcionario.
Bajo el gran paraguas que llaman «Justicia 2020», el Ministerio de Justicia diseñó mesas de trabajo para avanzar en una serie de proyectos de reforma que incluyen la modificación del Código Procesal Penal y de la ley orgánica del Ministerio Público, el traspaso de la Justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, la creación de un equipo de jueces federales contra el crimen organizado (posiblemente unos diez o doce juzgados con competencia en todo el país), una ley del arrepentido y otra de extinción de dominio, para favorecer el decomiso de los bienes vinculados al lavado de dinero.
La idea es que las mesas de trabajo de «Justicia 2020» incluyan representantes del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil y del mundo de la política, y que empiecen a funcionar este mes. Quienes trabajan en los proyectos dicen que no está definido todavía si se presentarán todos en simultáneo o en forma escalonada.
Alejandra Gils Carbó
Procuradora de la Nación
Fue designada por el kirchnerismo y apoyó sus políticas. Pretendió moldear una justicia cercana a la Casa Rosada.
Cargo vitalicio
Su cargo es vitalicio y fue designada con acuerdo del Senado con los votos de los dos tercios de los senadores.
Resistencia
Apenas triunfó Mauricio Macri se mantuvo firme en su cargo y dijo que no iba a renunciar porque la Constitución le da estabilidad. Pero sufrió recortes en sus facultades. Por ejemplo, perdió el control de las escuchas telefónicas.
Germán Garavano
Ministro de Justicia
Apenas asumió, reclamó que Gils Carbó diera un paso al costado. El Gobierno amenazó con echarla con un DNU
Cambio de estrategia
Ante la resistencia de la funcionaria, Garavano bajó el tono y se reunió con ella para explicarle la posición del Gobierno. No hubo decreto, pero sí habrá una ley.
Recortes en su mandato
El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso prevé ponerle un límite a la duración del mandato de la procuradora. El Gobierno pretende con ello que deje su cargo.
fuente LA NACIÓN
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