La Corte Suprema de Justicia se hizo cargo de las escuchas telefónicas: ayer firmó el convenio de traspaso con la Procuración General y nombró al camarista federal Martín Irurzun como titular de la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC).

Tal como la nacion había adelantado la semana pasada, ayer, a las 18, luego de firmar una acordada con sus colegas, el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, suscribió el acta de traspaso con la titular del hasta ahora llamado Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones, Cristina Caamaño, que concurrió al Palacio de Justicia.
La nueva Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial -según la acordada que se suscribió por unanimidad- será autónoma respecto de la Corte, que anualmente la someterá a una auditoría, y una de sus primeras tareas será la de evaluar el personal que trabajaba con Caamaño, para ver si sigue permaneciendo en el organismo.

Y para garantizar la independencia de los otros poderes del Estado, si bien el alto tribunal le solicitará al Poder Ejecutivo el traspaso del edificio de avenida de los Incas 3834 -donde se realizan las tareas de escuchas telefónicas-, se deja en claro que todo el nuevo personal será contratado dentro del Poder Judicial y que el organismo tendrá presupuesto propio.
Junto con Irurzun, como subdirector trabajará Javier Leal de Ibarra, magistrado de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que, hace muchos años, también fue secretario de la Corte. Y todos los años esas tareas rotarán entre otros camaristas federales.

Así, de ahora en más, todas las escuchas que ordenen los jueces pasarán por manos de la nueva Dirección de Captación de Comunicaciones, que deberá custodiar el secreto de esos trabajos. Pero, además, hay algunos párrafos dedicados al delito organizado: la Corte dice que el nuevo organismo podrá solicitar la colaboración de otros magistrados. De esta forma, la Corte busca cumplir con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256
2015, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de diciembre último, por el cual transfirió las interceptaciones telefónicas al máximo tribunal.

En efecto, la Corte Suprema se hace cargo del organismo, pero, a la vez, le da autonomía y coloca al frente de éste a jueces inferiores, eso sí, en los que confía. Se trata de todo un mecanismo para evitar sufrir de primera mano los dolores de cabeza que suelen traer estos trabajos de inteligencia y que tantas especulaciones políticas generaron durante los últimos gobiernos.

Durante décadas, las escuchas telefónicas estuvieron a cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como la “Ojota”, a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Pero luego de la pelea entre la presidenta Cristina Kirchner y Jaime Stiuso, que había sido el espía preferido de su marido, Néstor Kirchner, y luego de la amplia reforma a la vieja Secretaría de Inteligencia, transformada en la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), las escuchas pasaron a manos de la Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó.

Sin embargo, Macri no se quedó conforme y desconfía plenamente de esta funcionaria. Desde un primer momento, el Presidente criticó a esa funcionaria como una “fiscal militante” del kirchnerismo y, para debilitarla, a fin de año, mediante el citado decreto, dispuso el traspaso del control de las escuchas a la Corte Suprema, que ayer, como lo preveía ese decreto, dictó el reglamento de la DCC y definió al nuevo director a cargo de ésta.

 

fuente LA NACIÓN

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