El ex responsable de la Unidad de Información Financiera durante el kirchnerismo (UIF) José Sbattella fue procesado por haber divulgado en los diarios en 2010 que investigaba si en dos joyerías porteñas se realizaron operaciones vinculadas al lavado de dinero.

Quien lo procesó es el juez federal Luis Rodríguez, luego de que otro colega suyo y un fiscal habían entendido que los comunicados de prensa que ordenó hacer Sbattella no alcanzaban para procesarlo por violación de secretos. Pero la Cámara revocó esa decisión y ahora fue el juez federal Luis Rodríguez el que lo procesó.
Entendió Rodríguez que Sbattella sería autor del delito de “violación de secretos” y le impuso un embargo de 5000 pesos, a raíz de la difusión de información que, según el magistrado, era de carácter reservada en virtud del artículo 2 de la ley 25.246, que dio origen al ente.

“Sbattella, como presidente del organismo creado por la ley 25.246, se encontraba obligado a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia”, expuso el juez en su fallo.

Rodríguez sostuvo que el supuesto delito se perpetró “a través de la expedición de comunicados de prensa confeccionados por orden suya y que fueron publicados en el sitio web del organismo o bien que fueron mencionados en artículos periodísticos”.

En 2010, trascendió a la prensa que el juez federal Ariel Lijo había ordenado que efectivos de la Gendarmería allanaran las joyerías porteñas Ricciardi y Paul Baker, en la avenida Alvear al 1500 y 1600, respectivamente, por sospechas de lavado de dinero de activos de origen delictivo.
Sbattella había pedido los allanamientos y luego los comunicó a los medios de comunicación. Argumentó ante la Justicia que era necesario hacer conocer la investigación porque “la publicación de las sanciones es precisamente parte misma del mecanismo sancionador” y pretenden “que se corrija la conducta en lo sucesivo y como mecanismo para que la efectividad del sistema llegue a todos los obligados”.

Añadió que “es menester que ese universo de personas conozca que las conductas que no se ajusten a los parámetros legales serán objeto de igual tratamiento”.

“También -amplió el ex funcionario- es una forma de control del poder que ejerce la administración: la publicidad de los actos es imprescindible también desde este ángulo de mira. Por lo demás, es también una exigencia normativa internacional” y “una práctica constante en las entidades similares de otras partes del mundo”.

Sin embargo, el juez determinó que “la publicación de la información [que había aportado Sbattella] no constituía una herramienta para lograr un mayor compromiso en el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos mencionados por la ley”, sino que “implicó lisa y llanamente la revelación de las tareas que se encontraban realizando el organismo y la Justicia en relación a posibles casos de lavado”.

Nisman: nuevo testimonio

El ex agente de inteligencia Carlos “Moro” Rodríguez, quien conectó al fallecido fiscal de la unidad AMIA, Alberto Nisman, con el técnico informático Diego Lagomarsino, declaró ayer ante la Justicia como testigo en la causa en que se investiga la muerte del fiscal.

Rodríguez estaba viviendo en el extranjero cuando se supo que fue él quien le enseñó a disparar a Lagomarsino, el empleado de Nisman que le acercó el arma con la que finalmente murió el fiscal. La Justicia tomó declaración de Rodríguez y sumó un nuevo testimonio en la causa por la extraña muerte del fiscal que investigaba el atentado terrorista contra la AMIA, ocurrida en 1994.

fuente LA NACION

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