La Justicia le abrió ayer la puerta al Gobierno para que sea un actor de peso en causas en las que se investiga al ex vicepresidente Amado Boudou y a su ex protegida Katya Daura, entonces presidenta de la Casa de Moneda.

Es que ayer el juez federal Ariel Lijo le reconoció el carácter de querellante a la Oficina Anticorrupción (OA) en el caso de la ex Ciccone, en la que se investiga la contratación de una consultora en Formosa para refinanciar la deuda pública y en la que se investiga a Daura por enriquecimiento ilícito.
Laura Alonso, que está a cargo de la OA en el gobierno de Mauricio Macri, podrá ahora ser parte en esos expedientes para acceder de primera mano a lo que allí ocurra, pero también podrá pedir medidas de prueba y -lo más importante- apelar resoluciones que dicte el juez y que no comparta.

En el caso Ciccone, Boudou está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles. El caso de Formosa es una derivación: allí se investiga el contrato que The Old Fund firmó con la provincia para asesorarla en la reestructuración de su deuda. Cobró jugosos honorarios que se sospecha quedaron en parte en manos de los funcionarios que debían autorizar la operación.
En una tercera resolución, Lijo aceptó además a la OA como querellante en la causa por enriquecimiento ilícito para otros funcionarios K, como Daura, quien quedó a cargo del manejo de la ex Ciccone cuando se estatizó.

“Teniendo en cuenta que la presentación formulada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se ajusta a las prescripciones del Capítulo IV del Título IV del Código Procesal Penal de la Nación, téngase a ese organismo por parte querellante”, dicen las tres resoluciones firmadas por Lijo.
Se toma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso contra Armando Gostanian, titular de la Casa de Moneda durante el menemismo.

Allí el máximo tribunal estableció que “el bien jurídico protegido es la administración pública, por lo que parece legítimo que el Estado avance contra el supuesto autor acciones penales y civiles, y por lo tanto lejos de actuar como órgano jurisdiccional se constituya parte del proceso”.

En el caso Ciccone, Lijo está por enviar a Boudou a juicio. Ya le solicitó al fiscal Jorge Di Lello que avance con el asunto, pero el funcionario le pidió que antes resuelva la situación procesal del ex titular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación Ricardo Echegaray.

El asunto es delicado porque Lijo entendió que no hay razones para avanzar contra Echegaray en el caso Ciccone. Es más, en su fallo de fondo sobre el caso, dijo que el ex funcionario fue quien advirtió la maniobra.

Pero Di Lello entiende que es sospechoso y que debe ser procesado. Echegaray ya se presentó espontáneamente en la causa y aspira a ser sobreseído. En ese caso el fiscal puede apelar y ahora también la OA, pues se le reconoció el carácter de querellante.

De todos modos el asunto creará controversias y se supone que tanto Boudou como el resto de los acusados se opondrán a esta decisión del juez Lijo, lo que preanuncia una catarata de recursos de apelación que hará que el tema ascienda hasta que sea resuelto por la Cámara de Casación. Pasará mucho tiempo.

Boudou ya está enviado a juicio en la causa por falsificación de papeles de un auto en medio de un pleito por un vehículo y fue procesado la semana pasada por el delito de dádivas, por haber viajado gratis a Necochea en helicópteros de empresas privadas.

 

fuente LA NACIÓN

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