Un fallo judicial reactivó ayer la causa en la que se investiga el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 con plata de la mafia de los medicamentos. Esto permitirá que el principal recaudador de fondos para esa elección, Héctor Capaccioli, sea indagado por lavar dinero.

Capaccioli era investigado por el juez Norberto Oyarbide, quien en una medida inusitada lo sobreseyó cuando ya no tenía la causa en sus manos. La Cámara Federal, alarmada, anuló ese sobreseimiento en 2014 y denunció a Oyarbide al Consejo de la Magistratura. Ahora la Cámara de Casación confirmó ese fallo, dejó viva la causa y permitió que el juez Ariel Lijo, que heredó la investigación, cite a indagatoria a Capacciolli por lavado de dinero el mes que viene a más tardar.
Lo que se investiga es el blanqueo de fondos ilícitos, que provenían de estafas con medicamentos, introduciéndolos como aportes para la campaña electoral 2007, que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner. Además de Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, están investigados el ex director de la Lotería Nacional Hernán Diez, y Sebastián Gramajo, ex gerente de la Anses, a cargo de la recaudación para la campaña kirchnerista.

Oyarbide les dictó primero la falta de mérito el 18 de abril de 2013, cuando desde hacía un año ya le habían sacado el expediente porque debía investigarlo su colega Lijo. Y luego los sobreseyó. Es decir falló dos veces en una causa que ya no tenía en sus manos.
Pero los jueces de la Cámara Federal Horacio Cattani, Martín Irurzun y Carlos Farah, que ya le habían llamado la atención a Oyarbide nueve veces durante la investigación de la mafia de los medicamentos, declararon “inexistente e ineficaz” su fallo, lo anularon y le sacaron la causa de los remedios.

La defensa de Capaccioli apeló esa decisión por una cuestión menor, y la Cámara de Casación ahora confirmó el fallo.
Lijo tiene un peritaje de la Corte que sostiene que tres droguerías que aportaron fondos para la campaña no pueden justificar de dónde proviene ese dinero. Una es Sanford Salud, de Solange Bellone, la esposa de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez por sus negocios con la efedrina y los carteles mexicanos de la droga. La empresa aportó $ 200.000 a la campaña. Otro es Multipharma, de Carlos Torres, procesado por la mafia de los medicamentos, y aportó $ 376.000. El tercero es Global Pharmacy, de Gabriel Brito, procesado con $ 310.000. Seacamp aportó cuatro cheques de $ 50.000 cada uno, números 05371377, 05371378, 05371379 y 05371380 recibidos el 29 de octubre de 2007. Los que secuestró la Justicia están firmados en el dorso por el responsable político del Frente para la Victoria y tienen el sello de cobro del Banco Nación.

En el caso de Multipharma, el peritaje registra dos aportes, uno por $ 310.000 pesos, del 19 de octubre de 2007, efectuado mediante un cheque N° 720 del Banco Santander Río, y otro por $ 66.000 del 28 de diciembre de ese año.

Brito aseguró que Global Pharmacy SA nunca aportó los cuatro cheques. Dijo que el FPV usó esos cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier). Brito aseguró que había sido forzado a firmar ante una escribana que había entregado voluntariamente los cheques y apuntó a Capaccioli.

El fallo de ayer estaba desde 2014 en la Sala I de la Cámara de Casación, que era ocupada por dos jueces subrogantes afines al kirchnerismo en los últimos meses. Apartados ellos, ayer los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, por la mayoría, votaron para convalidar el fallo de la Cámara Federal y la denuncia contra Oyarbide, y la jueza Ana María Figueroa en disidencia.

 

fuente LA NACIÓN

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