El Gobierno decidió darle un tono más político a la reforma política y electoral que desde hace varias semanas debate con otros espacios.

Aunque el eje de la discusión sigue siendo su propuesta de reemplazar el sistema de votación de boletas de papel por uno más transparente y la simplificación del calendario electoral, el macrismo planteó ayer la prohibición de las cadenas nacionales durante las campañas electorales, la limitación de las reelecciones provinciales, la obligatoriedad de los debates presidenciales y una ley de transición entre gobiernos que, entre otros puntos, limitaría los nombramientos a último momento y pondría fin a las situaciones como las que se vivieron en el fallido traspaso de mando entre Cristina Kirchner y el presidente Mauricio Macri.
El macrismo postuló los nuevos ejes de discusión durante un encuentro en la Casa Rosada del que participaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Asuntos Políticos de esa cartera, Adrián Pérez; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Ricardo Dalla Vía y su vice, Santiago Corcuera, y jueces electorales de todo el país.

Según indicaron desde Interior a LA NACION, las nuevas propuestas tuvieron buena recepción y se avanzará en su debate en los próximos meses. Sin embargo, la prioridad sigue siendo la supresión del sistema de votación actual y los debates centrales se darán en esa dirección.
Los invitados estuvieron primero reunidos con Pérez y después se sumaron Frigerio y Garavano. A pesar del balance positivo, según pudo saber este diario hubo un punto donde el consenso aún está lejos: la autoridad de aplicación de los procesos electorales.

En la reunión los jueces plantearon la necesidad de analizar si realmente se quiere reemplazar a la Dirección Nacional Electoral -que en el último proceso electoral estuvo comandada por Alejandro Tullio- por otro ente autónomo. Según afirmaron los magistrados, larelación con el organismo no es mala y su trabajo el año pasado transmitió comodidad.
Además, señalaron que la creación de una nueva autoridad en el mismo momento en el que se quieren aplicar el resto de los cambios podría resultar contraproducente por la complejidad y los tiempos naturales que requiere poner en funcionamiento un nuevo organismo de esas características.

Este punto de la reforma será eje de algunos de los debates más fuertes que atravesará la iniciativa, pues además de la cautela que transmitieron ayer los jueces, el kirchnerismo -con fuerte presencia en ambas cámaras del Congreso- ya planteó su rechazo de entrada a la existencia de un nuevo organismo. La misma postura tendrá ante la supresión del sistema de boletas de papel.

El entorno de Pérez afirmó ayer que es probable que se discutan y apliquen primero otras reformas que ya cuentan con cierto apoyo y que recién después se trate de poner en práctica al nuevo organismo. En ese caso, si para las elecciones legislativas del año que viene ya se aprobó la reforma y se está en condiciones de aplicar el nuevo sistema de votación -que el Gobierno considera “seguro”- la autoridad que lo aplique seguirá siendo la Dirección Nacional Electoral.

Por otra parte, algunos magistrados señalaron la necesidad de que “no se privaticen las elecciones” cuando se ponga en práctica, previo acuerdo en el Congreso, la BUE -el mismo sistema que se usó en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos comicios a jefe de Gobierno y que estuvo a cargo de la empresa privada Grupo MSA-. Según los invitados, el Estado debe tener un control exhaustivo sobre qué tipo de tecnología y software se usarán.

La reunión se extendió por más de dos horas y tuvo que haber un cuarto intermedio. No es que la discusión haya subido el tono, sino que el aire acondicionado no funcionaba y los jueces, hombres que rara vez se quitan el saco, necesitaban respirar.

 

fuente LA NACIÓN

Comments

comments