Un clima de máxima preocupación se palpaba ayer en la Casa Rosada. Sergio Massa, diputado y líder del Frente Renovador, podría convertirse hoy en el verdugo del Gobierno si, fracasadas todas las negociaciones de última hora, se decide a rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual el presidente Mauricio Macri derogó la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias que actualmente retiene la Anses.
Al cierre de esta edición, el bloque del Frente Renovador mantenía una reunión para definir la postura que llevará hoy a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde se discutirá el tema. Los miembros del kirchnerismo ya anticiparon que votarán en contra del decreto derogatorio de Macri; si a ellos se suma el diputado Raúl Pérez, el representante del massismo en la comisión bicameral, el dictamen de mayoría será de rechazo. Un hecho que sería inédito en el Congreso y de fuerte impacto negativo para el Gobierno.
El presidente Macri dictó el DNU derogatorio el mes pasado con el propósito de evitar el colapso del sistema previsional por falta de financiamiento, explicaron en el Gobierno. De esta manera, dejó sin efecto el polémico decreto que, días antes de abandonar el poder, había dictado la ex presidenta Cristina Kirchner y que ordenaba el cese de la detracción del 15 por ciento de los fondos coparticipables a las provincias. Esta detracción data desde 1992 como consecuencia de un pacto entre la Nación y las provincias para financiar al Anses frente a la entrada en vigencia del sistema privado de jubilaciones. Pese a que este régimen se eliminó en 2008, el gobierno kirchnerista se negó a restituir los fondos coparticipables que les retenía a las provincias. Recién a último momento, y cuando debió cederle el poder a su sucesor y adversario político, emitió el polémico decreto.
En su fuero íntimo, Massa está en contra del decreto derogatorio de Macri. «La bandera del federalismo fue nuestra durante toda la campaña. No la podemos arriar ahora», se le escuchó decir en su entorno más cercano. Esta postura provocó que la semana pasada la Comisión Bicameral postergara por una semana el tratamiento de este tema; el oficialismo buscaba tiempo para negociar con el líder del Frente Renovador.
Las conversaciones no avanzaron demasiado con el correr de los días. De hecho, el diputado Pérez anticipó ayer que el decreto del Gobierno es, a priori, «muy negativo para las economías, las provincias que representamos, especialmente para la provincia de Buenos Aires». Por esa razón, confesó, el Frente Renovador se halla «en una posición muy difícil de acompañar».
Más tarde, encumbradas fuentes del bloque massista salieron a relativizar los dichos de Pérez. «No está nada definido aún. Lo vamos a conversar esta noche con Massa (por anoche). Evaluamos alternativas, no queremos ponerle palos en la rueda al Gobierno», dijo a LA NACIÓN una destacada voz de la bancada.
Tensión oficial
Ante la falta de garantías del massismo, en la Casa Rosada se respiraba ayer un clima de máxima tensión. La devolución del 15 por ciento de la coparticipación a las provincias significará, lisa y llanamente, desfinanciar el Anses, advertían.
«Los gobernadores ya entendieron que el Gobierno no puede devolverles hoy los fondos coparticipables que les retiene la Anses. No entendemos por qué Massa se pondría en una posición más intransigente que los propios gobernadores», mascullaba ayer una importante fuente de Cambiemos.
La única buena noticia que recibía anoche el oficialismo es que el senador Adolfo Rodríguez Saá, integrante de la Comisión Bicameral, finalmente se inclinaría en favor de derogar el decreto de Cristina Kirchner. «Con el Adolfo está todo bien», se aliviaban ayer en la Casa Rosada.
Si Massa finalmente no acompaña al Gobierno, quedará una última instancia de ventaja para el oficialismo: el recinto. En efecto, de acuerdo a la ley que regula el uso de los DNU -sancionado durante el gobierno de Néstor Kirchner-, un decreto sólo pierde vigencia cuando ambas cámaras del Congreso lo rechazan formalmente. Si el kirchnerismo logra el dictamen de rechazo en la reunión de hoy de la Comisión Bicameral, debería luego conseguir mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para que el decreto quede derogado.
Si bien esta instancia no sería sencilla para la oposición, el dictamen contra el Gobierno pendería como una espada de Damocles sobre el oficialismo hasta que se resuelva la cuestión de fondo, un nuevo régimen coparticipable entre la Nación y las provincias.
El Gobierno ya advirtió que no está en condiciones de afrontar la devolución de los fondos coparticipables a las provincias y, por eso, evalúa distintas alternativas para compensarlas por los recursos que no reciben.
Un camino que evalúa es la de descentralizar en los distritos el manejo y la administración de obras públicas y de programas sociales, tal como lo adelantó ayer LA NACIÓN. Las provincias, ahogadas por el déficit y la parálisis de las obras públicas, exigen más. Las negociaciones están al rojo vivo.
Alineamiento de Macri con Estados Unidos
El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que está «alineado con Estados Unidos en defensa de los derechos humanos en la región» y confió que «es difícil» modificar la fecha de la visita de su par norteamericano, Barack Obama, prevista para el 23 y 24 de marzo en coincidencia con el 40 aniversario del último golpe militar.
«Puso (Obama) una fecha y es difícil moverla», estimó Macri y señaló que «no está definida la agenda todavía» ante la consulta de la agencia internacional AFP respecto a una eventual recorrida de ambos mandatarios por la ex Esma, que generó el rechazo de los organismos de derechos humanos.
Ayer, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que dirige Hebe de Bonafini, manifestó su repudio hacia «la invasión de (Barack) Obama en Argentina», y calificó la visita como «una cachetada a la historia».
fuente LA NACIÓN
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