El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.
Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.
Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.
La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.
Rafecas, sin embargo, se adelantó a la Casación -dos instancias por encima de él-, evitó ordenar el peritaje que pidió Stornelli y se declaró incompetente. Es decir, un camino que ya adoptó -o intentó hacerlo- en otros expedientes sensibles que pasaron por sus manos durante los últimos años. Entre otros, el de Papel Prensa y la denuncia contra la ex presidenta del fallecido fiscal federal de la Unidad AMIA, Alberto Nisman.
Asociación ilícita
Según Rafecas, su colega Ercolini es el juez que en realidad debe investigar la operatoria hotelera de los Kirchner con diversos empresarios, ya que en su juzgado se radicó en 2008 la denuncia de Elisa Carrió por presunta asociación ilícita, a la que se sumaron denuncias complementarias de la Coalición Cívica durante los años posteriores.
«No sólo hay una notoria y evidente identidad en las personas que se encuentran denunciadas en una y otra causa -de un lado, los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López; y del otro, al menos, Néstor y Cristina Kirchner-«, indicó Rafecas al desprenderse de ese tramo del expediente, sino que también varias empresas y firmas denunciadas en la causa Hotesur, afirmó, ya figuraban en la pesquisa de Ercolini. Entre otras, Austral Construcciones, y Kank y Costilla, de Báez, y M&S, de López.
Esa investigación iniciada en 2008 a la que alude Rafecas, sin embargo, se encuentra desmembrada y, en ciertos tramos -sobre Relats o sobre López y el juego-, ya archivada, y no se ahondó sobre la operatoria de Hotesur. Es decir que en la causa de Ercolini no se abordaron los hechos que aparecen denunciados en la de Rafecas ni abarca las mismas fechas.
Para Rafecas, no obstante, la cuestión temporal no debería resultar una limitante «pues resulta a todas luces evidente que se trata de un suceso único en el tiempo». Más relevante para él, la investigación en manos de Ercolini y la que él quiere enviarle muestran, argumentó, una «plena identidad no sólo de los presuntos sujetos activos, sino también de los hechos denunciados, en sus condiciones de modo, tiempo y lugar, con relación a una causa como la del Juzgado Federal N° 10 [por el de Ercolini], que cuenta además con una hipótesis delictiva más abarcativa y de mayor envergadura».
Carrió tampoco quedó satisfecha con la labor de Ercolini en la causa por presunta asociación ilícita. En diciembre de 2014 pidió al Consejo de la Magistratura su remoción por «mal desempeño», tras considerar que había cometido una «negligencia grave en el ejercicio de su cargo» por, al menos, «cajonear» y «desmembrar» esa pesquisa durante seis años, lo que «impidió el arribo a la verdad y garantizando impunidad a los imputados», sostuvo.
«En consecuencia, si en la actualidad ninguno de ellos resultó siquiera indagado, es porque hubo una deliberada voluntad del magistrado que lleva la causa de garantizarles impunidad», aseguró.
Sobre los tres tramos que Rafecas sí decidió retener en su juzgado de los tribunales federales de Comodoro Py, en tanto, el magistrado tomó varias decisiones.
Así, al abordar las presuntas irregularidades detectadas en la IGJ, Rafecas le pidió ahora al fiscal Stornelli que fije su posición sobre los pasos y medidas pendientes, en tanto que al analizar las presuntas inconsistencias observadas en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta tomó varias medidas de prueba. Entre ellas, requirió informes al Registro de la Propiedad Inmueble santacruceño y a la AFIP sobre la sucesión de Néstor Kirchner, algunas de las cuales el equipo de la denunciante, Margarita Stolbizer, indicaba anoche que en realidad ya se encuentran incorporadas al expediente penal.
Dos jueces para una pesquisa
Daniel Rafecas
Juez Federal
Le envió a Ercolini el tramo del expediente centrado en las operaciones comerciales del Alto Calafate con Lázaro Báez y Cristóbal López
Julián Ercolini
Juez Federal
Ahora debe decidir si acepta el tramo que le envió Rafecas o lo rechaza; en ese caso, la Cámara Federal porteña definirá qué hacer
fuente LA NACIÓN