Más allá de las diferencias internas, y después de un debate caliente, gobernadores del PJ y legisladores del Frente para la Victoria y del peronismo «rebelde» cerraron filas y acordaron una postura unificada que tensa la relación con la Casa Rosada: rechazan el decreto que firmó Mauricio Macri para devolver el 15% de los fondos coparticipables a las provincias en un plazo de cinco años y condicionan el apoyo parlamentario al Gobierno a leyes clave, como las necesarias para resolver el conflicto con los fondos buitre.
Alrededor de la mesa oval del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los jefes territoriales del interior, diputados y senadores unieron fuerzas para exigir una solución más «rápida» y solicitaron una audiencia con el Presidente. El peronismo decidió doblar la apuesta en un momento estratégico. Sin mayoría propia en el Congreso, el Gobierno está forzado a tejer una alianza con la meta de aprobar un paquete de leyes destinado a cerrar el litigio con los holdouts antes del 14 de abril, fecha requerida por la justicia neoyorquina para validar el acuerdo.
Aunque la posibilidad de dar luz verde a Macri para endeudarse abre grietas entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo duro, ni siquiera los referentes que apuestan a esta vía para acceder a financiamiento lo harán sin contrapartida. La llaman «agenda de gobernabilidad» y los alcances los explicitó más de una vez el jefe de la bancada de senadores, Miguel Pichetto .
«Esto es una negociación global. Nuestro objetivo es garantizar la gobernabilidad en cada uno de los distritos y también para el gobierno nacional», dijo a LA NACION el gobernador Gustavo Bordet, de Entre Ríos, uno de los que apuestan a la salida del default, pero sin resignar el reclamo por la coparticipación en el que se embanderaron halcones y palomas: desde Juan Urtubey, que aparece como más amigable para Pro, hasta Alicia Kirchner, la más dura.
Ayer asistió el elenco estable de mandatarios (entre ellos, Domingo Peppo, Juan Manzur, Gildo Insfrán, Sergio Casas, Carlos Verna, Claudia Ledesma), y como dato saliente se sumaron espadas legislativas de distintas tribus: los senadores Juan Manuel Abal Medina, José Mayans, Gerardo Zamora y José Alperovich; los diputados José Luis Gioja, del FPV, y Diego Bossio, del disidente bloque Justicialista. «¿Por qué no está Recalde?», bramó Alicia, al notar la ausencia del jefe del bloque de diputados, al que convocaron de urgencia. Los cruces con la santacruceña ya son un clásico: ayer se trenzó con Insfrán («éste es mi ánimo», la cortó él, cuando ella le pidió mejores formas), Pichetto («basta de pancartas y pelotudeces», sobre la actitud de los legisladores K) y un desencajado Zamora («a vos te respeto, pero a los que nos hicieron perder no»).
¿Qué dice el decreto 406/2016 firmado hace una semana? Crea el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, cuya misión es proponer para el último trimestre del año un plan para devolver en forma escalonada el 15% que se descuenta a las jurisdicciones de la masa de impuestos coparticipables para financiar la seguridad social.
La principal queja es que extiende hasta 2021 la eliminación total de la detracción, mientras que las tres provincias beneficiadas por el fallo de la Corte (Santa Fe, San Luis y Córdoba) perciben hoy el total. El otro punto cuestionado es que al adherir al decreto, dicen, deben renunciar al camino judicial, una opción transitada por varias provincias. En modo preventivo y como herramienta de presión, el pampeano Verna el viernes pasado elevó una presentación ante la Corte.
El decreto de la discordia fue concebido por el Gobierno como una salida para destrabar el trámite legislativo de un anterior DNU de Macri suscripto para anulación de otro de Cristina Kirchner, antes de dejar el poder, en el que ampliaba el beneficio a todos los distritos y jaqueaba las cuentas de su sucesor. Sólo se consensuó con Sergio Massa, aliado táctico que se resistía a avalar el primer decreto presidencial. Ése es el mensaje que se buscó transmitir ayer: si quieren gobernabilidad, hablen con el PJ, no llamen a Tigre.
El pliego de los caciques no termina en la devolución del 15%: exigen el 1,9% que le quitan para destinar a la AFIP y van por el retroactivo a partir de 2006. «Sabemos que no lo puede pagar todo ahora, pero a la Capital le subió el coeficiente por decreto y a la provincia de Buenos Aires le transfiere lo que hace falta», reconoció un funcionario provincial. Hoy siguen las citas: se congregan fiscales de Estado para abordar alternativas.
En un comunicado, dedicaron un párrafo para criticar el discurso en la Asamblea Legislativa: «Demostró que no tiene una visión federal del país». Nada dijeron de la durísima descripción de la herencia de la gestión que acompañaron durante doce años.
fuente LA NACIÓN
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