La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzó ayer otro paso contra Cristóbal López, su socio Fabián de Sousa y el Grupo Indalo, que ambos controlan. Comunicó que a partir de ahora las petroleras ya no podrán endeudarse por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) ni acogerse a nuevos planes de facilidades de pago para devolver lo que adeuden por ese tributo.

La decisión de la AFIP resultó, en la práctica, un candado a medida para la petrolera de López y De Sousa, Oil Combustibles, ya que es la única petrolera grande que opera en el país que adeuda pagos por el ITC, según reveló LA NACION el domingo pasado.
La AFIP volvió así sobre sus pasos, ya que semanas atrás había incluido el ITC entre los impuestos que sí podían volcarse en el régimen permanente de facilidades de pago, y al que se sumó entonces Oil Combustibles por quinta y, ahora, última vez.
Tanto López como De Sousa consideran las medidas que adoptó el Gobierno durante los últimos días como una virtual “declaración de guerra”, en la que no descartan que la Casa Rosada busque el “colapso” del Grupo Indalo, según indicaron colaboradores directos de ambos socios a LA NACION.
Esa supuesta “guerra” entre la Casa Rosada y el Grupo Indalo implicó además el cese de las comunicaciones que, a través de emisarios, López había iniciado con Mauricio Macri durante la campaña electoral, según indicaron colaboradores directos del Presidente y del empresario.

Desde el Grupo Indalo consideran que tras el abrupto corte de los canales de diálogo el Gobierno emprendió un ataque “selectivo” contra López y De Sousa, contra los que aplican varas más rigurosas que ante otros grupos empresarios, entre los que señalan a Iecsa, de los Calcaterra, familiares directos de Macri.
“Desde el Gobierno critican que Indalo obtuvo dos planes del «artículo 32»”, planteó un vocero de Indalo, en alusión a los planes excepcionales de pago que les otorgó el anterior titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. “Pero ¿por qué no avanzan también sobre el que obtuvo Iecsa, de los Calcaterra, que tampoco parecen estar tan en problemas cuando están comprando predios, terrenos y demás”, desafió.

Desde la AFIP replican que la decisión de excluir al ITC de los planes de facilidades de pago es una forma de poner una “barrera” a los “abusos” que les adjudican a López y De Sousa con Oil Combustibles.

En esa línea, el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, denunció este lunes a la petrolera, a López y De Sousa ante la justicia en lo Penal Económico por presunta “insolvencia fiscal fraudulenta”. Presentó la denuncia 24 horas después que LA NACION reveló que el “zar del juego” y su socio se quedaron con $ 8000 millones en impuestos para financiar la expansión del Grupo Indalo, para luego acogerse a múltiples planes de pago.

“Quizá no sea ético, pero es legal -planteó ayer un interlocutor del Grupo Indalo-. Aprovechamos al límite los instrumentos de financiamiento que teníamos a disposición, en momentos en que la macroeconomía argentina y la estigmatización de Cristóbal nos impedían acceder a otras formas de financiarnos. ¡Por supuesto que hubiéramos preferido emitir obligaciones negociables al 4% de interés! Pero no nos fue posible.”

Marca personal

Pero mientras la sombra de un concurso de acreedores ronda cerca del Grupo Indalo, desde la AFIP recurren a una metáfora futbolística y sostienen que pretenden “marcar de cerca” a López y De Sousa. Y la decisión de excluir el ITC de los planes de facilidades de pago, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, sería una muestra de esa marcación más cerrada.

Según la resolución 3836/2016, la exclusión también abarca a los impuestos sobre el gas natural, el gasoil y el gas licuado. Entre las excepciones también figuran las deudas por retenciones, los aportes provisionales de monotributistas, el IVA por servicios en el exterior, entre otros.

Pero en el caso del Grupo Indalo la AFIP también evalúa pedir una serie de medidas en la investigación, que quedó en manos de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia y del fiscal Germán Bincaz.

Abad también dio luz verde a una investigación interna sobre la cadena de responsabilidades que permitió, dentro de la AFIP, que López y De Sousa acumularan una deuda de $ 8000 millones por el ITC. Uno de los nombres que comienzan a salir a la luz es el del ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) Ángel Toninelli.

Un empresario beneficiado por el kirchnerismo

Cristóbal López

Empresario

la nacion reveló esta semana que López retuvo 8000 millones de pesos en impuestos; con esos recursos financió la ampliación de su Grupo Indalo, en el que está asociado con Fabián de Sousa

Revelación y denuncia

Tras conocerse la información, la AFIP los denunció por “insolvencia fiscal fraudulenta”. Ahora dio un paso más al determinar que las petroleras ya no podrán endeudarse con impuestos retenidos, que provienen de una porción del precio de venta de los combustibles

 

fuente LA NACIÓN

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