El cartel, de arpillera y con letras desparejas, está colgado de las rejas verdosas, interpela a transeúntes y autos que circulan por la Avenida del Libertador. “Libertad a Milagro Sala”, puede leerse. Cruzando la reja aparece un sendero sembrado de árboles con otro mensaje directo: “Fuera Obama de la ESMA”. Amarrada a la terraza del emblemático edificio que alguna vez fue sede de reuniones de la jerarquía militar, flamea otra bandera con un texto sugestivo: “Basta de despidos. ATE”.
Cuatro décadas después de haber comenzado a ser el mayor centro de detención, tortura y muerte de la última dictadura militar, las 17 hectáreas que componen el edificio donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada son testigos de una batalla silenciosa.

O, si se quiere ser más preciso, la incómoda transición entre vecinos que se tratan de manera cordial, pero que apenas esconden las notables diferencias que los separan.

“Esto es como una administración de consorcio. Para todo hay que consultar y pedir permiso”, comentan con una mezcla de ironía y resignación desde la Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Claudio Avruj.

Desde el triunfo del Mauricio Macri, la nueva administración inició un proceso simultáneo de “deskirchnerización” de la ex ESMA y de acercamiento a los organismos de derechos humanos, que junto con el gobierno porteño conforman el ente tripartito que administra la veintena de edificios y los más de mil empleados que trabajan día a día en el predio.
“Cada uno de quienes estuvieron aquí durante la dictadura tiene su pedacito de historia, sus sufrimientos y sus recuerdos particulares. Por eso nadie puede tener la potestad sobre el relato de lo que aquí ocurrió”, cuenta Avruj, mientras recorre con LA NACION el sitio de memoria, donde funcionó el centro de detención y torturas, hoy convertido en museo.

De buen diálogo con Abuelas de Plaza de Mayo, que encabeza Estela de Carlotto, Avruj trabó un vínculo de “respeto” con los organismos, varios de los cuales administran sus propios edificios.

De todos ellos, hay nula relación con Hebe de Bonafini y sus Madres de Plaza de Mayo, y conflictos más directos con la agrupación Hijos, reponsables de los carteles contra la visita de Obama.

“Los roces son parte del cambio de gestión. Se convive, pero siempre decimos lo que pensamos”, afirma a LA NACION Carlos Pisoni, ex funcionario de la secretaría durante la administración anterior e integrante de Hijos, organización a la que desde la secretaría atribuyen vinculación directa con el kirchnerismo y La Cámpora.

En la secretaría califican de “gran logro” haber conseguido podar los árboles, desmalezar y desratizar luego de la autorización de los organismos.

Otro tema que los une es su rechazo a la “resistencia” del artista Andrés Zerneri, atrincherado en uno de los galpones mientras da los toques finales al monumento a la Mujer Originaria. “Ni Martín Fresneda (antecesor de Avruj) autorizó que estuviera allí”, comentan cerca de Avruj, que presentó una denuncia en contra del artista que diseñó los homenajes en bronce a Ernesto “Che” Guevara y Juana Azurduy.

Con respecto al personal, allí surgen diferencias. “Encontramos gente que no venía, otros que no tenían funciones y otros que no servían para trabajar acá”, sostuvo Avruj para justificar los 150 despedidos en los últimos tres meses de una planta total de 1300 empleados.

“Estamos preocupados por lo que pasa en la ESMA, como nos preocupan todos los despidos de este gobierno”, dijo a LA NACION el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy. “Ni ñoquis ni vagos. Trabajadores del Estado”, es la consigna que ATE distribuyó por medio de panfletos por los más de veinte edificios que componen el predio.

La renuncia de Eduardo Jozami, que dirigía el Centro Haroldo Conti, y la salida de Horacio Pietragalla, nieto restituido que conducía el Archivo Nacional de la Memoria, también trajeron consigo conflictos, que ahora bajaron en intensidad.

Las continuas amenazas de bomba (siete en tres meses) agregan tensión e incertidumbre. “Nos obligan a evacuar todo el predio, aunque intuimos que se trata de gente que sólo quiere provocar”, dicen en la secretaría.

Forman parte de una “transición agitada” allí donde el terror desde el Estado dejó marcas indelebles en la sociedad argentina.

Qué hacían los ex presidentes en 1976

De Alfonsín a Macri, en qué situación estaban en la época del último golpe

Raúl Alfonsin

En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, opositora al régimen. Fue abogado de perseguidos políticos

Carlos Menem

Era gobernador de La Rioja. La dictadura lo depuso y fue detenido. Quedó libre en 1981

Ferenando de la Rúa

Era senador cuando cayó el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Su mandato cesó con la disolución del Congreso

Adolfo Rodríguez Saá

Se desempeñaba como diputado provincial en su provincia, San Luis, hasta que el golpe puso fin a su mandato abruptamente

Eduardo Duhalde

Gobernaba Lomas de Zamora, distrito del que era intendente. Su mandato terminó con el golpe, aunque en 1983 volvió a ser elegido para el cargo

Néstor Kirchner

Estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. En julio de 1976 se recibió de abogado. Se radicó en Río Gallegos con Cristina

Cristina Kirchner

Era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. En 1976, se mudó a Río Gallegos

Mauricio Macri

Cuando el golpe derrocó a “Isabelita” tenía 17 años. Su padre ya dominaba un poderoso holding empresario

 

fuente LA NACIÓN

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