El juez federal Sebastián Casanello le pidió ayuda al gobierno de Mauricio Macri para que les reclame a Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay y Belice información que retienen desde hace dos años sobre empresas, cuentas y negocios supuestamente ligados al empresario santacruceño Lázaro Báez. Casanello ya había intentado hacer un pedido de ayuda similar a la Cancillería en tiempos de Héctor Timerman, pero sus gestiones no tuvieron resultado.
El juez envió el 11 de marzo pasado un oficio a la canciller Susana Malcorra en el que le solicita que, “en su carácter de administradora de las relaciones diplomáticas con las potencias extranjeras, procure arbitrar los medios necesarios a fin de obtener una favorable y pronta respuesta a las solicitudes de asistencia internacional libradas por el tribunal”. El juez sospecha que en esos países está la clave de las operaciones ilícitas que le permitirían indagar a Báez por lavado de dinero. Cree que por allí pasaron los 60 millones de dólares que salieron del país o que se realizaron operaciones inmobiliarias o financieras sospechosas.
Casanello le pidió ayuda a Belice el 11 de julio de 2013 para que le informara sobre la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, hijo del empresario santacruceño, constituida en ese país vía Panamá. Esa firma tenía depositados 1,5 millones de dólares en el banco suizo Lombard Odier, pero luego esa cuenta fue cerrada. Belice nunca respondió.
En Suiza, el juez pidió ayuda el 10 de julio de 2015 por última vez. Los suizos le contestaron que quieren una imputación concreta para liberar la información y descongelaron fondos de Báez en ese país. Suiza, a través del Ministerio Público de la Confederación (MPC), archivó la causa por lavado de dinero abierta en abril de 2013 contra Báez y el contador Daniel Pérez Gadín.
La clausura de la investigación en Suiza implicó un revés que ahora Casanello busca dejar atrás. La decisión de los suizos implicó el levantamiento del bloqueo y la restitución de fondos a los titulares de cuatro cuentas relacionadas con Lázaro Báez en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin, de Ginebra. Una de esas cuentas pertenecería a una fundación de la familia Báez, a la cual se le restituyeron unos 15 millones de euros.

La decisión se comunicó al gobierno argentino en enero del año pasado. Los suizos dijeron que el dinero detectado en Ginebra “provenía de fuentes externas a Suiza, concretamente de Panamá. Cerca de 22 millones de dólares procedieron de sociedades emparentadas con la familia Báez. El análisis no permite determinar si los fondos son de origen corrupto”, porque “la investigación efectuada no ha permitido establecer que los haberes depositados en Suiza en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin provienen de alguna infracción”.
La fiscalía suiza dijo entonces que el culpable de blanqueo de dinero es “aquel que ha cometido un acto que obstaculice la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de valores patrimoniales de los cuales sabía o debía presumir que provenían de un crimen”. Pero afirman que “la colaboración con las autoridades argentinas no ha permitido confirmar las sospechas”. Concluyen que al parecer “un delito previo, el acto de blanqueo de dinero, no se ha realizado” y “que no existían indicios suficientes que probaran la comisión de una infracción”.

Casanello había sido invitado a Suiza para intercambiar información con la fiscalía, pero desistió de esa posibilidad porque el Código Procesal no prevé este tipo de intercambio como el que sugerían los suizos y la Corte no habilitó la entrega de fondos. A Suiza el juez le pidió además datos sobre la firma Helvetic Group, constituida en ese país y que fue usada para comprar SGI en 2011 a Federico Elaskar. El financista dijo en un programa periodístico que movió dinero de Báez al exterior y que luego, presionado, le dejó la cueva financiera al contador de Báez, Pérez Gadín. Sin embargo, luego se desdijo de aquellas declaraciones públicas.

Los pedidos

A Panamá, Casanello le pidió ayuda el 26 de marzo de 2014. Quiere que le informen sobre la constitución de Teegan Inc y las actividades allí de Fabián Rossi, supuestamente encargado de armar allí sociedades off shore.

De Uruguay Casanello quiere información sobre las actividades financieras de Pérez Gadín, pues aparece envuelto en la compra de un campo por 15 millones de dólares. El juez quiere saber si ése fue dinero de Báez.

El juez Casanello quiere de Estados Unidos información sobre movimientos de fondos y cuentas de Báez, y de sus empresas en ese país. El último pedido se lo hizo el 13 de noviembre de 2014 y no tuvo éxito en sus averiguaciones.

Casanello quiere información sobre un centenar de cuentas supuestamente ligadas a Helvetic. Además, quiere saber si tienen cuentas e inversiones allí Báez padre e hijo, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros investigados por lavado de dinero. Casanello pidió información sobre una sociedad de California que supuestamente le envió fondos a Teegan Inc.

Si con el kirchnerismo no hubo respuesta a estos requerimientos, con el cambio de signo político es posible que los pedidos de colaboración no se agoten en el envío de un exhorto diplomático, sino en una gestión más cercana de funcionarios de alto nivel de la cancillería para permitir avanzar en estas causas que son parte de la herencia que dejó el gobierno anterior. Al menos así especulan los legisladores que, estando en la oposición, fogonearon esta causa y hoy están alineados con el gobierno de Macri.

Máximo ve una “persecución”

El diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner aseguró que su madre es víctima de una “persecución notoria” de la Justicia. “Que investiguen lo que quieran, pero la persecución es notoria. Cuando uno ve el caso de HSBC, que no va para ningún lado, o cómo se quedaron con Papel Prensa durante la dictadura sin que nadie chiste…”, opinó el legislador por Santa Cruz e hijo de la ex presidenta.

Máximo comparó la situación judicial de su madre con la crisis que vive Dilma Rousseff en Brasil por las denuncias de corrupción y dijo que no es casual que las investigaciones contra Cristina y Dilma avancen en ambos países al mismo tiempo. “Me parece bárbaro que la Justicia investigue, hasta debería investigarse a ella misma muchas veces. Pero hay una casualidad continental: Evo, Correa, Brasil y Argentina”, apuntó.

 

fuente LA NACIÓN

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