La obra pública y las constructoras de Lázaro Báez, son parte de un sistema que involucraron miles de millones de pesos durante el kirchnerismo. Aunque ahora se declaran sin “liquidez”, el empresario K y su hijo Martín, que tuvo relevancia la semana pasada por aparecer contando dólares y euros en la financiera SGI, fueron responsables de manejar importantes licitaciones de “forma irregular y con discrecionalidad”, como definen desde la Casa Rosada. Kank y Costilla, dirigida por el hijo de Báez, recibía por certificaciones de obras, un promedio semanal de $ 15 millones. Muchas actualizaciones de precios se hacían sin expedientes y para tramos de obras que nunca se finalizaron.

Santa Cruz con 243.943 km de superficie y dos rutas nacionales, fue el destino de $ 15.000 millones únicamente para obras viales. El 80% de estas licitaciones que financiaba Vialidad Nacional, fueron para las empresas de Lázaro Báez. Del total del presupuesto de obra pública nacional, el 11,6% fueron para la Provincia de los Kirchner, “por encima de Buenos Aires que se le destinó el 11%”, informaron a Clarín desde la Casa Rosada.

En este favorable escenario, el grupo Báez manejó por años, sumas millonarias. “Eran los únicos que cobraban a tiempo o por adelantado el dinero” explicó una fuente oficial y señaló que no sólo se cobró el 100% del dinero correspondiente a unas 40 obras, y sus respectivos anticipos, sino que “solo se hizo el 30% de todas esas licitaciones”. En este esquema, Kank y Costilla dirigida por Martín Báez citado a declaración indagatoria por el juez Sebastián Casanello, recibió millonarios fondos para obras que nunca finalizó.

En las oficinas del Distrito 23 de Vialidad nacional con asiento en Santa Cruz, Martín fue contundente “Vialidad nos cortó los pagos y no podemos pagarle a la gente” y así justificó el masivo despido que realizó junto con su padre. Su empresa, sin embargo, fue una gran favorecida por un sistema sin controles que le facilitó el manejo de licitaciones y fondos.

Para que esto ocurra, fue clave el rol del ex director de la sede de Vialidad en el sur, Mauricio Colladera, un hombre del entorno de los Báez. “Martín arreglaba con él las certificaciones directamente y salían antes, mucho se hacía sin registros en el sistema de Mesa de entrada y se le adjudicaban pagos con premura”, especificaron a Clarín fuentes oficiales.

El mecanismo implementado distribuía semanalmente las certificaciones a favor de Lázaro y Martín Báez: Una semana salían por días tres a cuatro certificaciones de obras para Austral Construcciones (empresa madre del grupo), a la siguiente semana, la misma cantidad para Kank y Costilla, y después para Loscalzo y del Curto, constructora en la que también está Martín Báez.

Ninguna de las certificaciones se firmaban por menos de un millón de pesos, lo que arroja un promedio semanal de $ 15 millones en certificaciones para tramos de caminos en zonas con poca transitabilidad y para obras que nunca se concluyeron: Circunvalación Caleta — Comodoro (obra que se licitó por $ 125 millones y terminó cobrándose por $ 800 millones); tramos de ruta que iban a El Calafate, para citar ejemplos.

Las cifras fueron elevadas años tras año. Kank y Costilla recibió en seis meses, durante 2015, $ 300 millones en licitaciones. La firma ganó la licitación 50/14 por $ 216.489.537 para pavimentar cien cuadras en Río Gallegos, denunciada por la UCR por costar cada cuadra más de $ 2 millones. Colladera le adjudicó después, la colocación de 81 postes SOS sobre las rutas 3 y 40 por $8.475.383,55. Esta obra la dejó inconclusa Lázaro en 2006. En Piedra Buena, le dieron tres licitaciones en un mismo día por $ 4.466.068,64.

El 21 abril Martín deberá declarar ante el juez y explicar el origen de los dólares que contaba junto a Daniel Pérez Gadín, en La Rosadita el 2 de noviembre de 2012, cuando fue y vino de Río Gallegos en el avión privado de su padre. Cada vez con menos blindaje judicial.

 

fuente CLARÍN

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