La red de protección que el kirchnerismo tendió en torno al empresario Lázaro Báez se tradujo en una serie de causas penales contra funcionarios por tratar de blindarlo ante las investigaciones judiciales. Ahora le llegó el turno al ex titular de la Unidad de Información Financiera José Sbatella, un confeso militante del kirchnerismo y denunciado por utilizar su organismo para perseguir opositores y cuidar a los amigos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó ayer una investigación para que se lo indague porque supuestamente cajoneó durante dos años reportes de operaciones sospechosas (ROS) de empresas de Lázaro Báez y no los puso en conocimiento de la Justicia.
La historia comenzó hace un año cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Proselac), militante del kirchnerismo y cercano a la procuradora Alejandra Gils Carbó, por no impulsar investigaciones contra Báez por lavado de dinero, a pesar de tener actuaciones administrativas de la UIF en sus manos.

Esa denuncia de Marijuan recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Antes que nada, el juez la envió al fiscal Gerardo Pollicita para que decidiera si correspondía o no impulsar la denuncia contra Gonella. Pollicita realizó algunas averiguaciones previas sobre qué había ocurrido en la Unidad de Información Financiera con los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que habían hecho bancos y aseguradores contra Báez.
Descubrió que había tres reportes de 2013 que estuvieron dos años en la UIF paralizados, a pesar de que existía una disposición administrativa que ordenaba que se les diera trámite. Es decir que hubo bancos que habían denunciado conductas sospechosas de Báez y no se habían investigado internamente ni se habían judicializado.

Tras ese lapso de tiempo, la UIF que conducía Sbatella envió los ROS a la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos, de Gonella, el que estuvo 20 días con esas actuaciones hasta que las elevó a la Justicia. En sus averiguaciones previas a dictaminar, Pollicita recibió un informe de Gonella en el que defendió su actuación.
Tras analizar lo sucedido, Pollicita desestimó que hubiera habido delitos por parte de Gonella y en cambio decidió extraer testimonio e impulsar una denuncia contra Sbatella por cajonear el caso contra Báez.

“No sólo se habría demorado prácticamente dos años en remitir los ROS a la Procelac, sino que también durante todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de estos”, sostuvo el fiscal.

Se trata de tres reportes de operaciones sospechosas que la UIF recibió en junio de 2013 y recién fueron aportados ante la Procelac en febrero de 2015.

Los expedientes son los 1143, 119 y 1079 de 2013, que llegaron a la UIF en junio de ese año y recién fueron aportados a la Procelac el 10 de febrero de 2015. “De la documentación colectada surge a las claras que la Procelac, en un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada”, dijo Pollicita.

No sólo el fiscal cuestionó la demora en judicializar los expedientes, sino que también sostuvo que los expedientes “no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por la UIF”.

Báez es investigado por presunto lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello y fue citado a prestar declaración indagatoria para el 26 de abril próximo, cuando será indagado por ese delito.

 

fuente LA NACIÓN

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