La ofensiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra el empresario patagónico Cristóbal López alcanzó ayer un nuevo nivel. Ya no se limita a su petrolera Oil Combustibles -por los $ 8000 millones que adeuda en impuestos- ni al Grupo Indalo, el holding que controla junto con su socio Fabián de Sousa. A partir de ayer, abarca también sus inversiones en la industria del juego.
La escalada oficial se concretó mediante un juego de pinzas. Por un lado, incluyó movimientos públicos, con inspecciones en distintos puntos del país donde López tiene participación accionaria y en su banco Finansur. Pero también se plasmó en una reforma de la normativa tributaria que busca limitar los beneficios a los que podría acceder si se presentara en concurso de acreedores, y hasta en una petición a la Justicia.
La AFIP solicitó que se designe un veedor judicial dentro del Grupo Indalo para controlar que el empresario no busque insolventarse.
Convencidos de que afrontan una campaña de hostigamiento, López y De Sousa preparan una respuesta pública, que se basaría en denunciar el proceder de la nueva conducción de la AFIP. Los empresarios estiman que las recientes denuncias del organismo fiscal responden a motivaciones políticas.
La declaración pública del Grupo Indalo, que se conocería en breve, tomó forma ayer en las oficinas del holding, mientras los operativos de la AFIP continuaban en los casinos y en el banco Finansur.
Así, 80 inspectores se desplegaron dentro del casino flotante de Puerto Madero, donde hurgaron en la plantilla de personal y los aportes previsionales, y en la tesorería, donde revisaron, por ejemplo, el inventario de los cheques por más de 100.000 pesos.
En forma simultánea al operativo en Puerto Madero, más inspectores se desplegaron en otros casinos de López en distintos puntos del país. Entre ellos, en Neuquén, Rosario y Comodoro Rivadavia, según indicaron a LA NACION desde el organismo tributario y el Grupo Indalo. Allí, en su ciudad natal, los sabuesos lograron acceder a la documentación que se encontraba resguardada en cajas fuertes, tras superar algunas dificultades.
Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió en el kirchnerismo, a los inspectores que ingresaron ayer al casino flotante ya no los recibió un colega del propio organismo tributario que se movía como dueño de casa, como pasó en febrero de 2007.
Aquella vez, una supervisora y una inspectora del equipo de Operaciones Financieras del Departamento de Investigación del área de Grandes Contribuyentes Nacionales reportaron a sus superiores que cuando fueron a requerir documentos al casino los recibió el colega Andrés Vázquez. Tras el reporte de la supervisora y la inspectora, Abad -en su primera gestión al frente de la AFIP- abrió un sumario que terminó con Vázquez «frizado». Pero con el arribo de Echegaray, el funcionario de buenos vínculos con la entonces Secretaría de Inteligencia (SIDE) volvió al ruedo y se desempeñó al frente de la estratégica Regional Sur Metropolitana.
Protagonista del megaoperativo contra el Grupo Clarín, por el que Echegaray pidió disculpas públicas, y dueño de dos cuentas bancarias por casi medio millón de dólares en Curazao y, luego, en Luxemburgo, según reveló LA NACION en octubre de 2010, Vázquez continuó al frente de esa regional hasta que Echegaray se marchó a la Auditoría General de la Nación (AGN). Entonces, con el regreso de Abad a la AFIP, el funcionario volvió al «freezer».
Durante los operativos de ayer, sin embargo, la AFIP no se limitó a los casinos. También le requirió al Finansur que le entregara documentación sobre cómo compró López el 70% del paquete accionario, en marzo de 2013, aunque el Banco Central (BCRA) lo aprobó en mayo de 2015.
«La decisión fue avanzar sobre todas las empresas de López, incluidas las dedicadas a la industria del juego, y no limitarnos sólo a las que integran el Grupo Indalo, siguiendo el principio «de realidad económica», más allá de las composiciones accionarias que pueda tener cada una de las sociedades en particular», indicaron desde la AFIP para fundamentar los operativos.
Para López y De Sousa, sin embargo, se trata de una nueva escalada en una «guerra» que Macri les inició por razones políticas y posibles intereses de empresarios afines. Así, junto al «zar del juego» miran hacia un amigo y operador del Presidente, Daniel Angelici.
Menos cuotas, más interés
La ofensiva de la AFIP, en tanto, también incluyó una reforma de los planes de pago previstos para quienes se presentan en concurso de acreedores. Abad firmó la resolución 3587, que se publicará hoy en el Boletín Oficial, por la que determinó que a partir de ahora aquellos contribuyentes que afronten denuncias penales por presuntos delitos tributarios o provisionales -como Oil Combustibles con sus $ 8000 millones de deuda fiscal- ya sólo podrán acceder a planes de pago por hasta 12 cuotas -en vez de las 96 previstas para el resto de los concursados- y con una tasa de interés que se elevó al 2,9% mensual.
De este modo, la resolución 3587 se suma a una reforma anterior, por la que Abad prohibió otorgar nuevos planes de pagos a aquellos contribuyentes que acumulen deudas por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Es decir, la vía por la que López y De Sousa adeudan $ 8000 millones. En silencio, la AFIP dio otro paso en Tribunales. Tras recusar a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Rita Ailán, solicitó al nuevo juez a cargo, Esteban Furnari, que designe un veedor judicial en el Grupo Indalo.
fuente LA NACIÓN