El juez federal Norberto Oyarbide se defendió en la causa por inconducta que avanza en su contra y podría terminar con su carrera en la Justicia. Presentó un escrito en el Consejo de la Magistratura en el que afirmó que si buscan destituirlo es por “razones políticas” y justificó su decisión de haber frenado 22 allanamientos después de una llamada de la Casa Rosada.
LA NACION accedió al escrito presentado por Oyarbide en el Consejo de la Magistratura para defenderse. En ese documento, el juez dijo que se les dio un “desmedido crédito” a las denuncias en su contra. “Juegan con la presunción que han instalado mediáticamente sobre la corruptela de este juez”, afirmó.

Oyarbide habla de sí mismo en tercera persona, como “el suscripto”, algo que suelen hacer los jueces. Dice que los consejeros de la magistratura que lo citaron a declarar por mal desempeño partieron de una “presunción falsa”: “la supuesta interrelación y/o connivencia del suscripto con el poder político”.
El año pasado, Oyarbide había ordenado 22 allanamientos y los frenó todos después de una llamada de Carlos Liuzzi, entonces subsecretario legal y técnico de la Presidencia, el número dos de Carlos Zannini. Según el relato del juez, Liuzzi le dijo que en uno de los operativos los policías estaban pidiendo coimas. Oyarbide y Liuzzi se conocían. El juez había sobreseído al funcionario, que fue investigado por enriquecimiento ilícito (una causa que ahora la Oficina Anticorrupción pidió reabrir).

Según Oyarbide, los consejeros que lo acusan vinculan la decisión de frenar los allanamientos con “aquella hasta entonces insípida decisión” de sobreseer a Liuzzi.
En su escrito el juez afirmó que él habría frenado los allanamientos igual, ya fuera que la llamada proviniera de Liuzzi, de otra persona “del tan mentado poder político”, e incluso si hubiera sido “anónima”. Porque, dijo: “La duda es un ingrediente infame de toda decisión judicial”.

Oyarbide argumentó que “no era descabellado suponer” que lo denunciado era cierto y que lo mismo estarían haciendo otros policías en los demás procedimientos.

Los consejeros que citaron al juez creen que no es razonable haber frenado todos los allanamientos (medidas cuyo éxito está atado al factor sorpresa) sin el menor intento de chequear que lo denunciado fuera cierto. Oyarbide responde que pedirle que fuera él a los operativos era “un verdadero despropósito humanamente impracticable” y habría implicado dar “por sentado que la llamada es veraz”. Alegó además que, de haber ido, “¿cómo habría de establecer la verosimilitud de los hechos?”.

El camino que eligió el juez fue frenarlo todo. Y según el expediente, lo hizo con una orden manuscrita, algo muy inusual. En este nuevo escrito explicó que usó la lapicera porque hubo una “interrupción circunstancial del fluido eléctrico”.

En letra destacada, como un argumento especialmente fuerte, el juez alegó: “Si este juez fuere connivente con Liuzzi, como sostienen los denunciantes, ¿en qué razonamiento cabe disponer un allanamiento en oficinas de alguien vinculado a aquél?”. Oyarbide no dijo qué relación tenía Liuzzi con los allanados.

Contra los consejeros que impulsan su remoción, Oyarbide afirmó que tienen “un distorsionado concepto de la tarea de hacer justicia” y una “pretensión injuriante” en su contra. Y que él era “un servidor público” comprometido, que atiende a diario llamados de los presos que tiene detenidos.

Oyarbide estaba citado para declarar el 5 de abril, pero prefirió defenderse con este escrito. Antes, entregó a los consejeros una constancia de que había iniciado los trámites de la jubilación. No obstante, esto no implica que vaya a dejar su cargo. Hay jueces que tienen la jubilación concedida durante años, hasta que un día deciden presentar la renuncia.

Para Oyarbide, irse por su propia voluntad sería un lujo. Varias veces se salvó de ser echado y ahora está otra vez en una situación muy complicada. El Consejo lo citó en una reunión de comisión en la que nadie lo defendió. Los macristas y sus aliados promovieron el avance del caso. Los legisladores del Frente para la Victoria se ausentaron y el académico Jorge Candis, que siempre votaba en bloque con el kirchnerismo, acompañó al macrismo en contra de Oyarbide. Si Candis mantiene ese voto, es el fin para el juez.

Si Oyarbide renunciara y Mauricio Macri le aceptara esa renuncia (algo que el Gobierno ya anunció que haría), se garantizaría la jubilación especial que tienen los jueces y podría seguir cobrando del Estado casi lo mismo que hoy. La palabra ahora la tiene el Consejo.

 

fuente LA NACIÓN

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