En medio de una nueva ola de despidos, el Gobierno presentará en los próximos días el balance de las desvinculaciones de trabajadores del Estado, que alcanzaron a poco más de 8000 empleados que habían ingresado a la administración pública nacional en los últimos tres años de la gestión de Cristina Kirchner.

Ayer recrudecieron las protestas, con epicentro en el Ministerio de Trabajo, después de que se denunciaron 200 despidos en la cartera laboral, horas antes de que venza el plazo fijado por la Casa Rosada para la primera tanda de cesantías, que termina hoy.
Según adelantaron a LA NACION desde el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, la cifra total en los primeros tres meses del nuevo gobierno llegará a cerca de 8000 despedidos, una política que continuará con la revisión de otros 40.000 contratos, con lo que las desvinculaciones seguirán durante todo el año, hasta el 31 de diciembre próximo.
Por decreto, la Casa Rosada había fijado en tres meses el límite para evaluar el desempeño de los empleados estatales que habían ingresado desde 2013, fecha en que focalizó esta primera etapa, con desvinculaciones que se concentraron en aquellos empleados que habían accedido a un trabajo en el Estado en los últimos años del kirchnerismo. Según el detalle que dará la semana que viene Ibarra, de esos 8000 trabajadores, un 90% había entrado entre los años 2013 y 2015. El Gobierno no informó cuántos habían sido los nuevos empleados que se habían incorporado a partir de la gestión de Mauricio Macri.
En total, la Casa Rosada puso en la mira 64.000 contratos de trabajadores en situación precaria, es decir, que debían renovar todos los años, en diciembre, sus condiciones laborales. De esa cantidad, 24.000 son los que habían entrado a partir de 2013, de los cuales fueron echados alrededor de 8000, como parte de este primer tramo de despidos. El plan de desvinculaciones seguirá hasta diciembre. El último dato oficial fue de 6196 despidos, pero en los últimos días se sumaron cerca de 2000 más.

El criterio para la poda, según explicaron fuentes oficiales, fue detectar primero a los llamados “ñoquis”, que directamente no se presentaban a trabajar, para después revisar a aquellos trabajadores que sí asistían a sus oficinas pero sin tareas asignadas o superpuestas.

Anoche en el Cabildo se concentró una protesta a modo de vigilia en las horas previas a que se termine la primera etapa de despidos, organizada por la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de Cultura de la Argentina. Justamente fue una de las áreas más afectadas. Hubo 600 despidos en el Centro Cultural Kirchner y otros 240 en la Biblioteca Nacional, que terminó con duras críticas de un grupo de intelectuales, entre ellos Beatriz Sarlo, que emitieron un documento reclamándole al Gobierno su preocupación por la parálisis de las actividades en ese organismo “en el contexto del despliegue de una política de despidos masivos en el área de Cultura del Estado”, según expresaron en el texto.

La cartera más afectada fue Interior. En total, fueron cesanteados 1342 trabajadores del ministerio que hoy conduce Rogelio Frigerio. Le siguió Energía, con 942 desplazados; jefatura de Gabinete, con 578; Justicia, con 524; Economía, con 497; Seguridad, con otros 311; y Salud, con 193, según los pocos datos oficiales que comenzaron a transcender ayer sobre el balance de esta primera etapa. Hubo además 644 cesanteados en el hospital Posadas, de Morón. Y a eso se suman las primeras bajas de enero, 54 de la Secretaría General de la Presidenta y otros 360 de Desarrollo Social.

El plan de reorganización estatal incluyó los ministerios nacionales y organismos descentralizados. Por caso, hubo rescisión de 140 contratos en Fabricaciones Militares y 47 en el Banco Central, entre otros. Ayer, los titulares de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli, denunciaron al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su política de despidos masivos.

El presidente Mauricio Macri firmó dos decretos de ordenamiento del Estado que incluyó además el fin de los convenios con universidades, de lo que todavía no hay información oficial.

Protestas en Trabajo y Salud

Cerca de 400 trabajadores del Ministerio de Trabajo tomaron las instalaciones de la cartera que conduce Jorge Triaca para denunciar una ola de despidos. Los cesanteados son contratados cuyos vínculos cesarán hoy. Serían más de 200. ATE y UPCN son los gremios que reclamaron ayer en el hall del edificio.

En el Ministerio de Salud se garantizó la continuidad de 800 trabajadores cuyos contratos podían caer a partir de hoy. “Los despidos implicaban que programas de abordaje territorial estuvieran paralizados. Después de una permanencia pacífica, logramos la continuidad laboral hasta diciembre”, dijo a LA NACION el secretario general de la Junta Interna de Delegados de ATE, Héctor Carrica.

 

fuente LA NACIÓN

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