El ruidoso despertar de decenas de causas judiciales vinculadas a escándalos de corrupción, con distintos racimos de ex funcionarios kirchneristas acusados por fraude, coimas y malversación de fondos, apuró los planes oficiales para enviar al Congreso un proyecto de ley del arrepentido para delitos de corrupción. Pero las imágenes explícitas de los allegados a Cristina Kirchner contando fortunas en una cueva de Puerto Madero conocida como “La Rosadita” detonaron cualquier intento de gradualismo.

 

Clarín accedió al texto del proyecto, que plantea la posibilidad de reducir o eximir penas a quienes brinden “información precisa, comprobable y útil” que permita “evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas; permitir la recuperación de bienes y el producto o provecho del delito; y revelar la estructura jerárquica o división de tareas para la comisión de delitos previstos en esta ley”.

El proyecto fue elaborado por la Oficina Anticorrupción, y tomó en cuenta los aportes de otros proyectos legislativos que circularon en el Congreso con anterioridad –una curiosidad: entre los once autores de esos proyectos de ley no hay ningún legislador del Frente para la Victoria– y las conclusiones de una mesa de trabajo abierta convocada por la OA hace dos semanas.

 

La redacción del proyecto, que tiene 18 artículos, busca equilibrar los incentivos para la entrega de testimonios y pruebas que permitan enjuiciar a los corruptos, sin que el meneo de esa zanahoria implique abrirle las puertas de la impunidad a los culpables con grandes responsabilidades. Para empezar, la ley impide la posibilidad de “arrepentirse” a los “jefes, fundadores, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales”, y también a los funcionarios cuya remoción de sus cargos esté sujeta a juicio político.

El plan oficial pone en manos de los fiscales la recepción y evaluación de los datos aportados por el arrepentido, la comprobación de sus dichos a través de distintas medidas de prueba en el ámbito de su competencia, y si la información lo vale, solicitar los beneficios de la ley al juez correspondiente.

Los fiscales pueden negociar desde la eximición de la pena hasta la reducción de un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la condena que se trate, o administrar otros beneficios en la ejecución de penas. Pero hay dos advertencias: en el arreglo no podrá entrar el provecho del delito, que por el contrario será decomisado, y la reducción o eximición de las condenas no podrá incluir las penas de inhabilitación.

Cuando los arrepentidos ya hayan sido condenados, los jueces de ejecución podrán bajar a la mitad el plazo para acceder a la libertad condicional.

 

Pero hay peros y salvedades. Para evaluar el tamaño del premio que se llevará el arrepentido “deberá considerarse el grado de la información y si eficacia”, y se tendrá en cuenta si se trata de “el primero en aportar información” o no. Es decir que cuanto antes y más grande sea la contricción, más amplia será la caricia de la ley.

No es todo: aunque sea obvio, el arrepentido debe admitir “la existencia del hecho” de corrupción, “su participación en él, el modo y el lugar del aporte de información efectuado, y el beneficio acordado”. Otra obviedad: toda la negociación debe realizarse ante el abogado defensor del imputado.

La letra chica del proyecto dice que el aporte del arrepentido será incorporado a la causa y la ejecución del trato se diferirá al momento de la sentencia. En idioma comercial, implicaría que el imputado participará de la negociación “a resultado”. A cambio, el texto garantiza que los datos que aporte sólo podrán utilizarse en la causa en la que él eligió colaborar y otras conexas. El beneficio que negocie con el fiscal queda condicionado a que no cometa otro delito doloso por al menos diez años, o perderá el premio. Y otro detalle: si aportó datos falsos, irá a la cárcel por un lapso de uno a diez años.

El proyecto al que accedió Clarín esta en el escritorio del ministro de Justicia Germán Garavano. Luego debe verlo en Jefatura de Gabinete Paula Bertol (secretaria de Relaciones Parlamentarias) y de ahí pasará a manos del secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, que le dará la última mirada y lo entregará a Macri para que lo firme. El Presidente avisó a su equipo que quiere la ley cuanto antes. El proyecto podría llegar al Congreso la semana que viene, tras la visita del jefe de Gabinete Marcos Peña. Entonces habrá que empezar a juntar votos.

 

fuente CLARÍN

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