Si Lázaro Báez quisiera podría hoy mismo pedir al juez Sebastián Casanello ser considerado como un arrepentido, dar información sobre sus “superiores” y pedir una reducción de penas en la causa de la ruta del dinero K, sin esperar la sanción de la ley del arrepentido que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri y seguramente diputados del Frente de la Victoria no apoyarán. en cambio, ahora no puede usarse en casos de delitos como sobornos o fraude al Estado.

En los noventa, el Congreso aceptó esa figura legal -usada en los casos de Petrobras y en el de Manos Limpias de Italia- para casos de narcotráfico. Luego durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se lo extendió a casos de secuestros y de terrorismo.

Pero el fiscal de cámara y experto en el tema Raúl Pleé explicó, en un artículo publicado en La Nación, que “con la sanción de la ley 26.683, en oportunidad de modificarse las normas penales referidas a lavado de activos de origen ilícito, terrorismo y financiamiento del terrorismo, se dispuso que las previsiones contenidas en la ley 25.241 referidas al “arrepentido” serán aplicables a los procesos por el delito de lavado de activos de origen delictivo (art. 303 del Código Penal), permitiéndole incluso al juez disponer la reserva de la identidad del testigo o del imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de ellos”.

Fuentes judiciales precisaron a Clarín que Báez podría decirle a Casanello que “quiere declarar bajo el régimen de las disposiciones legales del régimen del imputado colaborador eficaz (arrepentido) y declarar ante el juez su versión de los hechos y darle datos útiles para el esclarecimiento del delito”. Entonces, “el juez evaluará esa colaboración y será el tribunal de juicio oral al momento de la condena pueda reducir la eventual pena a la mitad”. Incluso ese cálculo puede anticiparse por el juez al evaluar las posibles excarcelaciones o eximiciones de prisión. La ley prevé incluso que en caso de asociaciones ilícitas dedicadas al lavado, en caso de que la información brindada permita acreditar la intervención de un miembro y se determine así su sometimiento a proceso la pena podría rebajarse al mínimo legal de la especie de pena”.

 

fuente CLARÍN

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