La diputada nacional Elisa Carrió denunció ayer a Sergio Szpolski, Darío Richarte, Francisco Javier Fernández y Juan José Gallea, a quienes considera directivos del grupo Veintitrés, por “insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago y/o alteración dolosa de registros”.

Entre los denunciados hay dos funcionarios públicos: Fernández es auditor general en la Auditoría General de la Nación (AGN) -en representación de la oposición kirchnerista- y Gallea es director financiero de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), designado por el jefe de los espías Gustavo Arribas a instancias de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y amigo del presidente Mauricio Macri. Gallea -que fue director financiero del grupo Veintitrés- ha sido colaborador de Richarte, que además es vicepresidente 3ro del mismo club por el oficialismo que lidera Angelici.
En una carta a LA NACION, Fernández dijo no tener ninguna relación con el grupo Veintitrés, conglomerado kirchnerista de medios que está autoextinguiéndose en medio de conflictos laborales que involucran a unos 800 trabajadores.
La denuncia quedó radicada en el juzgado penal económico 4 a cargo del juez Alejandro Catania, y alcanza “eventualmente a otras personas que pudieron tener participación en los hechos que aquí se ponen en conocimiento de la Justicia”. Carrió basó su presentación en las declaraciones de Matías Garfunkel, socio de Szpolski en el Grupo Veintitrés acerca de que “a pesar de supuestas ganancias financieras del grupo había grandes cantidades de cheques rechazados que tenían las empresas, que el Banco Central no controlaba y que habría que controlar la ruta del dinero de ese grupo”. Y todo esto, “en el marco de la cesación de pagos de ese grupo económico por el que, por ejemplo, muchos trabajadores de las compañías no cobran sus sueldos desde hace meses”.
Carrió, que integra el interbloque del frente Cambiemos, menciona en su denuncia el artículo publicado en LA NACIÓN sobre “la implosión del grupo kirchnerista de medios” y las publicaciones en Twitter del propio Garfunkel en las que, en enero pasado, este empresario -que ahora reside con su familia en los Estados Unidos- aludía a los “verdaderos dueños” del grupo Veintitrés. La legisladora -que denunció a Angelici por “presunto tráfico de influencias” y logró que el dirigente fuese imputado- le pide al juez que despeje “la realidad respecto de la composición accionaria del grupo Veintitrés a través de las medidas de prueba pertinentes, en tanto la información pública habla de la oscuridad de este punto”.

Argumenta Carrió: “la información periodística que se acompaña y a la que me remito en honor a la brevedad es elocuente y plantea una línea de investigación; posibles maniobras fraudulentas en desmedro del fisco y de sus acreedores en general”. Además, agrega “las recientes declaraciones del accionista del grupo Veintitrés Matías Garfunkel, que dan cuenta de la comisión de distintos ilícitos penales de acción pública que deben ser investigados por los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
En ese apartado de la denuncia, la legisladora cita las declaraciones de Garfunkel al periodista Alejandro Alfie. “Lo único que quiero es que la Justicia meta preso a los que tienen que ir presos, que deje de proteger a las personas que no sólo le hicieron daño a otras personas, sino que tanto daño le han hecho a la Argentina, a la democracia, a las instituciones. Pido que los jueces vayan detrás de quienes cometieron estos delitos. Están no sólo Szpolski, sino también (Darío) Richarte, (Javier) Fernández y (Juan José) Gallea”, le dijo Garfunkel a Alfie. En esa misma entrevista, Garfunkel se refiere a los cheques rechazados que acumularon las empresas del grupo Veintitrés “que el Banco Central no controlaba”.

En el texto que ya tramita el juez Catania, Carrió pidió que se cite a declarar a Garfunkel y se libren exhortos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Auditoría General de la Nación (AGN) y los registros de la propiedad inmueble para que remitan distinto tipo de información relacionada con los denunciados. Además, pide que se periten “los estados contables de todas las sociedades comerciales adjudicadas prima facie al llamado Grupo Veintitrés y a cualquier otra sociedad relacionada que surja de la investigación”.

Según el texto de la denuncia, “las conductas a investigar corresponden a posibles delitos económicos de competencia federal previstos en la ley 24.769 y en algunos casos se ven involucrados actuales funcionarios públicos, por lo que corresponde la intervención de la Justicia federal especializada en el fuero penal económico”.

 

fuente LA NACIÓN

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