Con el foco de la agenda política dividido entre las revelaciones de los Panamá Papers y el desfile de ex funcionarios y empresarios kirchneristas por los tribunales de Comodoro Py, la oposición redobló esfuerzos para volver a colocar en el centro de la escena las urgencias de trabajadores y jubilados: busca frenar la ola de despidos en los sectores público y privado y reducir el impacto en los bolsillos de la suba de tarifas y precios.

A los planteos que vienen haciendo el kirchnerismo, el massismo y GEN se sumó ayer una presentación del Bloque Justicialista, que encabeza el diputado y gremialista del Smata Oscar Romero, que propuso prohibir por un año los despidos, reinstalar en sus puestos a quienes fueron despedidos del Estado desde el 10 de diciembre y establecer una indemnización triple para los trabajadores del sector privado.
Con esa misma agenda, las cinco centrales obreras acudirán esta tarde al Senado y reeditarán la histórica postal lograda la semana pasada en la Cámara baja: los titulares de las tres fracciones de la CGT , Hugo Moyano , Antonio Caló y Luis Barrionuevo , y de las dos CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky, compartirán una misma mesa junto a todas las bancadas opositoras, para plantear sus reclamos al Gobierno.
Pero el encuentro de hoy tendrá un condimento extra: a diferencia de la Cámara baja, donde sólo la oposición recibió a los gremios, para esta tarde se espera la presencia de al menos tres aliados de Cambiemos: los senadores radicales Julio Cobos (Mendoza), Alfredo Martínez (Santa Cruz) y Silvia Giacoppo (Jujuy).
Los tres integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la que fueron convocados -para las 16- los titulares de las cinco centrales obreras. Antes, Caló, Moyano y Barrionuevo pasarán por el despacho del jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto.

Mientras eso sucede en el Senado, los bloques opositores en Diputados aguardan una respuesta del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, al pedido presentado la semana pasada por el Frente Renovador de Sergio Massa .
En ese escrito se solicita unificar el tratamiento de 243 proyectos que atacan seis puntos de la “agenda laboral”: 14 iniciativas sobre protección del empleo público y privado, 11 sobre protección de las pymes, dos sobre Consejo Social y Económico, 40 sobre impuesto a las ganancias, 14 sobre Bienes Personales y un último paquete de 162 proyectos sobre previsión social y jubilaciones.

El pedido fue firmado por Massa (UNA Federal), Héctor Recalde (FPV), Romero (Justicialista), Margarita Stolbizer (GEN), Victoria Donda (Libres del Sur), Myriam Bregman (PTS) y Néstor Pitrola (Partido Obrero).

Tras la reunión con los gremios, lo que pretenden los diputados opositores es que esos 243 proyectos de ley sean tratados de manera urgente y conjunta por seis comisiones: Presupuesto y Hacienda, Finanzas, Industria, Trabajo, Pymes y Previsión y Seguridad Social.

En los hechos, además de avanzar en la redacción de proyectos de ley que tengan el consenso de la oposición y el oficialismo, reunir esas comisiones significaría construir una nueva caja de resonancia para plantear los reclamos al Gobierno.

Pese a la cantidad y variedad de proyectos en danza, un tema es considerado prioritario por gremios y opositores: frenar los despidos en los sectores público y privado. De ahí el proyecto difundido ayer por Romero o el que ya presentó Recalde, que plantea la emergencia ocupacional, la prohibición de despidos por un año y la reinstalación en sus puestos de trabajo de los cesanteados en el sector público desde el 1°de enero.

La segunda urgencia para gremios y opositores pasa por modificar este año las escalas de Ganancias. De ahí la importancia de extender los consensos al Senado, porque si bien los diputados opositores tienen el número para superar el debate en la Cámara baja, necesitan que los gobernadores -y sus senadores- acepten modificar un impuesto que impacta de lleno en la coparticipación.

Tres urgencias completan la lista: un aumento de emergencia para trabajadores y jubilados, la reducción del IVA a los alimentos de la canasta básica y un auxilio a las pymes frente a la suba de tarifas.

 

fuente LA NACIÓN

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