Lázaro Báez, el empresario con mayores vínculos económicos con la familia Kirchner y hasta hace poco un poderoso zar de la obra pública en la Patagonia, fue detenido ayer acusado de lavar cinco millones de dólares provenientes de la evasión fiscal de su constructora a través de la operatoria de la cueva financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. Daniel Pérez Gadín, contador del empresario y controlador de SGI, también fue detenido, pero en su casa de la Capital.
Báez fue apresado ayer, pasadas las 17, por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuando aterrizó en su jet privado en el aeropuerto de San Fernando. El juez había ordenado su captura ante el riesgo de que se fugara, pues despegó con su avión sin que el juzgado conociera el plan de vuelo. Junto con Báez estaba su hijo Martín, quien no quedó detenido. Los dos Báez y Pérez Gadín, serán indagados hoy por Casanello. Después, es probable que Báez padre y Pérez Gadín continúen presos hasta que se resuelva su situación procesal.

Báez fue trasladado por la Policía Federal -que lo venía vigilando en la Patagonia desde el 31 de enero pasado- a una dependencia policial de Gurruchaga y Santa Fe, en Palermo. Allí le tomaron las huellas digitales y quedó fichado. La gente se juntó en la vereda de la comisaría y al paso del vehículo que trasladaba al empresario le gritaba: “¡Chorro, devolvé las plata!”. Tras los trámites, Báez fue llevado a una celda de la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones, situada en Villa Soldati.

Casanello decidió avanzar con las acusaciones contra Báez cuando tuvo la prueba en sus manos: las grabaciones en video contando millones de dólares. Y decidió las detenciones cuando vio el riesgo de fuga: el avión que despegó sin destino cierto.

Las imágenes de los videos de “La Rosadita” fueron determinantes para construir la acusación: Báez lavó mediante la financiera SGI plata de la evasión fiscal de Austral Construcciones. Casanello investiga una causa de evasión realizada mediante facturas truchas que involucran a las empresas Penta y Calvento. Esta maniobra fue denunciada por Margarita Stolbizer. La diputada pidió al juez Casanello que investigue si la AFIP, que comandaba Ricardo Echegaray, intentó proteger a Báez.

 

fuente LA NACIÓN

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