Dos delegaciones argentinas estarán mañana cara a cara en Washington por la ley de medios sancionada en 2009 y derogada parcialmente por el presidente Mauricio Macri mediante los DNU 13/15 y 267/15, ratificados ayer por la Cámara de Diputados. El gobierno nacional y entidades no gubernamentales kirchneristas expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que -a instancias de su relator para la libertad de expresión, Edison Lanza- incluyó el tema en el calendario de audiencias de su 157° período de sesiones anunciado hace un mes y que se concreta los días 6, 7 y 8 de este mes.

La delegación del gobierno nacional estará integrada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; la directora de ese organismo, Silvana Giudici; y los ex relatores de la libertad de la CIDH y actuales funcionarios del frente Cambiemos, Santiago Cantón -secretario de derechos humanos bonaerense- y Eduardo Bertoni -director nacional de protección de datos personales-.
La audiencia, que lleva el título “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina” fue pedida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en representación de varias entidades vinculadas al kirchnerismo, entre ellas la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior (Arbia).

En representación de estas entidades expondrán ante la CIDH el presidente y el secretario del CELS, Horacio Verbitsky y Damián Loreti (el redactor del proyecto original de la ley de medios y asesor legal de Amarc y SAT además de integrante de la CCD), y también hablará el investigador Martín Becerra, que hará las veces de disertante independiente. Becerra promovió en febrero pasado una declaración de académicos contra la reforma por decreto de la ley de medios audiovisuales -intervenida por el decreto 13/2015 que definió la nueva estructura de ministerios y por el DNU 267-. Las trayectorias universitarias de Loreti y Becerra -dos investigadores muy prestigiosos en su disciplina- resumen la homogénea base académica sobre la que se redactó la ley audiovisual argentina.

Pedido de audiencia
La audiencia fue otorgada en tiempo récord luego de la visita a la CIDH de la defensora del público, Cynthia Ottaviano (cuyo cargo fue creado por la ley de medios y no fue modificado por los DNU), y del viaje relámpago de Lanza a Buenos Aires, donde se entrevistó con entidades de la sociedad civil, cámaras empresarias del sector y el jefe de gabinete, Marcos Peña. No hay antecedentes de una audiencia de esta naturaleza en la que se cite a un gobierno que -al momento de ser convocada- llevaba dos meses en el poder.

Lanza, periodista y académico uruguayo, tiene una extensa relación profesional y personal con Loreti y Becerra entre otros intelectuales argentinos promotores de la ley audiovisual. El actual relator de la libertad de expresión de la CIDH -un organismo autónomo en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA)- fue el redactor del capítulo relacionado con la autoridad de aplicación de la ley de medios uruguaya, que es casi una copia del texto aprobado por el Congreso argentino en 2009. En Uruguay, la ley audiovisual recibió numerosas demandas de inconstitucionalidad -que están ahora en análisis de la Corte Suprema de ese país-, por lo que el presidente Tabaré Vázquez decidió no reglamentarla hasta tanto se resuelvan. En el proceso de redacción y aprobación de la norma uruguaya, en tiempos del presidente José Pepe Mujica (que había afirmado que “la mejor ley de prensa es la que no existe”), Lanza fue un colaborador cercano del ex director de Telecomunicaciones uruguayo, Gustavo Gómez, con quien tiene una relación de amistad.
Según supo LA NACIÓN, el comisionado de la CIDH que más fuertemente impulsó esta audiencia fue el brasileño Paulo Vannuchi, periodista y ex ministro de Derechos Humanos del gobierno de Lula da Silva, que en el funcionamiento interno de la comisión tiene a cargo el monitoreo de la Argentina. Vannuchi, que ocupa un cargo de dirección en el Instituto Lula, y el propio ex presidente de Brasil aparecieron recientemente en una escucha realizada por la Policía Federal brasileña con autorización judicial en la que parecen referirse a algún tipo de presión sobre los jueces que intervienen en el caso de corrupción Lava Jato, en el que Da Silva está imputado.

Las dos posiciones

En su carta de pedido de audiencia, el CELS argumentó que los DNU 13/15 y 267/15, afectaron “la autonomía de los órganos encargados de la aplicación de leyes sobre servicios audiovisuales”; que “la intervención del AFSCA y la remoción de los directores” se hizo “por fuera del procedimiento establecido por la ley 26.522”; que hay “incompatibilidad de los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 y del decreto 236/2015 con los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos”; que se utilizaron “herramientas penales para implementar la intervención del órgano de aplicación” de la ley de medios; que se redujeron “los límites para evitar procesos de concentración de medios o consolidación de la posición dominante; que se afectó “el principio de legalidad” por “inexistencia de una razón social imperiosa” con una “medida es desproporcionada” que “constituye un supuesto de desviación de poder”; y que se vulneraron “medidas precautelares dispuestas por juzgado”.

Además de la presencia de los dos ex relatores de la libertad de expresión, el gobierno nacional -cuya voz cantante será la de Avruj- enarbolará la ratificación parlamentaria del DNU que creó el Enacom y modificó las leyes de medios y Argentina Digital, la puesta en marcha de la comisión que redactará una nueva ley de comunicaciones, el envío al Congreso de un proyecto de ley de acceso a la información pública -que se presenta hoy toma como base las guías de la propia OEA en la materia-, la existencia de conferencias de prensa en la que los funcionarios responden preguntas de los periodistas, la profesionalización de los informativos de los medios públicos, y la preparación de un reglamento para el reparto de la publicidad oficial. El gobierno llevará una presentación de 70 páginas en las que responde punto por punto a la requisitoria de la CIDH y en la que prevé explayarse sobre las razones por las cuales, en la concepción del gobierno de Cambiemos, las modificaciones no generan más concentración sino “más competencia intra e interplataformas”.

La audiencia de 2013

El macrismo también hará un repaso de la historia reciente del país en materia de libertad de expresión y de prensa. En ese sentido, probablemente se haga mención a la audiencia que, en 2013, la CIDH le concedió -luego de numerosos pedidos- a un grupo de periodistas encabezado por Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá. En esa audiencia, a la que en representación del gobierno de Cristina Kirchner sólo asistieron funcionarios diplomáticos, los expositores relataron los casos de “juicios populares” a periodistas en la Plaza de Mayo con participación de funcionarios nacionales de entonces, el uso partidario de la televisión estatal para descalificar y demonizar a los periodistas, la persecución contra los hijos de la directora del diario Clarín, el reparto arbitrario de la publicidad oficial en función de la línea editorial de los medios, la prohibición de hecho aplicada a grandes anunciantes privados para que no contraten espacios de publicidad en diarios críticos (que se conoció como “cepo publicitario”), las amenazas de expropiación de la fábrica de papel para diarios Papel Prensa, y las acusaciones públicas contra los periodistas Daniel Santoro y Guillermo Lobo de ser “espías rusos”, entre otras cosas.

Algunas de esas prácticas, que continuaron hasta el año pasado, están registradas en el último Informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, firmado por Lanza. Ese exhaustivo trabajo contiene referencias a los pronunciamientos públicos de entidades de la sociedad que vienen denunciándolos, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) -que participó como expositora en la audiencia de 2013-, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED). Allí también se cita el extenso informe de LA NACIÓN sobre pauta oficial publicado a finales del año último.

Los enviados del gobierno nacional a la audiencia también enumerarán lo que el macrismo denomina “arbitrariedades de la Afsca” en la aplicación de la ley audiovisual. En principio, no está prevista la presencia en Washington del último presidente de ese organismo, Martín Sabbatella, ni tampoco de Ottaviano. “La ley de medios del kirchnerismo era para imponer la supremacía de la voz del gobierno. Más del 73% de las licencias y autorizaciones que dio la Afsca fueron para el sector público. Con la ley de medios no se buscó la pluralidad de voces con la ley. En cambio, la norma que proponemos, ya con las disposiciones del DNU, demuestran que lo que queremos es diversidad de voces, que no haya ninguna intervención ni tutela por parte del gobierno”, dijo a LA NACIÓN la integrante del directorio del Enacom y ex presidenta de la Fundación LED Silvana Giudici antes de viajar a Washington.

El reclamo de la industria

Por otra parte, las principales cámaras empresariales de medios de comunicación (Adepa, ARPA, ATVC y ATA) enviaron el 23 de marzo pasado una carta al comisionado estadounidense James Cavallaro, presidente de la CIDH, en la que la transmitieron su deseo de haber sido tenidos en cuenta en un debate que las involucra de forma directa. Las cámaras reconocen que la audiencia fue pedida por otras entidades, pero recuerdan que en otras ocasiones la comisión habilitó la participación de otras voces involucradas en las temáticas a tratar. En una extensa misiva, que no evade reproches expresos, las cámaras dejaron clara su preocupación porque no se van a escuchar las voces de la industria de los medios.

Cavallaro respondió por carta el 31 de marzo y agradeció el interés y la información enviada pero se excusó de habilitar la participación argumentando razones reglamentarias, aunque ofreció un encuentro personal con el relator Edison Lanza para esta misma semana. Las cámaras empresariales respondieron ayer a esta nueva carta agradeciendo la deferencia, enviando 10 páginas con comentarios e información sobre el espíritu, la letra y la aplicación de la ley de medios y excusándose de no poder acudir en esta oportunidad a una reunión individual con Lanza. Por parte de las entidades empresariales, firmaron las misivas los cuatro presidentes: Guillermo Ignacio (Adepa), Edmundo Rébora (ARPA), Pablo Casey (ATA) y Walter Burzaco (ATVC).

Además de Cavallaro y Vannuchi, la CIDH está integrada actualmente por José de Jesús Orozco Henríquez (México, vicepresidente), Margarette May Macaulay (Jamaica), Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), Francisco José Eguiguren Praeli (Perú) y Enrique Gil Botero (Colombia).

fuente LA NACIÓN

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