El pedido carga con una advertencia implícita: si el Congreso no avanza rápidamente en la aprobación de una ley que frene la ola de despidos en los sectores público y privado, el movimiento obrero en su conjunto saldrá a la calle a reclamar.
Ante unos 25 senadores del oficialismo y la oposición, los titulares de las tres vertientes de la CGT, Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo, y de las dos CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky, plantearon sus reclamos y avisaron que por la “crisis” que está atravesando el país es fundamental que el Parlamento apruebe una “ley de emergencia ocupacional”, lo que implicaría la suspensión de despidos por un año.

“El tiempo que les damos es corto. Discutir es lindo, pero queremos soluciones. El Gobierno tiene que tomar nota. Así no llegamos al segundo semestre”, dijo a LA NACION Caló, líder de la Unión Obrera Metalúrgica. Caló, como el resto de sus pares cegetistas, mostró una inusual sintonía con los jefes de la CTA.

El creciente número de desempleados hizo que la centrales obreras modificaran sus prioridades. Hoy, impulsar una norma que ayude a sostener el nivel de empleo se impone para los sindicatos sobre el histórico reclamo de Ganancias. Es que de diciembre a marzo, según un informe que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, se registraron 68.563 despidos en todo el país. Casi 40.000 pertenecen al ámbito estatal -según el Gobierno, son 10.921 trabajadores los que perdieron el empleo en la Administración Pública Nacional-, y poco más de 30.000, al privado.

Sin poner plazos, Andrés Rodríguez, titular del gremio estatal de UPCN, destacó que el encuentro de ayer en el Salón Azul de la Cámara alta sirvió para generar presión sobre Mauricio Macri. “No pueden mirar para otro lado. El Gobierno tiene que convocar a los gremios y a los parlamentarios a una mesa de discusión”, explicó Rodríguez a LA NACIÓN.
Como un anticipo de lo que podría ocurrir en caso de que el Parlamento no apure una respuesta, las tres CGT realizarán una movilización al Monumento al Trabajo el 29 de este mes para escenificar su poder y celebrar el 1° de mayo. En un principio iban a marchar al Congreso, pero Moyano, Caló y Barrionuevo entendieron que los legisladores mostraron voluntad para avanzar con los reclamos sindicales.

Durante las exposiciones, además del pedido de una norma que declare la “emergencia ocupacional”, los dirigentes gremiales coincidieron en la necesidad de que se les reconozca a los jubilados el derecho a cobrar el 82 por ciento móvil y eliminar el impuesto a las ganancias.

“Si estamos acá es porque los necesitamos. Les pedimos que actúen con la madurez con que actuamos nosotros, que evitamos salir a la calle con un gobierno nuevo. Un gobierno con poca experiencia, con muchos CEO y un presidente empresario, que primero ayudó a los empresarios y todavía no hizo nada por los trabajadores”, destacó Barrionuevo, que, fiel a su estilo picante, advirtió que “no es tiempo para conspirar porque falta mucho para las elecciones” y manifestó que el movimiento obrero “está alerta”.

Hubo representantes del oficialismo en la audiencia que se llevó a cabo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el pampeano Daniel Lovera (Frente para la Victoria). Dieron el presente, entre otros, Julio Cobos (UCR-Mendoza) y la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que está al frente del bloque de Pro, quien destacó el nivel de “diálogo y consenso” y aseguró que el oficialismo -minoría en el Senado- tiene “muchos temas en común” con la oposición.

En general, la respuesta de los senadores fue a favor de tratar una norma que contemple los pedidos de los trabajadores. En esto coincidieron integrantes del FPV como Miguel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti con Pino Solanas (Proyecto Sur). Aunque recordaron que es Diputados la cámara que debe impulsar la ley.

Desde el oficialismo, también hubo acuerdo, aunque con otro tiempo de espera. “Hay que tener paciencia”, dijo Cobos, sugestivo y algo mesurado.

El 19 de abril habrá otro paro de los estatales

Decididos a rechazar los miles de despidos en la administración pública y en reclamo de un aumento salarial del 40%, los estatales de ATE activarán el 19 de este mes el segundo paro nacional contra la gestión de Mauricio Macri.

ATE es el gremio estatal con mayor presencia territorial: cuenta con casi 255.000 afiliados y se jacta de tener el poder para afectar el normal funcionamiento de hospitales y de 830 municipios en los que tiene representación. A diferencia de la protesta del 24 de febrero, esta vez aceptarán las adhesiones a la movilización de otros sectores. Ya aseguraron su respaldo Barrios de Pie, la CCC y grupos de izquierda

El otro gremio estatal, UPCN, no se sumará a la protesta. Andrés Rodríguez, su jefe, encabezó ayer la cruzada de las tres vertientes de la CGT para que el Congreso de la Nación declare por ley la “emergencia ocupacional” y frene los despidos.

fuente LA NACIÓN

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