En medio del secreto de sumario en la causa de la llamada “ruta del dinero K” el juez federal Sebastián Casanello escuchará hoy a un periodista y a una abogada especializada en el tema que fueron convocados a declarar como testigos en la causa abierta la semana pasada contra el presidente Mauricio Macri por su vinculación con una sociedad off-shore inscripta en Bahamas.

Los testigos citados por el juez son el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, y la abogada Silvina Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia (IGJ). Alconada Mon integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que comenzó a difundir el domingo pasado miles de documentos del estudio contable panameño Mossack & Fonseca.

Las citaciones del juzgado fueron cursadas luego de que el fiscal Federico Delgado le pidiera a Casanello abrir una investigación para determinar la veracidad de denuncia formulada por el diputado Norman Darío Martínez (Frente para la Victoria-Neuquén) contra el actual presidente a raíz de las revelaciones del llamado “Panama Papers”. Macri figura como director de una sociedad llamada Fleg Trading Ltd.

Alconada Mon escribió sobre el caso en el diario La Nación y hoy le explicará al juez que la información sobre Macri fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con periodistas de todo el mundo que integran ICIJ. Tanto él como otros tres periodistas argentinos trabajaron durante el caso durante casi un año hasta que simultáneamente se difundió en todo el mundo los documentos de Mossack & Fonseca la semana pasada.

En su requerimiento de instrucción, Delgado le había pedido a Casanello que requiriera de ICIJ los textos que hacían alusión al presidente argentino. Sin embargo, el magistrado directamente resolvió citar a Alconada Mon como testigo para que declare todo lo que sepa sobre el caso.

La citación de la abogada Martínez también fue dispuesta por Casanello de oficio. Martínez no sólo integró la IGJ sino que participa como abogada de la querellante diputada Margarita Stolbizer en la llamada causa Hotesur y en otros casos que ella sigue en Comodoro Py. El fiscal había sugerido que se consultara al respecto a la Oficina Anticorrución y a las facultades de Derecho de dos universidades (de Buenos Aires y Di Tella) “sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza a la luz de la ley de ética pública”.

Delgado dictaminó el jueves a favor de abrir una investigación penal para determinar, como primer paso, si Macri “omitió maliciosamente completar su declaración jurada”. De acuerdo con los “Panama Papers”, la sociedad fue creada en 1998 y funcionó hasta 2009, cuando Macri ya era jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hacía dos años.

El ahora presidente de la Nación negó haber incurrido en irregularidad alguna, menos aún en un delito, y el mismo día de la imputación fiscal anunció públicamente que le pediría a la Justicia Civil una “declaración de certeza” sobre su proceder en el asunto. La presentación judicial fue realizada el viernes pasado y quedó a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga, titular del juzgado 104 del fuero Civil.

La explicación oficial es que Macri no era el dueño de la sociedad sino director y que ésta no tuvo cuentas bancarias y que fue inscripta en el extranjero por un emprendimiento empresario de su padre, Franco Macri, en Brasil, que luego no llegó a desarrollarse. Desde Presidencia se explicó que la sociedad consta en las declaraciones juradas impositivas de su padre.

 

fuente CLARÍN

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