El Gobierno mira con cierta inquietud y escepticismo la presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner en los tribunales y trata de tomar una clara distancia de las decisiones judiciales.

Por eso, el mensaje que bajó el propio Mauricio Macri en las reuniones de gabinete y en las de la mesa chica es que todos “se concentren en la gestión y dejar que las cosas sucedan”.

Eso explica que, exceptuando al propio Macri, ningún funcionario haya salido a hablar sobre el tema. Y cuatro fuentes muy cercanas al mandatario coincidieron en afirmar que el Gobierno “no alienta ni está detrás de las decisiones de juez alguno”.

En las últimas 48 horas, en varias de sus apariciones públicas, el primer mandatario fue explícito: “Los jueces tienen que ser independientes”, afirmó. Y aseguró que tanto él, que se muestra tranquilo por los Panamá Papers , como la ex presidenta son iguales ante la ley y pueden ser investigados por la Justicia. Es el abecé del derecho constitucional.

En voz baja, sin embargo, esos colaboradores -deslizan- tienen distintas explicaciones. “Una Justicia muy lenta indigna a la gente, pero una Justicia tan rápida hace desconfiar. El juego de los jueces es extraño. Y, mientras tanto, el FPV victimiza a Cristina”, dijo alguien muy cercano a Macri.
“Cristina tiene puntos dudosos, pero la causa del dólar a futuro no parece tan comprometedora. Demasiado alboroto por este caso, que no vale la pena”, dijo otro.

Es casi seguro que el juez Claudio Bonadio , dentro de unos días, dictará el procesamiento de la ex mandataria. Pero muchos, dentro y fuera de la Justicia, creen que el expediente que realmente la compromete es Hotesur , un sumario que instruyó Bonadio hasta que fue apartado y que hoy está casi paralizado, hasta que la Sala I de la Cámara Federal resuelva cuál es el juez competente.

Existe una tercera explicación, más política: es cierto que Bonadio avanza contra Cristina por propia convicción, pero la jugada es funcional a Sergio Massa y al peronismo no kirchnerista: “Si el FPV sale deteriorado, el peronismo, hoy dividido, tendrá un escollo menos para unificarse. Algo que al Gobierno le convendría demorar lo más posible”, explican.

A esta altura parece claro que la mano del Gobierno no está detrás de Bonadio, ni de Julián Ercolini -que detuvo e indagó a Ricardo Jaime-, ni de Sebastián Casanello -que instruye la causa contra Lázaro Báez, en la que el fiscal Guillermo Marijuan imputó a la ex mandataria-, ni de ningún otro juez federal.

Es más: en la causa de Lázaro Báez, fuentes con acceso al expediente explican que las explosivas declaraciones de Leonardo Fariña alcanzarían para demostrar que Néstor Kirchner manejaba una banda para vaciar las arcas del Estado.

Pero Néstor falleció y Fariña le tendió un puente a Cristina cuando dijo que, según Báez, había “muchas cosas que ella no sabía”. Es decir, no sería responsable de todo lo que denunció el valijero y que involucró directamente a Báez y su entorno, así como como al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Tampoco está detrás de los jueces el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Es cierto que el magistrado, durante las últimas semanas, recibió en su despacho a muchos jueces federales y, también, a los camaristas: pero les dio un mensaje unívoco: “Avancen, pero sólo si hay pruebas”.

¿Qué es lo que, entonces, movilizó a los jueces a actuar? Un conocido juez federal que participó en las reuniones con Lorenzetti lo explicó: “Cambió el clima, la sociedad reclama castigar la corrupción y varios jueces salieron a curarse en salud. Es investigar o seguir el camino de Norberto Oyarbide”, confesó.

 

fuente LA NACIÓN

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