Traspié del Gobierno en su plan para apartar a Gils Carbó

No la pasó bien el ministro de Justicia, Germán Garavano, ayer en la Cámara de Diputados. Nadie le creyó demasiado cuando afirmó que el proyecto de ley del Gobierno para reformar el Ministerio Público no se pensó para recortarle poder a la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, cercana al kirchnerismo. Los diputados del Frente para la Victoria se cansaron de criticarlo, pero no sólo ellos: todas las bancadas opositoras, que también sospechan que el Gobierno quiere nombrar fiscales afines, se sumaron al coro.
Estoico ante el plenario de las comisiones de Justicia, Presupuesto y Legislación Penal, Garavano debió esquivar los misiles casi en soledad. Como única malla de defensa tuvo una esmirriada representación oficialista -de sólo media docena de diputados de Cambiemos-, frente a una legión de soldados kirchneristas. «No caen en cuenta que son gobierno», fue el comentario, entre burlón y despectivo, entre los peronistas.

Con ellos, el resto de los bloques opositores cuestionaron tres aspectos clave de la iniciativa oficial: uno, la creación de un cuerpo de cuatro subprocuradores con tantas atribuciones que, a juicio de los opositores, vaciarán de poder real al procurador. Dos, el mecanismo de remoción y de designación de los subprocuradores y del procurador: según la iniciativa, los primeros son nombrados por el Poder Ejecutivo y refrendados con la mayoría simple de los miembros presentes del Senado; el jefe de la Procuración, en cambio, debe contar con el acuerdo de los dos tercios de los votos de esa cámara. Para removerlo de su cargo, ya no se requerirá un juicio político en el Congreso, sino que bastará un decreto del Poder Ejecutivo o la mayoría simple de la Cámara de Diputados.
El tercer punto tiene que ver con el mandato del procurador. Actualmente es vitalicio. El macrismo lo quiere limitar a cuatro años, aunque no precisó en el proyecto desde cuándo arrancaría ese mandato.

«¿No hubiera sido más fácil enviar un proyecto de un solo artículo que diga que se pasa a disponibilidad a la actual procuradora [Gils Carbó]?», desafió la diputada María Emilia Soria (FPV), quien advirtió que el proyecto implica un «ataque» a la autonomía del Ministerio Público.
«Éste no es un proyecto contra Gils Carbó. Queremos crear un Ministerio Público democrático y eficaz, dotado de todos los instrumentos para el momento en que entre en vigor el sistema acusatorio», enfatizó Garavano.

Sin embargo, los intentos del ministro de sacar el proyecto de la coyuntura política quedaron desautorizados por el propio presidente Macri. «Es una procuradora militante», fustigó ayer por la mañana, e insistió en que Gils Carbó debió presentar su renuncia cuando él asumió.

El problema para el oficialismo es que sus dos eventuales aliados, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, también criticaron esta descentralización del poder del procurador, lo cual no se condeciría  con la letra del artículo 120 de la Constitución Nacional.

«Hay una clara transferencia de poder a los subprocuradores», criticó Pablo Kosiner (Bloque Peronista). En la misma línea se pronunció la diputada Mónica Litza (Frente Renovador). «Estamos desilusionados con el proyecto; hay mucha improvisación», fustigó.

Para Margarita Stolbizer (GEN), en tanto, el proyecto promueve «un desapoderamiento total de la Procuración como figura central, que aparece desdibujada por los subprocuradores».

«Esto va a generar conflicto de competencias que no está bien resuelto» en el proyecto, advirtió.

fuente LA NACIÓN

Comments

comments