Con la Justicia apuntándole a los ojos, Ricardo Echegaray sabe que se desata sobre él una tormenta política y judicial. A la intemperie y sin apoyos visibles, el jefe de la AFIP durante la gestión kirchnerista, no obstante, redobla la apuesta: avisó que no renunciará a la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN) y acusa al oficialismo de paralizar el principal órgano de control de la administración pública.
Pareció no importarle que sus colegas auditores le vaciaran la reunión de colegio prevista para ayer. En esas reuniones semanales, los auditores aprueban o rechazan los informes que elaboraron los técnicos de la AGN en distintas áreas de la administración. Pero ayer fracasó por falta de quórum. Igualmente Echegaray se presentó en el salón principal de la AGN y se sentó en el sillón cabecera. El único que lo acompañó fue Juan Ignacio Forlón, kirchnerista y ex presidente del Banco Nación que acaba de asumir como auditor.
Los demás colegas, incluso los peronistas Vilma Castillo y Javier Fernández, pegaron el faltazo. Al igual que Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez (Cambiemos) y Gabriel Mihura Estrada, accedieron al pedido que anteayer le habían elevado los jefes de bloque de diputados de Cambiemos de suspender toda reunión en la AGN hasta que se resuelva la situación judicial del ex funcionario kirchnerista.
Quieren paralizar la AGN», masculló Echegaray en la intimidad de su despacho, relataron a LA NACION fuentes legislativas que hablaron con él. «Si el kirchnerismo hubiera hecho este boicot, se habría desatado un escándalo», agregó.
Según supo LA NACION, Echegaray ya convocó a una nueva reunión del colegio de auditores para el miércoles próximo. Se encontrará con la misma respuesta de ayer de sus colegas. La tensión interna es palpable. Es más, el radical Nieva pidió a Echegaray que dé un paso al costado hasta que se defina su situación judicial. Recibirá del ex funcionario kirchnerista un no rotundo como toda respuesta.
Cerco judicial
El ex jefe de la AFIP fue citado a prestar declaración indagatoria el 3 del mes próximo en la causa por la llamada «ruta del dinero K», que investiga el juez federal Sebastián Casanello. Se lo acusa de encubrir, como jefe de la AFIP, al empresario kirchnerista Lázaro Báez, involucrado en una millonaria maniobra de evasión impositiva con facturas falsas.
Casi en forma simultánea, anteayer el fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de Echegaray por la deuda millonaria que acumuló el empresario kirchnerista Cristóbal López con la AFIP durante los últimos cuatro años.
La arremetida judicial contra Echegaray sirvió de argumento perfecto para que el sector más duro del oficialismo -liderado por Elisa Carrió (Coalición Cívica)- reclamara que sea removido ya mismo de la AGN. Para ello no se necesitan mayorías parlamentarias; basta sólo una resolución firmada por los presidentes de ambas cámaras, Gabriela Michetti (Senado) y Emilio Monzó (Diputados). Así lo ordena la ley de administración financiera.
Sin embargo, ni Monzó ni Michetti quieren ir tan deprisa, ya que sostienen que, según la citada ley, debe al menos haber un procesamiento de la Justicia para remover al titular de la AGN.
En otras palabras, el oficialismo esperará a que alguno de los jueces que lo investiga procese a Echegaray antes de firmar su despido del principal órgano de control.
«¡Pero si el propio (Federico) Sturzenegger (presidente del Banco Central) está procesado por la Corte Suprema por la causa del megacanje y nadie del Gobierno le pidió que se vaya! Encima hoy (por ayer) el fiscal Di Lello imputó también a Sturzenegger por la causa del dólar futuro», retrucó otra fuente legislativa cercana a Echegaray.
El actual titular de la AGN se sorprendió con la citación de Casanello, cuentan las fuentes. «No la entiende: en 2008 fue sobreseído en la misma causa y nadie apeló», agregan. Ante un eventual procesamiento por parte de Casanello, Echegaray apelará, y sólo ante un procesamiento firme dictado por la cámara respectiva dará un paso al costado en la AGN. «Antes no va a renunciar», aseguran.
Cristóbal López no pudo trasladar una causa
Cristóbal López sufrió ayer una derrota judicial. La causa en la que se lo investiga por evadir el pago del impuesto a la transferencia de combustibles de su empresa Oil para financiar otras firmas de Indalo seguirá tramitándose en Buenos Aires. El juez Esteban Furnari rechazó enviarla a Comodoro Rivadavia.
fuente LA NACIÓN
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