El proyecto de ley de acceso a la información pública impulsado por el Poder Ejecutivo comenzó a debatirse el último jueves en la Cámara de Diputados, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Distintas organizaciones civiles reclamaron cambios en el proyecto de ley, ya que advierte la necesidad de que la futura legislación prevea garantías suficientes de independencia para el órgano encargado de que se cumpla la misma.

El proyecto autoriza a cualquier persona a “pedir datos, documentos, registros” a los funcionarios, y éstos deberán contestar dentro de los 30 días posteriores, con el riesgo de recibir sanciones si no lo hicieren.

Las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), ADC (Asociación por los Derechos Civiles), Concepción Data, Fundación Conocimiento Abierto, Directorio Legislativo, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Poder Ciudadano, advertimos sobre la necesidad de que la futura Ley de Acceso a la Información prevea garantías suficientes de independencia para el órgano encargado de hacer cumplir la ley, aspecto que no asegura el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El órgano garante es la autoridad que tiene la potestad de controlar el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública por parte de los funcionarios, y por lo tanto su independencia del Poder Ejecutivo es un requisito indispensable para su correcto funcionamiento. Sin embargo, el proyecto del Poder Ejecutivo le otorga a éste un alto grado de discrecionalidad para la designación y remoción del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), lo cual resulta problemático porque pone en cabeza del órgano controlado -el Poder Ejecutivo- la facultad de remover al órgano que debe controlarlo -la AAIP-, lo cual actúa como un fuerte condicionamiento para que éste último cumpla adecuadamente con su rol.

En virtud de ello, instamos a la Cámara de Diputados de la Nación a incorporar modificaciones al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, con el fin de asegurar la independencia del titular del órgano garante de la Ley.

 

fuente LA NACIÓN

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