A los constructores viales les cambió la cara. Por estos días, el Gobierno afina una propuesta para terminar de pagar la deuda que Vialidad Nacional tiene con el sector y que permitiría llegar a fin de año con los certificados al día. La negociación es lenta. No es para menos: en el medio hay alrededor de $ 1000 millones, que es lo que suma la deuda que la administración pública tiene con los empresarios de las rutas. Los constructores esperaban un bono, pero todo parece indicar que será efectivo y en cuotas. A cambio les pedirán que regresen a los obradores con ímpetu y no con la velocidad crucero que transitaron en los últimos años.

Cuando la nueva gestión de Vialidad Nacional se hizo cargo, la deuda llegaba a $ 12.800 millones. En ese paquete estaban alrededor de 900 obras licitadas y entregadas a los contratistas, pero con una enorme deuda del Estado que impedía el avance. Obradores en modo espera.
Mes tras mes corría por Vialidad la “lista de la felicidad”, llamada así por los empleados por las noticias frescas que traía. Desde la oficina de José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, bajaba un escueto papel en el que se enumeraba a quiénes y cuánto se liquidaba cada mes. Los parámetros del desembolso tenían que ver con procedimientos no demasiado claros y más cercanos a la discrecionalidad. Alegrías y frustraciones se repartían por igual. Sin embargo, jamás se avanzaba en pagos que permitieran acelerar las obras, salvo, claro está, la excepción que representaba Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, que tenía sus acreencias al día o incluso adelantadas.

Así vivió el sector desde 2011, con alrededor de 1000 millones de dólares de deuda constante y con una exigencia del Gobierno: mantener la obra viva, aunque no se avanzara, pero sin que se desmantelara un solo obrador.
De aquellos $ 12.800 millones ya se pagaron alrededor de 4700 millones en los primeros meses de gestión macrista. El dinero calmó la ansiedad de los empresarios, muchos de ellos cargados de deuda financiera por la que pagan intereses muy costosos. Además, la promesa de pagar los certificados de obra nuevos se empezó a cumplir; en marzo se terminaron de pagar los de diciembre.

Sin embargo, alrededor de $ 8000 millones de deuda vieja estaban en la nebulosa. En las primeras reuniones del equipo del número uno de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se empezó a delinear la posibilidad de emitir un bono. El antecedente que se mencionaba eran los papeles que emitió el gobierno de Mauricio Macri cuando se hizo cargo de la ciudad y se encontró con una deuda, mucho menor por cierto, heredada de la gestión de Aníbal Ibarra. Aquellos documentos pasaron como rayo por las manos de los constructores y terminaron en los bancos a cambio de un descuento. La Ciudad pagó sus deudas y constructores y bancos quedaron satisfechos.

Ahora todos se preparaban para una solución similar. Pero el Gobierno sorprendió. Les tiró sobre la mesa otra propuesta. Dijo que pagará alrededor de $ 1000 millones por mes para llegar a fin de año con aquella deuda saldada. Los constructores tomaron la propuesta y se entusiasmaron. Luego se calmaron, agarraron sus planillas de cálculo y sacaron cuentas sobre lo que ya se perdió y lo que significa tener los pagos al día, casi una rareza en ese mundo salvo que el apellido fuese Báez.

Por ahora, el acuerdo está cercano, pero no cerrado. Los constructores no son una masa pétrea y además cada uno tiene sus apuros. Sin embargo, la mayoría acompaña. En Vialidad son optimistas.

Mientras tanto, el Gobierno ya les adelantó que la idea es terminar la gran mayoría de las obras iniciadas en las rutas nacionales sin peajes. Luego está el universo de los corredores con peaje. Allí el panorama es distinto. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), un ente dependiente de Vialidad Nacional, ya comenzó a evaluar cada una de los proyectos. El sistema que rige es un híbrido que no dio resultados. En 2011, el kirchnerismo armó un esquema mediante el que las constructoras licitaban un paquete de obras en una traza, y como condición tenían que mantener la ruta, cobrar el peaje y cortar el pasto. El dinero para las obras no llegó nunca y la calidad del mantenimiento bajó al punto de que todos los corredores viales están en peores condiciones que hace cinco años. A ese esquema le queda un año y todo hace suponer que continuará.

El Gobierno ya les adelantó a los concesionarios que de aquel paquete de obras sólo quedarán algunas. Según publicó la nacion, de los 720 contratos que estaban vigentes a fin del año pasado quedarán apenas 430. Los beneficiados fueron los grandes corredores viales que se identifican con rutas nacionales que tienen un solo dígito. La “lista de la felicidad” que venía de la oficina de López ya es historia, pero los pagos antes de fin de año aún son una promesa. En el medio hay negociaciones que les han dibujado una mueca más relajada a los constructores.

Las cifras en discusión

8000

Millones de pesos

Es la deuda que tiene pendiente el Gobierno con los contratistas viales

430

Contratos

Son las obras cuyo pago aún no está al día

 

fuente LA NACIÓN

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