Los libros societarios de Hotesur, la empresa hotelera de la familia Kirchner, quedaron bajo sospecha. La diputada nacional Margarita Stolbizer y el fiscal Carlos Stornelli afirman que fueron adulterados para entorpecer la investigación por presunto lavado contra la ex presidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner.
Las sospechas de Stolbizer empezaron en noviembre, cuando la defensa se llevó los libros para fotocopiarlos. Cuando los devolvió se consignaron que aparecían enmiendas y tachaduras en varios tramos que hasta entonces no habían sido informados, según la legisladora y Stornelli, por lo que pidieron que se investigara lo ocurrido.

El juez federal Daniel Rafecas rechazó, sin embargo, esos planteos. Lo hizo recién en febrero, tras la feria judicial de enero. Y dos días después se declaró incompetente, anunció su intención de dividir la investigación en tres tramos y girar parte de la pesquisa a su colega Julián Ercolini.

Para entonces, la familia Kirchner ya había publicado en el Boletín Oficial un nuevo cambio de autoridades en Hotesur y el contador histórico de la familia, Víctor Manzanares, se presentó ante la IGJ para registrar esa novedad societaria. Según informó, esa renovación de las autoridades habría ocurrido en marzo, es decir, nueve meses antes, pero recién entonces se comunicaba al organismo.

Ya con el cambio de Gobierno en marcha, la IGJ optó desde entonces por no inscribir ese trámite. Por el contrario, consignó múltiples “observaciones”. Entre otras, diferencias en “la cantidad de acciones depositadas”, “dos montos” de “capital social inscripto”, como también “fechas de registros distintos”. También señaló que faltaban “datos de inscripción del directorio que convocó a la asamblea” y que la solicitud presentada incumplía con una resolución del organismo.
Aun así, Stolbizer -quien presentó en 2014 la denuncia con la que comenzó la investigación- presentó ahora un pedido al ministro de Justicia, Germán Garavano, para que tome las medidas necesarias para suspender “cualquier inscripción” de Hotesur en la IGJ, “atento no resultar legítima la documentación”.

La legisladora sospecha que la supuesta adulteración de los libros de la controlante del hotel Alto Calafate buscaría entorpecer la investigación por presunto lavado contra los Kirchner, además de configurar otro delito en sí: la presunta adulteración de medidas de prueba.

Para Rafecas el planteo de Stolbizer es infundado y considera que de ese modo pretende “sembrar dudas donde de modo alguno las hay”, ya que “toda la documentación correspondiente a estas actuaciones se encuentra bajo estricto resguardo”.

En su resolución, Rafecas no sólo defendió su actuación y la de su juzgado, sino que también elogió al abogado de la presidenta de Hotesur, Romina Mercado, Carlos Beraldi, quien también defiende a Cristina Kirchner en la pesquisa sobre las operaciones de dólar futuro que instruye el juez Claudio Bonadio.

Según Rafecas, Beraldi es “un letrado de amplia y conocida trayectoria en el fuero, así como destacado profesor universitario, con más de treinta años de trayectoria intachable”, por lo que llamó a Stolbizer “a la prudencia y al respeto entre colegas”. El propio Beraldi también defendió su labor y criticó a Stolbizer.

Rafecas también rechazó el pedido de Stornelli. El fiscal había considerado “necesaria la disposición de diligencias tendientes a aclarar definitivamente las dudas que se han suscitado con relación a la integridad de la prueba documental en cuestión”. Esto es, mediante un peritaje de los libros de actas de asamblea y de directorio, de depósito de acciones y el registro de asambleas generales.

Ante la negativa de Rafecas, Stolbizer insistió con su planteo, pero ante el Ministerio de Justicia. Le informó que los libros de Hotesur aparecen con anotaciones manuscritas, tachados y enmendados, algo que el Código Civil y Comercial prohíbe.

No sólo eso. Stolbizer también le alertó que Mercado indicó a la IGJ que ninguna persona aparece como “beneficiaria final” de Hotesur a los fines de los controles antilavado. Pero eso contradice la última declaración jurada que Cristina Fernández presentó ante la Oficina Anticorrupción. Allí declaró que controlaba el 44% de esa sociedad, por unos $ 9,5 millones.

fuente LA NACIÓN

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