El Frente para la Victoria junto con otros bloques de la oposición intentará avanzar hoy en el Senado con la aprobación de un proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional y establece la prohibición a las empresas de despedir o suspender trabajadores por un plazo de 180 días.
La propuesta es rechazada por el gobierno nacional, que en las últimas horas mantuvo contactos con los gobernadores para tratar de parar la ofensiva, y ha generado divisiones al interior de todos los bloques por los supuestos efectos nocivos que podría tener sobre la generación de empleo, en particular en las pequeñas y medianas.

Sin embargo, el FPV tendría asegurado el quórum para iniciar la sesión especial convocada para las 15.30 y que también incluirá el debate de un proyecto que pone límites a la capacidad del Poder Ejecutivo de salir a endeudarse mediante la emisión de títulos públicos en el exterior. Además de la prohibición de despedir o suspender trabajadores por 180 días a partir de la sanción de la ley, el proyecto establece el recurso sumarísimo de restitución del empleado cesanteado o, en su defecto, el pago de una doble indemnización.

Junto con la mayoría opositora de la Cámara alta apoyarán la iniciativa legisladores del Interbloque Federal, Fernando Solanas (Proyecto Sur) y, aunque con diferencias con el proyecto impulsado por el FPV, los representantes de GEN y de la Coalición Cívica. Los tres senadores de UNA elaboraban ayer una propuesta alternativa en sintonía con la planteada por el diputado Alejandro Grandinetti (otorga beneficio a las pymes que mantengan empleos), pero tenían decidido bajar a dar el debate.

Resignados ante lo que parece inevitable, en la oficialista alianza Cambiemos (Pro y UCR) se preparaban anoche para dar la pelea en el recinto. “Es una mala señal decir que se pueden cambiar las reglas de juego cuando a ellos se les ocurra cuando están por llegar millones en inversiones”, se quejó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital). “Tenemos dudas de que con este mecanismo se vaya a facilitar la creación de puestos de trabajo”, agregó.
El líder del FPV, Miguel Pichetto (Río Negro), ratificó la intención de su bloque de avanzar con la iniciativa, decisión que justificó en “la situación de despidos y la parálisis en el sector de la obra pública y de la (industria) metalmecánica” que plantearon los gremios en su visita al Senado hace tres semanas.

El PJ cerró filas ayer detrás de sus senadores y mostró a su nueva conducción, encabezada por José Luis Gioja y Daniel Scioli, junto a Pichetto en la Cámara alta. En el encuentro también participó el presidente del Congreso partidario, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

“La norma que pensamos aprobar suspende por 180 días los despidos y no es aplicable a los nuevos empleos”, destacó Pichetto en diálogo con LA NACION, tras lo cual le reclamó al Gobierno que “convoque a empresarios y sindicatos a un acuerdo económico y social para suspender los despidos” por el mismo lapso que propone el proyecto.

La iniciativa “es un pedido de la CGT para ponerles freno a los despidos”, explicó Daniel Lovera (FPV-La Pampa), autor del proyecto. El presidente de la Comisión de Trabajo rechazó modificar el proyecto para excluir de sus alcances a las pymes. “No estamos de acuerdo porque no queremos que haya trabajadores de primera y de segunda”, afirmó. La exclusión es un reclamo del peronista disidente Roberto Basualdo (San Juan), al que ayer se plegó el salteño Rodolfo Urtubey (FPV).

En un último intento de parar la embestida opositora, el Gobierno abrió una negociación con los gobernadores del peronismo. “Jugamos fuerte porque para nosotros esa ley es contraproducente”, admitió un funcionario de la Casa Rosada. A cargo del operativo está el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Según fuentes oficiales, los mandatarios fueron receptivos a la posición del Gobierno, pero no se manifestaron en público, lo que encendió las luces de alarma en Balcarce 50.

“Hasta mañana [por hoy] seguiremos negociando. El escenario es de incertidumbre”, planteó un hombre fuerte del ala política del Gobierno.

 

fuente LA NACIÓN

Comments

comments