Liderados por el Frente para la Victoria (FPV), los bloques opositores del Senado le asestaron anoche a Mauricio Macri su primera derrota legislativa desde que llegó a la Casa Rosada. Fue al aprobar un proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional, que suspende por 180 días los despidos en los ámbitos público nacional y privado.
La iniciativa es rechazada por las cámaras empresariales y el Gobierno, al extremo de que el Presidente ya adelantó que la vetará si se convierte en ley. Para que esto ocurra, deberá ser sancionada por la Cámara baja, donde un amplio arco de bloques legislativos anticipó su apoyo al proyecto.

La iniciativa fue aprobada por 48 votos a favor y 16 en contra. Además del FPV, que por primera vez desde que es oposición votó de manera unificada, apoyaron la prohibición de los despidos los peronistas puntanos Liliana Negre y Adolfo Rodríguez Saá; el neuquino Guillermo Pereyra (MPN); los senadores del massismo (UNA) Alfredo Luenzo y Miriam Boyadjian, Jaime Linares (GEN-Buenos Aires), Magdalena Odarda (CC-Río Negro) y Fernando Solanas (Proyecto Sur-Capital).

Además de prohibir por 180 días los despidos y suspensiones a partir de la promulgación de la ley, el texto reconoce para los despedidos la posibilidad de apelar al recurso sumarísimo de restitución en su puesto de trabajo o, en su defecto, el cobro de doble indemnización.

El debate se convirtió en una pulseada entre las advertencias de la oposición por las consecuencias sociales de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno y la réplica de la alianza oficialista Cambiemos, que negó que exista un crecimiento del desempleo y alertó acerca de las consecuencias negativas en la generación de trabajo que traería aparejada la prohibición de los despidos.
“Cuidar el trabajo es una cuestión de orden público”, afirmó Daniel Lovera (FPV-La Pampa), presidente de la Comisión de Trabajo y autor de la iniciativa, quien calificó al proyecto como “realista y responsable” y una forma de “garantizar la paz social”. En alusión directa al discurso de campaña de Cambiemos, agregó: “Hay verdadera República cuando se defienden los derechos de los trabajadores”.

Le respondió Federico Pinedo (Pro-Capital). “Es facilísimo levantar la mano para quedar simpático, pero es difícil crear fuentes de trabajo, y nuestra responsabilidad es crear fuentes de trabajo”, replicó el presidente provisional del Senado. Además, responsabilizó a las administraciones krichneristas “por no haber creado una sola fuente de trabajo privada en los últimos cuatro años”.

En la misma sintonía habló Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien cargó las tintas en la herencia recibida. Tras enunciar el déficit del 7% del PBI, los 12 millones de pobres y el 34% de trabajo informal que recibió la actual administración, afirmó: “No pretendan que un gobierno en cuatro meses arregle los desaguisados de ocho años de gestión”.

Aunque con matices, a la postura del FPV se sumaron otros bloques menores. “La situación es alarmante, basta a la indiferencia con nuestros hermanos que están siendo despedidos de forma arbitraria y violenta”, afirmó Odarda. La rionegrina de la Coalición Cívica impulsaba un proyecto aún más duro, que declaraba la emergencia ocupacional por un año y retroactiva al 1° de enero.

Por su parte, Pereyra le advirtió al Gobierno que “la negación de los despidos es lo peor que le puede pasar al país”, y aunque reconoció que el kirchnerismo realizó “nombramientos apresurados en el Estado para embarrarle la cancha” a Macri, destacó: “Qué culpa tienen los compañeros de haber sido tomados como botín político”.

Pidieron excluir a las pymes

A pesar de que votaron de manera unificada, en el FPV se escucharon algunas voces disidentes. Rodolfo Urtubey (Salta) pidió excluir de la emergencia a las pequeñas y medianas empresas. “Hay una realidad más allá de las grandes empresas, esta ley no puede aplicarse a la pymes”.

El reclamo fue apoyado por Roberto Basualdo (PJ-San Juan). “La única manera de cuidar el trabajo es generando trabajo”, afirmó el sanjuanino. El mismo camino siguieron otros miembros del Interbloque Federal, como Juan Carlos Romero (Salta), quienes terminaron desmarcándose de la postura de Rodríguez Saá. Por último, los massistas Luenzo y Boyadjian apoyaron el proyecto, aunque también pretendieron, sin éxito, introducir cambios para proteger a la pymes.

 

fuente LA NACIÓN

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