Sospechan de un pacto de silencio para permitir la venta de drogas

Habían pasado pocos minutos de las 9 de ayer cuando Adrián Conci, el presidente de Dell Producciones SA, la firma que organizó la fiesta Time Warp, en Costa Salguero, se presentó en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Estuvo nueve días prófugo. Llegó vestido con un clásico jean y una campera azul con capucha. Llevaba un rosario colgado de su cuello y un cigarrillo en su mano izquierda. Seis horas después, por consejo de sus abogados defensores, se negó a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, y quedó detenido en el penal de Ezeiza .
Fuentes judiciales informaron que la hipótesis de los investigadores es que durante la fiesta hubo un «pacto de silencio» entre los organizadores, la Prefectura Naval, los inspectores del gobierno porteño, las empresas que prestaron el servicio médico y el de seguridad, y la firma encargada de los socorristas, para que nadie denunciara que el evento se había convertido en un «ámbito de riesgo y vulnerabilidad» por el comercio y consumo de estupefacientes. «Se generó un ámbito para que la venta de droga fuera libre. Entre los organizadores, el personal de Prefectura Naval, las empresas de medicina y seguridad y los inspectores del gobierno porteño hubo una red de complicidad de silencio», afirmó a LA NACION una calificada fuente judicial.

Para Casanello, al igual que la conducta de los prefectos citados como sospechosos y los otros imputados vinculados laboralmente con Dell Producciones SA, el accionar de Conci como organizador «colocó a los concurrentes en una situación de vulnerabilidad y desamparo que puso en riesgo la salud e integridad de todos ellos». También, según fuentes judiciales, permitió que se hiciera la fiesta en un «ámbito de exclusión de toda protección estatal, que posibilitó el comercio de estupefacientes; se facilitó y toleró la venta y distribución de sustancias no controladas dentro del predio».

Los mismos informantes no descartaron que, con el avance de la investigación, sean imputados más empleados y funcionarios del gobierno porteño. Hasta el momento son tres los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control porteña llamados a prestar declaración indagatoria. Se trata de Gustavo Herms, Néstor Cella y Pablo Fontanellas.

Según las fuentes consultadas, si Herms, Cella y Fontanellas estuvieron presentes durante toda la fiesta, como declaró Maximiliano Ávila, apoderado de Dell Producciones SA, en su declaración indagatoria, tenían la obligación de denunciar que se cometía un delito, como el comercio de estupefacientes. Lo mismo para los encargados de la empresa de seguridad privada.
Ayer el gobierno de María Eugenia Vidal anunció que instará a los municipios a no habilitar las fiestas electrónicas.

Según pudo saber LA NACION, la estrategia de los abogados defensores de Conci, Fernando Burlando y Fabián Améndola, es esperar que sean indagados los otros 27 sospechosos para después pedir la ampliación de la declaración indagatoria. Afirmaron que su cliente no tuvo ningún contacto con los dealers que vendieron la droga en la fiesta.

«Conci no facilitó el lugar del evento para que se comercialice droga», dijo a LA NACION Améndola. Unas pocas horas antes, Burlando había dicho: «El responsable de la muerte de los jóvenes es el narcotráfico».

La noche de la tragedia, Conci estuvo en Costa Salguero. Se fue de la fiesta sólo un rato, para visitar a su esposa, que estaba internada después de haber sido sometida a una operación.

Ávila fue indagado anteayer, al igual que Carlos María Garat, que pidió la prisión domiciliaria. El primero reconoció que durante la fiesta no dejaban a los asistentes recargar las botellas de agua mineralizada Block que se comercializaban en el lugar. Sí dijo que había puestos de hidratación donde se entregaban vasos con agua. Cuando Casanello le preguntó por qué los puestos de hidratación, respondió: «Por prevención». Además, Ávila, según los informantes consultados, también habló sobre la «bolsa tipo consorcio» que a las 3 del 16 de abril pasado una persona de la empresa de seguridad privada le entregó al prefecto Alberto Pandiani y que 13 horas después la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal descubrió que contenía estupefacientes en su interior.

Según el apoderado, en cada uno de los cuatro accesos de ingreso debía haber una bolsa en la que las personas que «cortaban los tickets» y de confianza de Dell Producciones les aconsejaban a los asistentes arrojar «sustancias prohibidas» y «elementos cortantes». Luego el contenido de las cuatro bolsas se ponía en dos más grandes, pero sólo se secuestró una.

fuente LA NACIÓN

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