La Regional Río Gallegos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debió investigar desde 2013 al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín. Pero bajo las órdenes de la cuñada de Máximo Kirchner y actual senadora nacional, Virginia García, eso no ocurrió. Y ahora las nuevas autoridades de la AFIP ordenaron pasar esas investigaciones a otra regional, lejos de Santa Cruz.
El traslado de las investigaciones sobre los Báez también alcanza a la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones. En ese caso, porque también se detectó que tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires los sabuesos no avanzaron a fondo, incluyeron “manifestaciones falaces” en sus informes o, incluso, ocultaron datos incriminatorios a la Justicia.
Ambas decisiones constan en tres informes que la AFIP envió ayer al juez federal Sebastián Casanello, quien busca determinar si Austral Construcciones operó con facturas truchas por montos multimillonarias -en especial las provenientes de Bahía Blanca- como parte de sus maniobras de presunto lavado.

Esos tres informes también exponen cómo funcionó la AFIP, en la práctica, durante la gestión de Ricardo Echegaray -hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN)- y del entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Rubén Toninelli. Ambos se encuentran ahora bajo la lupa judicial en varias causas sobre Báez y Cristóbal López.
“En los casos de las inspecciones a Báez, Lázaro, y Báez, Martín, los casos se habían iniciado en 2013 en la Dirección Regional Río Gallegos. En los casi tres años transcurridos desde el inicio de las inspecciones el avance verificado fue virtualmente nulo”, alertó el primer informe.

Firmado por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, ese primer informe también detalla cómo desde la AFIP le retacearon información al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, mientras intentaba investigar
“Pese a que el Dr. López Biscayart habría ordenado la fiscalización de la firma Austral Construcciones, lo único que se habría hecho es la compulsa de sus acreedores con la base de facturación apócrifa, no realizándose una verdadera fiscalización profunda sobre la realidad de las operaciones comerciales que declara la empresa como crédito fiscal”, indicó.

Las omisiones de los sabuesos de la AFIP abarcaron múltiples áreas de negocios de Báez que reveló la nacion durante los últimos años. Entre otros, la operatoria comercial con los hoteles de la familia Kirchner, la facturación trucha emitida por varias sociedades de Bahía Blanca.

Los movimientos de fondos bajo sospecha en esa ciudad bonaerense se centraron en tres sociedades: Calvento, Grupo Penta y Constructora Patagónica, según expusieron en el segundo informe el supervisor, Carlos Blanco, y la inspectora Silvia Huici, que fueron desplazados de sus puestos en Bahía Blanca mientras investigaban.

“Resumiendo -indicaron Blanco y Huici-. se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas «usina» detectadas (disolución de la Dirección Regional), se evitó solicitar información a Austral Construcciones, reteniendo el requerimiento del investigador (jefatura de Norberto Filipini), se calificó rápidamente a Calvento SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones) y se mantuvo como contribuyente normal a Grupo Penta, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con Austral Construcciones.”

Según remarcó Mecikovsky, el ocultamiento desde la AFIP también alcanzó a los $ 13,4 millones que Grupo Penta le facturó a Austral Construcciones. “No hay constancias de que esto le haya sido informado al doctor Javier López Biscayart.”

La protección a Báez también abarcó el ingreso en los balances de Austral Construcciones de $ 254 millones provenientes de Belice, tras una supuesta operación con sociedades inactivas en Curazao. Esos fondos, que equivalieron a unos US$ 56,3 millones, ingresaron a la constructora tras un supuesto fallido proyecto en Belice. Pero para las nuevas autoridades de la AFIP, eso quedó en duda. “La Dirección Regional Microcentro se limitó a verificar el reflejo bancario del ingreso del dinero, sin validar la existencia real del origen”, precisó el nuevo reporte.

Adiós a Río Gallegos

La inacción de los sabuesos fue aún más elocuente ante otra empresa de Báez, Austral Agro, que adquirió varios inmuebles rurales, y frente a Terrafari SA, una de las sociedades sospechadas de proveer de facturas truchas a Báez. En ambos casos, “nunca” se las fiscalizó.

Ante ese cuadro, Mecikovsky -que podría ser citado a declarar por la Justicia para aportar más información- comunicó además varias decisiones que adoptaron los nuevos titulares de la AFIP, Alberto Abad, y DGI, Horacio Castagnola: “Se ha dispuesto la reinspección de Austral Construcciones, el inicio de la inspección de Austral Agro, el cambio de titularidad de las inspecciones de Martín y Lázaro Báez [que estaban en Río Gallegos], todos ellos [a partir de ahora] en la órbita de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y a cargo de la Dirección Regional Mar del Plata”.

El traslado de las investigaciones sobre los Báez y sus empresas lejos de Río Gallegos podría ser, sin embargo, el primer paso de una reforma más drástica. Podría incluir la eliminación de esa regional creada por Echegaray -y controlada durante años por la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, hoy senadora nacional-, y su reducción a agencia, como operó hasta entonces.

Sin adelantar esa eventual reforma, Mecikovsky sí les comunicó algo más al juez Casanello y al fiscal federal Guillermo Marijuan. Les informó que esperan “la conclusión final de las inspecciones a fines de 2016”.

fuente LA NACIÓN

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