No pasaron ni seis meses desde que Cristóbal López se hizo cargo de la aseguradora Generali Argentina que el empresario dueño del Grupo Indalo ya le puso el cartel de venta. Apremiado por la deuda de casi $ 8000 millones que le reclama la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el empresario intenta desprenderse de los pocos activos que han quedado fuera del alcance de la Justicia, que le impidió hacer movimientos en gran parte de sus sociedades hasta que resuelva su problema impositivo.
Según confiaron a LA NACION diversas fuentes del mercado, López comenzó a tantear a potenciales compradores para la aseguradora, por la que en noviembre pasado habría pagado cerca de US$ 15 millones, según estimaciones que se manejan en la industria. Consultados al respecto, voceros del Grupo Indalo no hicieron comentarios.
López había tomado el control de la compañía de seguros a fines del año pasado. Incluso en las últimas semanas estaba en plena gestión ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para cambiar el nombre de la sociedad por Providencia Compañía de Seguros. La idea original del Grupo Indalo era armar un grupo financiero con la aseguradora y el Banco Finansur, también de su propiedad. Pero tras la denuncia de la AFIP decidió poner en venta las dos empresas.
De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Superintendencia de Seguros, a diciembre pasado, Generali Argentina tenía activos por $ 731,2 millones, un patrimonio neto de $ 133,9 millones y un resultado acumulado positivo en el período de $ 8 millones.
Dificultades
En el mercado, sin embargo, señalan que podría no ser tan sencillo cerrar la venta, considerando la situación judicial del grupo. Según señalaron fuentes que siguen de cerca el proceso judicial, el lunes pasado la IGJ hizo presentaciones ante la AFIP y los dos juzgados que llevan adelante la causa de López para informarles sobre la reciente adquisición de Generali por parte del Grupo Indalo. La aseguradora aún no figura en la página web del grupo en el listado de empresas que integran el holding.
Generali Argentina, junto con una concesionaria de camiones Scania, Feadar SA, sería de las pocas sociedades controladas por el Grupo Indalo, según identificó la IGJ en un escrito que presentó ante la AFIP y los dos juzgados en los cuales se investiga a López, que no fueron alcanzadas por la medida cautelar que les impuso la Justicia, y por la cual el empresario no puede hacer movimientos de sociedades hasta saldar su deuda tributaria.
La AFIP pidió además a mediados del mes pasado a la Justicia que interviniera Ideas del Sur, la productora en la que López era socio de Marcelo Tinelli, quien hace pocas semanas había terminado por venderle el 19% que le quedaba al empresario.
A mediados de marzo pasado, la AFIP inició una demanda penal a López, a su socio Fabián de Sousa y a otros directivos del Grupo Indalo por la retención de casi $ 8000 millones en impuestos y la tergiversación de los planes de pago que le concedió el organismo.
La AFIP solicitó, a su vez, una medida cautelar en reclamo de los $ 7665,7 millones que López adeudaría al organismo tributario por no pagar el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC). El juez federal en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari accedió al pedido de la agencia de recaudación y obligó al empresario patagónico a dar marcha atrás con la escisión de su grupo empresario, que había anunciado pocos días antes.
El juez Furnari también se negó a enviar la causa que instruye contra López a un juzgado de Comodoro Rivadavia, tal como deseaba el empresario dueño de casinos y medios, entre muchos otros activos.
La semana pasada, la IGJ hizo una presentación ante la justicia de Chubut para informar que López no había llegado a inscribir sus sociedades en la provincia patagónica, con lo cual seguían estando domiciliadas en la Capital Federal. «La AFIP sabe que no cobra más si López logra remitir su legajo a Comodoro Rivadavia y llevar adelante su concurso de acreedores ahí», aseguró una fuente al tanto del proceso legal que pidió no ser identificada. «Está esperando que el juez de Chubut se declare incompetente», explicó.
La IGJ, además, ya había rechazado el 5 de abril pasado la remisión del legajo de Oil Combustibles a la Inspección General de Justicia de Chubut. El titular de la IGJ, Sergio Brodsky, entendió que acceder a lo solicitado por López constituiría «una intromisión o un entorpecimiento con la investigación que se está llevando adelante en sede judicial».
Empresario en apuros
Cristobal López debe casi $ 8000 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y para pagar esa deuda se está desprendiendo de los pocos activos que han quedado fuera del alcance de la Justicia.
Hace seis meses se hizo cargo de la aseguradora Generali Argentina, que el empresario dueño del Grupo Índalo ahora quiere vender.
En noviembre pasado habría pagado cerca de US$ 15 millones por la aseguradora que ahora buscaría vender.
fuente LA NACIÓN
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