MENDOZA.- Un auto de 1 peso, una casa de 70 centavos y un lote de 117 pesos. Éstos son los insólitos valores que algunos de los principales funcionarios del gobierno de Mendoza presentaron en sus declaraciones juradas ante la Fiscalía de Estado. Claro está, la polémica no se hizo esperar, al igual que las críticas ciudadanas, lo que motivó al gobernador de Cambiemos, el radical Alfredo Cornejo, a admitir el “error” al que quedó expuesto su gabinete y prometer una ley de ética pública con criterios de evaluación más rigurosos, abarcativos y exhaustivos que el decreto que dispuso su antecesor, el kirchnerista Francisco “Paco” Pérez.

El principal dato de la discordia y la controversia lo aportó en su declaración jurada el ministro de Seguridad, Gianni Venier. El funcionario declaró, entre otros bienes, poseer un auto Mercedes Benz SL 300 modelo 91 por 1 peso, que en el mercado hoy supera ampliamente el medio millón de pesos. Es más, el propio Venier ofertó su joya de colección en casi 300.000 pesos en 2014 en un conocido portal de venta de autos, según reveló el diario local El Sol. “Acá no hay ánimo de ocultar nada”, se defendió el ministro en las últimas horas.

“Quizá fue un error poner la valuación fiscal y no el valor de mercado”, admitió el mandatario provincial en un intento de justificar lo sucedido con las irrisorias presentaciones patrimoniales, que ya habían generado malestar cuando las dieron a conocer los funcionarios de la gestión anterior. Sobre todo por los desfasajes entre lo declarado y los valores reales. De hecho, en su presentación, el propio Cornejo dijo tener un lote por 119.756 pesos, un precio muy distante de su precio comercial.

“Algunos han creído conveniente poner el valor de mercado y otros, el valor fiscal. Quienes han optado por poner la valuación fiscal, entre los que me cuento, lo hemos hecho porque es un dato objetivo y hemos puesto el valor fiscal aun en nuestro propio perjuicio”, expresó Cornejo, luego de tener una reunión a puertas cerradas con el fiscal de Estado, el justicialista Fernando Simón, quien por su parte se muestra ajeno a la discusión.
El gobernador, en medio del descontento popular, salió a aclarar que la publicación de la valuación fiscal lo “perjudica”, por lo que propiciará una nueva ley. “Hay que impulsar cambios, porque no todos los funcionarios tienen la obligación de presentarlas y es probable que hagamos una ley integral de ética pública que incluya a los tres poderes”, indicó.

El otro punto que generó rispidez fue lo informado por la vicegobernadora, Laura Montero, quien dijo tener, entre otro bienes, una casa que compró en 1987 y que valuó en apenas 70 centavos. Según explicó la funcionaria, de acuerdo con normativas vigentes, se limitó a informar el precio real al momento del ingreso del bien a su patrimonio.
Otro valor llamativo se detectó en la declaración jurada del ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, quien adujo haber adquirido un lote por 117 pesos, en el año 2000. “Es un lote muy viejo; lo compramos en el Club Unión en Bermejo en el año 92 cuando era soltero; todavía no se ha hecho el loteo. Es un lote que está inutilizado y sin actividad”, indicó el ministro.

Antes y después

En definitiva, según explican los especialistas, la intención y la decisión de avanzar en la publicación de las declaraciones juradas ha sido un paso importante, sobre todo para conocer la cantidad de bienes de los dirigentes políticos, más allá del valor, para compararlos con su patrimonio al concluir los mandatos, aunque aseguran que lo presentado fue tomado como una burla y que se dejó de lado el sentido común.

Por eso apuestan a una mayor transparencia, sabiendo que queda un largo camino por recorrer. “La sociedad ha tomado como burla algunos criterios de evaluación, con normas poco claras. Esta disparidad de criterios ha caído mal y disparado el debate ciudadano. Hay que apuntar a la transparencia, ya que ha sido un decreto deficiente, tal vez con errores de los funcionarios”, evaluó el contador Miguel Gallardo, en declaraciones televisivas.

Obligatorio en los tres poderes

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Jorge Tanús (PJ), presentó un proyecto de ley por el que se dispone la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes para los funcionarios y empleados públicos provinciales de los tres poderes y entes estatales. “Creemos que al convertir el decreto referido en ley se equiparan las obligaciones de todos los funcionarios provinciales, sean ellos del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial”, observó.

Valores que resultan irrisorios

Alfredo Cornejo

Gobernador de Mendoza

$ 119.756

Es el precio que declaró el mandatario provincial por un terreno; el valor comercial es mucho mayor

Gianni Venier

Ministro de Seguridad

$ 1

Es el valor que declaró el funcionario por un automóvil Mercedes Benz SL 300 modelo 91

Enrique Vaquié

Ministro de Economía

$ 117

Es el monto declarado por el ministro en la compra de un lote, en el año 2000

 

fuente LA NACIÓN

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