“Nosotros estamos para colaborar. Pero los encargados de buscar la verdad son ustedes, los jueces”, dijo Mauricio Macri. El mensaje, a primera vista, era claro, pero también tenía una cara oculta que los jueces federales supieron decodificar al instante.

¿Qué les estaba diciendo Macri? Por un lado, el Gobierno no hará nada para empujarlos a investigar a Cristina Kirchner y tampoco hará nada para frenar esas causas y proteger a la ex mandataria. Es decir, si los jueces tienen pruebas ciertas para avanzar, tendrán vía libre para hacerlo. Por otro lado, los jueces entendieron, una vez más, que entre el Ejecutivo y ellos no habrá operadores políticos. “Apenas nos visitan un par de gestores que realmente no representan a Macri”, confesó uno de los jueces presentes.
Tal vez nunca en 30 años de democracia los jueces de Comodoro Py, acostumbrados a hablar con emisarios políticos y a negociar con el gobierno de turno, hayan sentido tanta libertad para investigar y, al mismo tiempo, tanta desorientación y desprotección. El circo de la corrupción se quedó sin red, ni oficial ni kirchnerista.

La convocatoria al acto había sido formal, para presentar a jueces y abogados una agenda integral de reforma judicial 2020, y tuvo una respuesta realmente masiva.
Entre los miles de personas que concurrieron al CCK se mezclaban los jueces Sebastián Casanello, Ariel Lijo y Julián Ercolini, y varios camaristas federales.

Por el Consejo de la Magistratura dieron el presente su presidente, Miguel Piedecasas, y sus colegas Juan Bautista Mahiques -ambos vieron en Roma al papa Francisco y estaban contentos de haber equilibrado una delegación donde predominaban caras de jueces cercanos al FPV-, Pablo Tonelli, Luis Cabral, Leónidas Moldes y también la kirchnerista Gabriela Vázquez.
Estaban además los integrantes de las Cortes porteña y bonaerense; el ministro de Justicia de este distrito, Carlos Mahiques, y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, entre muchos otros. Todos tantean al Gobierno.

Por otra parte, el tema de la convocatoria era incontrovertible: Macri puso en agenda un paquete de más de 120 iniciativas que había sido armado por uno de los hombres que más trabajó en proyectos de reforma durante los últimos 20 años, el ministro de Justicia, Germán Garavano. Ese megaproyecto incluye la creación de 117 juzgados federales en todo el país, la agilización de los procesos penales y civiles, y el traspaso de parte de la justicia laboral, civil y penal al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Nadie podría objetar seriamente la necesidad de mejorar las áreas de Justicia y Seguridad. Por caso, uno de los asistentes, en voz baja, explicó a este periodista que en el segundo cordón del conurbano los dealers de la droga están desplazando, con sus planes de asistencia, a los punteros del peronismo y al Estado.

Podrían hacerse a ese proyecto de reforma algunas observaciones puntuales. Así, ¿cómo convencerá Garavano a los jueces nacionales de aceptar pasarse a la Ciudad si los magistrados porteños ganan sueldos más bajos? Pero nada de eso es insoluble.

Muchos de los presentes notaron cierta incomodidad en la cara del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que estaba parado en el escenario al lado de Macri y del presidente del Senado, Federico Pinedo, para darle al anuncio de la reforma judicial un marco de política de Estado. Tal vez habría deseado que la Corte tuviera un mayor reconocimiento para el alto tribunal.

La comidilla, sin embargo, pasaba por saber cómo evolucionarán los casos de corrupción. Ayer, Claudio Bonadio procesó a Julio De Vido. Casanello no avanzará por ahora contra Cristina, porque todas las pistas se agotan en Lázaro Báez. Lijo citará al ex vicepresidente Amado Boudou a dos indagatorias. Y Ercolini, antes de indagar a la ex mandataria, deberá hacer un largo peritaje y analizar 400 cajas repletas de documentos secuestrados que nadie miró en un año.

Cristina está en la mira judicial, pero todavía aparece en un horizonte lejano. Un horizonte donde Macri se ve más fuerte y parte del peronismo apuesta a debilitarlo.

 

fuente LA NACIÓN

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