RÍO GALLEGOS.- Un juez de Santa Cruz condenó al gobierno de Alicia Kirchner a informar sobre el estado de las cuentas públicas de la provincia, al hacer lugar a una acción de amparo interpuesta por siete diputados de la oposición, quienes desde febrero reclaman información sobre los números de la provincia.
El fallo, firmado por el juez de primera instancia Francisco Marinkovic, obliga a enviar, en un plazo de 72 horas, información sobre la totalidad de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y cualquier otro producto bancario que utilicen el gobierno provincial y los entes autárquicos y descentralizados.
El juez fundamentó el fallo en tres principios fundamentales: el derecho al acceso a la información pública como derivación razonable de la forma republicana de gobierno, la división de poderes y la publicidad de los actos de gobierno. El año pasado ya había sacudido el tablero político, al declarar la inconstitucionalidad de la ley de lemas en la provincia.
Para el diputado radical Daniel Gardonio, presidente del bloque de Unión para Vivir Mejor, encabezó el amparo y dijo que el fallo es un pedido de transparencia. «Pone un límite al gobierno que piensa que puede hacer cualquier cosa y quiere aprobar el presupuesto provincial sin cumplir con las leyes».
El oficialismo provincial intentará aprobar mañana el presupuesto de este año, para lo cual tiene mayoría política, pero enfrenta una fuerte crítica de parte de la oposición.
La legisladora Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano), una de las firmantes del amparo, consideró ayer que el fallo «interrumpe una manera de gobernar desde hace 24 años, que cercena el derecho al acceso a la información pública». Y consideró que «garantiza un derecho constitucional que no se estaba cumpliendo, en un momento tan complejo». Dijo «para que haya confianza pública, debe haber transparencia, lo que nunca ha garantizado ni ejercido este gobierno».
Provincia quebrada
El pedido de información se remonta a diciembre, cuando Alicia Kirchner aseguró que la provincia estaba «financieramente quebrada», al hacer una dramática descripción de las cuentas de la provincia.
Los diputados de la oposición reclamaron desde entonces la presencia del ministro de Economía y presentaron pedidos de informes al gobierno sobre un convenio de asistencia financiera firmado en noviembre de 2015, a través del cual la Nación envió fondos por más de $ 4300 millones «para atender los desequilibrios financieros de la provincia», además de la existencia de un plazo fijo de $ 1200 millones, la situación de ingresos tributarios del empresario Cristóbal López y el envío del presupuesto ejecutado del año anterior. Ninguno de los pedidos tuvo respuesta, lo que llevó a iniciar la acción de amparo.
La respuesta del gobierno quedó en manos de la fiscal de Estado, Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro de la Nación, quien alegó que era «manifiestamente improcedente» el pedido de los amparistas. «Lo que aquí se intenta es obtener por vía judicial lo que no ha podido lograrse por vía de la votación, que es propio del funcionamiento del órgano deliberativo del Estado», expresó.
La fiscal Abbona señaló que no se presentó el presupuesto ejecutado 2015 «porque dicho presupuesto fue aprobado recién en octubre de 2015 y en ese periodo no se presentaron las ejecuciones trimestrales, ni el año cerrado». Apuntó, de este modo, contra el gobierno anterior de Daniel Peralta.
El ex mandatario provincial, en el marco de la ley de lemas, integró una de las dos fórmulas del FPV que llevó a Alicia Kirchner a la gobernación.
fuente LA NACIÓN
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