Este lunes, el presidente Mauricio Macri se presentó a una audiencia de mediación. Pero su contraparte no. ¿Quién faltó? Su padre, Franco Macri. ¿Por qué habían sido convocados? Porque el jefe del Estado le endilga a su padre ante la Justicia que se resiste a entregarle la documentación que probaría que no cometió ningún ilícito al figurar en la sociedad offshore Fleg Trading Ltd., según reveló LA NACION como parte de la investigación Panamá Papers.

Pese a la ausencia del padre, el proceso de mediación entre los Macri sigue su camino. Falta el último paso ante la mediadora. Sólo luego el Presidente podrá iniciar un proceso formal ante la Justicia para obtener la documentación que le reclama al líder del Grupo Socma.
“Dejo constancia de que recurro a la intervención de vuestra señoría por cuanto, pese a mis insistentes requerimientos, no he podido obtener de mi padre, Franco Macri, la documentación”, reclamó el hijo. “Tan sólo he logrado que emitiera el comunicado [de prensa], lo que no resulta suficiente para otorgar la certeza que las circunstancias ameritan”, abundó en la “acción declarativa de certeza” que recayó en el Juzgado en lo Civil N° 104, a cargo del juez Andrés Fraga.

“Reservado” bajo el número 20.359/16, Fraga aún debe esperar que se complete el proceso de mediación, aunque ya ordenó que se envíe un exhorto a Bahamas. Así lo solicitó el Presidente, para que las autoridades de ese país envíen copias de toda la documentación societaria que tengan de Fleg Trading.
Con ese exhorto y la presentación judicial contra su padre, Mauricio Macri pretende demostrar que no se encontraba obligado a informar esa firma offshore en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP y que, por tanto, no cometió el delito de “omisión maliciosa”.

“Jamás fui accionista ni propietario de dicha compañía”, indicó Macri en su primer escrito judicial, cuya copia obtuvo LA NACION de fuentes con acceso al expediente. “No percibí dividendos ni utilidades de la misma, como director de Fleg Trading no participé en decisión empresaria o negocio alguno ni percibí honorarios como director ni ninguna otra retribución, y sólo acepté el cargo a efectos de renunciar y designar un reemplazante”, sostuvo. “Ello para demostrar ante la opinión pública y la ciudadanía que jamás tuve la obligación de incluir Fleg Trading en mis declaraciones juradas.”
Ése también es el foco de la investigación penal ya en curso que tramita en Comodoro Py. El fiscal Federico Delgado imputó al Presidente por presunta omisión maliciosa y el juez Sebastián Casanello ordenó las primeras medidas de prueba.

Esa causa penal, sin embargo, abarca no sólo Fleg Trading, constituida por el estudio panameño Mossack Fonseca, sino también una segunda firma offshore, Kagemusha, que no integra los documentos analizados por LA NACION a instancias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

A partir de allí, Casanello libró exhortos a Bahamas y Panamá para obtener datos sobre ambas sociedades. Según detalló en su resolución, el objetivo es “indagar sobre la relación entre las sociedades puntualizadas y el imputado en autos (Macri), conocer sobre la composición de las firmas, su giro comercial y financiero y, sobre la base de ello, establecer su posible vinculación con la maniobra investigada en la causa”.

Basado en el requerimiento del fiscal Delgado, Casanello explicó a las autoridades de Bahamas y Panamá los fundamentos de esos exhortos. Dijo que busca “determinar si Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada” y establecer si las empresas en investigación “infringieron algún tipo penal y, en ese caso, si Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.

En sede civil, mientras tanto, Macri (hijo) responsabilizó a Macri (padre) por los dolores de cabeza que le causaron los Panamá Papers. Pero con 86 años cumplidos el 15 de abril pasado, el patriarca de la familia sólo accedió a entregar parte de la documentación tras la presentación judicial de su hijo, y designó a un civilista de renombre, Julio César Rivera, como su abogado.

El Presidente, por su parte, convocó a Felipe Llerena y Fabián Rodríguez Simón, “Pepín”, su amigo y asesor jurídico de extrema confianza. Fue “Pepín”, por ejemplo, quien aportó los argumentos jurídicos para el fallido intento de designar jueces ad hoc en la Corte Suprema.

fuente LA NACIÓN

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