Culminado el proceso de revisión de las contrataciones en el sector público, el gobierno de Mauricio Macri instrumentó un total de 10.921 cesantías de empleados en distintas áreas del Poder Ejecutivo. Esta cifra es el 5 por ciento de la dotación correspondiente a ese sector y, según anticipó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, representará para el Estado un ahorro de 2800 millones de pesos anuales en el gasto salarial.
¿Qué impacto tiene este ahorro en el presupuesto? La respuesta depende del prisma con que se mire. Según Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el efecto presupuestario es relativo si se considera que el total de personas despedidas, casi 11.000, equivale a 1,4% de la dotación total que heredó Macri de la gestión kirchnerista, con casi 779.000 agentes en todo el sector público nacional.

Sin embargo, para Ibarra, el ahorro de $ 2800 millones es muy significativo si se lo analiza en otros términos.

Sólo a manera de ejemplo, el hospital Posadas, uno de los más importantes del país, insume un gasto anual de 2178 millones, según la ley de presupuesto 2016. El programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, otros 1641 millones. El presupuesto anual de la Corte Suprema, otro caso, es de poco más de 2400 millones de pesos. Es otra perspectiva para medir el mismo impacto presupuestario.

Según precisó el ministro Ibarra a LA NACION, las cesantías afectaron sólo a trabajadores contratados de manera temporaria y que no prestaban funciones (conocidos como “ñoquis”), o bien “no respondían a necesidades de servicio” (su tarea era más bien de militancia política). Remarcó que sólo se aplicaron en el Poder Ejecutivo, que cuenta con un plantel de 220.000 agentes.
“Nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía -remarcó Ibarra a LA NACION-. No queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios.”

El funcionario confirmó que ya no se producirán más cesantías dentro de la administración pública central. El proceso de revisión y de depuración del personal había comenzado en diciembre y se instrumentó por medio del decreto 245/2015, por el cual el presidente Macri instruyó a todos los funcionarios a revisar las contrataciones que se efectuaron en los últimos tres años en los ministerios, empresas públicas y organismos estatales descentralizados.

El panorama con que se encontró la flamante gestión fue impactante. Cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia, el sector público nacional (incluidos los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados, empresas públicas, universidades y otros entes) sumaba 778.798 agentes, 61% más que en 2003. Así lo indica el informe “GPS del Estado”, que la semana pasada presentaron en forma conjunta ASAP y Cippec.

El informe da cuenta, además, de que 30% de los empleados en el sector público nacional está bajo la modalidad de contratación, un porcentaje que se mantuvo estable desde 2003; en los organismos descentralizados, ese porcentaje de precarización llega a 45%.

“De los 70.000 contratos que recibimos, hemos dado de baja casi 11.000”, explicó Ibarra. El funcionario señaló que, pese a lo abultado de la dotación, no habrá despidos en la planta permanente del Estado. “Nuestra intención es capacitar y jerarquizar a los empleados de planta permanente”, indicó. Y agregó que a medida que avance el proceso de ordenamiento del personal contratado se ordenarán pases a planta permanente “en los casos que se justifiquen”.

“Hay personas contratadas con más de 10 años de antigüedad. Previo concurso, esta gente -unos 2500 empleados- podría pasar a planta permanente”, anticipó.

La oposición mantiene una mirada crítica sobre los despidos producidos en el Estado. En un informe, el economista y diputado Claudio Lozano (MC) señaló que, mientras el Gobierno ejecutaba cesantías entre los contratados, amplió las estructuras del Estado con más cargos jerarquizados. “En efecto, se observa un aumento en la cantidad de ministerios (pasaron de 17 a 21), en la cantidad de secretarías (de 65 a 80) y también en las subsecretarías (de 167 a 196)”, advirtió Lozano en un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

“Esto pone en duda el discurso del gobierno nacional centrado en la necesidad de «despolitizar» la administración estatal para un adecuado funcionamiento -agregó Lozano-. Como se demuestra en este trabajo, el nuevo perfil de la estructura burocrática se caracteriza por el incremento de los cargos jerárquicos, lo que implica entonces una mayor politización.”

En medio de la discusión sobre la polémica ley antidespidos en el Congreso, varios fueron los legisladores opositores que plantean sus críticas por las cesantías en el Estado.

“Hoy, todos los compañeros trabajadores tienen miedo de ser despedidos, y tienen una razón para eso: el mal ejemplo que dio el Estado al decir «cuando me sobran trabajadores, los despido»”, enfatizó el diputado Héctor Daer, uno de los “rebeldes” del Frente Renovador en la frustrada sesión del miércoles pasado en la Cámara baja.

En el Gobierno rechazan este punto de vista. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló, por caso, que en el último trimestre el gobierno kirchnerista nombró a más de 10.200 personas en el Estado, en plena campaña electoral, con evidentes fines políticos. Aquéllos fueron los contratos revisados. “Nuestra intención no es achicar el Estado, pero tampoco convalidar situaciones no deseadas”, sentenció Ibarra.

Las cifras del proceso de “revisión”

1,4%

Del total de empleados

El Gobierno cesanteó a casi 11.000 personas, que representan el 1,4% de los 778.798 empleados públicos a nivel nacional

La herencia

Cuando la presidenta Cristina Kirchner dejó el poder, también dejó un 61% más de empleados públicos que en 2003, según un informe presentado por ASAP y Cippec. El 30% de esos empleados están contratados

220.000

En el Poder Ejecutivo

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que los despidos que se aplicaron en la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios sólo incluyeron a los empleados contratados que no prestaban funciones o cuyas tareas se limitaban a la militancia.

 

fuente LA NACIÓN

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