RÍO GALLEGOS.- En medio de la investigación federal que busca determinar quien financió la construcción y mantenimiento del mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner, los diputados del Frente para la Victoria de Santa Cruz ahora lo quieren declarar monumento provincial e histórico de la provincia.
A través de un proyecto de resolución que hace unos días tomó estado parlamentario, los legisladores kirchneristas buscan despejar las dudas sobre la propiedad de la tierra, una parcela de 25×25 metros ubicada en el sector posterior del cementerio municipal.

Los diputados kirchneristas en los fundamentos del proyecto detallan que a través del decreto municipal 2496, del 8 de junio de 2011, la intendencia de Río Gallegos otorgó la tierra a favor de la provincia a título gratuito “y de carácter permanente”. Y detallan que con fecha del 15 de julio de 2011, a través del decreto 1464 el Poder Ejecutivo provincial aceptó la concesión de la tierra.
Por la causa del mausoleo, el juez federal Sergio Torres ya realizó cuatro allanamientos en Santa Cruz: uno en la gobernación, otro en el municipio y dos más en la sede de la firma Austral Construcciones, de Lázaro Báez. En todos los casos buscaba documentos, decretos municipales y datos de una supuesta cuenta a través de la cual se habría financiado la construcción y posterior mantenimiento del edificio montado en el cementerio municipal.

Según fuentes judiciales explicaron a LA NACION en la causa se intenta determinar quién pagó los trabajos. “Si lo hizo la empresa de Lázaro Báez y después lo donó queremos conocer a quién lo donó. Los terrenos donde se hizo el mausoleo son de la provincia, no de la familia”, explicó una calificada fuente judicial.
La causa sobre el mausoleo de Néstor Kirchner comenzó en 2013 por una denuncia de la entonces diputada Patricia Bullrich ante el juez federal Sebastián Casanello, por la supuesta violación de la ley de ética pública. Pero el juez entendió que la denuncia no tenía vinculación con su investigación del presunto lavado de dinero.

Después del sorteo, la causa recayó en el juez Torres, quien ordenó los allanamientos posteriores, que coincidieron con los procedimientos que realizó el fiscal Guillermo Marijuan en esta provincia por la causa que investiga a Lázaro Báez.

Según el proyecto del FPV para declarar monumento histórico al lugar, “la edificación permite el acceso al público a fin de que nuestro pueblo tenga la posibilidad de honrar la figura de nuestro ex presidente NCK, máximo dirigente y estadista político nacido en estas tierras”.

Más allá de esa declamada finalidad, sin embargo, desde hace tres meses el mausoleo tiene sus puertas cerradas.

El edificio lo construyó Lázaro Báez a través de Austral Construcciones “en homenaje a su amigo”, tal como el empresario lo había afirmado en una entrevista que dio en 2011. El edificio es, quizás, el monumento más impactante que une a las familias Kirchner y Báez, hoy enfrentadas en medio de las investigaciones de la Justicia federal.

La única custodia que tiene el lugar es personal que depende de la seguridad privada del empresario hoy detenido en la cárcel de Ezeiza. Ya no hay personal que realice los controles sobre quienes ingresen al recinto. Y por ahora es sólo un lugar al que puede acceder la familia Kirchner.

Molina presentó tres denuncias contra Gutiérrez

LA PLATA.- El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, presentó tres denuncias penales contra su antecesor Francisco “el Barba” Gutiérrez. La primera es por irregularidades en un plan de viviendas, la segunda por posible “estafa a la administración pública” en un contrato con la empresa BASA y la tercera, presentada ayer, por faltantes en el área de Medio Ambiente.

Por su parte, Daniel Gutiérrez, ex secretario de la gestión anterior y concejal del FPV, advirtió que “de todo lo que dijo el intendente en la apertura de sesiones no presentó nada”. Ante el Concejo Deliberante, Molina había dicho que se hallaron 298 causas penales de la gestión de Gutiérrez y que 171 de ellas tenían desaparecidos los expedientes. Y había advertido que varias de ellas complicarían penalmente a funcionarios de Gutiérrez.

 

fuente LA NACIÓN

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