El inminente veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos generará mucho ruido pero, como dice el refrán, habrá pocas nueces. La oposición en el Congreso criticará al unísono la medida presidencial, acusará al Presidente de poco democrático y de ningunear una norma aprobada por abrumadora mayoría en ambas cámaras, pero en la intimidad admite que la discusión sobre la emergencia laboral ya es un capítulo cerrado y que, con las nuevas leyes por venir, se barajará y dará de nuevo.
Algunos por necesidad económica de sus provincias, otros por cuestiones políticas, difícilmente los bloques opositores hagan de este veto presidencial una cruzada contra el Gobierno y boicoteen la sanción de las próximas leyes. En eso confían los adláteres de Macri. Además, sería una batalla perdida: para rechazar un veto presidencial se requieren los dos tercios de los votos en ambas cámaras -así lo establece el artículo 83 de la Constitución nacional-, y la oposición, que además es un mosaico fragmentado y heterogéneo, no los tiene.

Eso sí, a nadie le gusta el veto y la oposición toma nota. Y no tolerará que se convierta en una práctica recurrente del gobierno de Macri, como lo fue mientras ejerció como jefe de gobierno porteño. Mientras ocupó ese cargo, desde 2007 hasta 2014, vetó 126 leyes.
El presidente del PJ, el diputado José Luis Gioja, le dijo a sus pares que “ante la contundencia de los números el Presidente debería pensar si veta la ley”, y agregó que “deberíamos pedirle que nos reciba y discutir con él la necesidad de que la promulgue”.

Macri no lo hará y la vetará. Pero una luz de alerta se enciende en el tablero oficialista. Por las dudas, y para enfriar los ánimos, la cúpula de Cambiemos en la Cámara de Diputados decidió que recién dentro de 15 días se convocará a una nueva sesión.
Uno de los más enojados de la sesión de anteayer fue Sergio Massa, cuyo proyecto alternativo que combinaba la cláusula antidespidos con un capítulo de beneficios para las pymes, quedó fuera de juego. Prosperó, por la abstención del oficialismo, la media sanción del Senado, impulsada por el kirchnerismo.

De inmediato, el líder del Frente Renovador instaló la sospecha de que se tejió un pacto entre el kirchnerismo y Cambiemos, que se cristalizó en la postergación del debate de un proyecto de Pro que autoriza a la Justicia a que efectúe allanamientos en las propiedades del ex ministro Julio De Vido.

Respuesta oficialista

“No hubo ningún acuerdo”, retrucó ayer Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados y negociador político de Pro. “Nosotros -añadió- no teníamos posibilidad de rechazar la ley antidespidos porque somos minoría, entonces recurrimos a la opción menos dañina para el Gobierno [permitir la sanción de la norma para que luego el Presidente la vete].”

Monzó insistió en que la versión alternativa de Massa tenía un impacto fiscal enorme para el Estado y que, por eso, la relegaron.

“Tuvimos diálogos con él e intentamos llegar a un acuerdo, pero no se pudo. Esperemos que ahora se restablezca la relación, sobre todo porque se vienen leyes que a Massa le interesan, como la de fomento a las pymes y el primer empleo”, confió.

Massa advirtió que el inminente veto de Macri a la ley laboral “será un error grosero”. Sus colaboradores abonan la advertencia: si el Gobierno hace del veto algo frecuente, se romperán todos los puentes en el Congreso, advierten. El interbloque UNA y sus 37 diputados, con Massa a la cabeza, se ha convertido en un interlocutor ineludible para el oficialismo a la hora de negociar las leyes.

“Es nuestro principal aliado y nuestro principal rival”, graficó un empinado diputado oficialista. En algunos temas, como la salida de los holdouts, la sintonía entre ambos fue perfecta. Con la ley antidespidos, Massa sintió el desplante.

En el massismo, las voces más experimentadas buscan bajar la espuma del conflicto.

“Cada ley es cada ley. A veces se gana, otras se pierde. Cuando ningún sector tiene mayoría, las negociaciones varían según las conveniencias. Esa es la política”, admitieron.

 

fuente LA NACIÓN

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