Detenido, embargado y con sus empresas en virtual parálisis, Lázaro Báez se encuentra cada día más lejos de sus años dorados. Ahora, por primera vez, la bandera de remate flamea sobre su emporio. Así lo decidió la justicia en lo comercial, tras verificar que le adeuda casi $ 11,9 millones a la aseguradora de riesgos de trabajo de miles de sus operarios.
La orden de remate apunta contra Austral Construcciones, la nave insignia de Báez. Se creó 17 días antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente y se convirtió en la mayor beneficiaria de obra pública de toda la Patagonia. Durante la última década recibió contratos por más de $ 20.000 millones -de los que $ 12.000 millones se concentraron en Santa Cruz-, pero sólo seis meses después del fin del mandato de Cristina Kirchner se encuentra al borde de la quiebra.
«No habiendo el ejecutado Austral Construcciones opuesto excepciones, sentencio esta causa de remate […] mandando llevar adelante la ejecución en su contra hasta hacerse a la ejecutante Provincia ART íntegro pago de la deuda», ordenó el juez en lo Comercial Héctor Hugo Vitale, según consta en el fallo, del 12 de este mes.
El monto de la condena será, sin embargo, más elevado. Vitale ordenó computar también los intereses acumulados y los que se acumulen «hasta el efectivo pago. Con costas», indicó, en tanto que los honorarios de los abogados -otra cuenta millonaria que deberá afrontar el presunto testaferro de los Kirchner- quedaron para más adelante.
El fallo representa un nuevo traspié judicial para Báez, quien se encuentra detenido desde el 5 de abril por orden del juez federal Sebastián Casanello, acusado de presunto lavado y evasión, y embargado por $ 100 millones. No sólo eso. Las nuevas autoridades de la AFIP lo denunciaron ante la justicia penal por la supuesta apropiación de $ 223 millones en aportes previsionales, y Vialidad siguió la misma senda al denunciarlo ayer por presuntos ilícitos en los contratos de obra pública que se canalizaron por Santa Cruz.
Tras la sentencia de Vitale, en tanto, los abogados de Provincia ART ya salieron a la caza de activos para rematar de Austral Construcciones. Para eso, pretenden su inhibición general de bienes -por lo que no podrá comprar ni vender activos sin antes pagar esa deuda- y golpearon las puertas de Vialidad y el Banco Nación. En ambos lugares, los letrados de la aseguradora fueron a buscar si había alguna acreencia a favor de la constructora que pudieran efectivizar. En el caso de Vialidad, por ejemplo, algún certificado de obra pendiente de cobro, según reconstruyó LA NACION.
Para los abogados de Provincia ART, sin embargo, la cacería no concluye allí. Al igual que el fiscal federal Guillermo Marijuan, también buscan bienes muebles o inmuebles a nombre de Austral Construcciones, ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier punto del interior del país.
De este modo, la nueva ofensiva judicial coloca a Báez y a su constructora al borde de la quiebra, una opción que los letrados de Provincia ART también ya tienen en carpeta, mientras los números del empresario se agravan cada día.
En el Banco Nación, por ejemplo, Austral Construcciones acumula una deuda por $ 160,7 millones que hasta hace unos meses se encontraba en situación «3 – con problemas / riesgo medio», según el último informe del Banco Central (BCRA) que cotejó LA NACION. Ahora pasó al nivel «4 – con alto riesgo de insolvencia / riesgo alto», en una reedición de lo que ocurrió en los 90 con otro gran contratista público, Victorio Américo Gualtieri.
Receptor de más de US$ 1000 millones en obra pública bonaerense durante la gobernación de Eduardo Duhalde, Gualtieri acumuló deudas multimillonarias con el Banco Provincia, que incumplió. Y así colocó a esa entidad al borde del colapso, por lo que la Legislatura debió aprobar un rescate de emergencia.
En el caso de Austral Construcciones, los problemas con Provincia ART se acumularon durante meses. Su alta de afiliación se concretó en agosto de 2014, con la firma del contrato 155.434. Pero Báez pronto comenzó a mostrar atrasos con la empresa del Grupo Banco Provincia -controlado antes por Daniel Scioli y ahora por María Eugenia Vidal-, hasta que llegó la rescisión «por falta de pago» en noviembre de 2015.
Báez, sin embargo, no es el único empresario kirchnerista que acumula problemas durante los últimos meses. Entre otros, también el Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, se encuentra en pleno retroceso, mientras que la AFIP logró que la Justicia designara veedores en siete empresas de Cristóbal López: Oil M&S, la constructora CPC, Ganadera Santa Elena, Inversora M&S, Indalo Inversiones de Argentina, Telepiu (C5N) y Oil Combustibles, a su vez en concurso de acreedores.
Para Vitale, lo que ocurre con López no le es desconocido. En su juzgado también tramita la puja de la AFIP con «el zar del juego» por definir si ese concurso de acreedores de Oil Combustibles debe tramitarse en Buenos Aires o en Comodoro Rivadavia, como quiere López.
Ahora, en el caso de Báez, Vitale apresta la bandera roja de remate.
Un imperio con la soga al cuello
$ 11,9
millones
Es la deuda de Austral Construcciones con la aseguradora de riesgos del trabajo
$ 223
millones
Es el monto que el empresario kirchnerista le adeuda a la AFIP por quedarse con aportes previsionales
$ 100
millones
Es el embargo que trabó sobre Báez el juez Casanello, cuando lo detuvo por presunto lavado de dinero
$ 160,7
millones
Es la deuda de Austral con el Banco Nación, lo que la ubica en el rango de «alto riesgo de insolvencia»
$ 20.000
millones
Es la suma que recibió Austral en contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas
$ 12.000
millones
Es el total que sumó Báez sólo por la obra pública que se le adjudicó en Santa Cruz en la última década
fuente LA NACIÓN
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