Nada es casualidad. En el Día del Trabajador, Mauricio Macri envió un mensaje cifrado ante una tribuna de sindicalistas que lo agasajaban en la sede porteña de gastronómicos. Mencionó a “un conjunto de vivos que se creen los dueños del puerto y que abusan de su rol”. Remató con la sugerencia de que existiría un “poder mafioso”. Sin hacer nombres, el Presidente se refería a Omar Enrique Suárez, el ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido por orden judicial desde el 18 de febrero.
Dos días antes de la advertencia presidencial, en el marco de la movilización de protesta por la inflación y los despidos, las cinco centrales obreras habían leído un documento común en el que uno de sus puntos exigía la “no intromisión de ningún órgano externo en la vida institucional de los sindicatos”. Se referían al SOMU.

La actualidad del SOMU condiciona por momentos el vínculo entre la Casa Rosada y los gremios. Nadie sabe con certeza en qué podría derivar la situación judicial de Suárez, a quien Cristina Kirchner definió en su viaje a Angola, en 2012, como uno de sus sindicalistas “favoritos”. Suárez, que no cuenta con apoyo total entre sus pares de la CGT, estaría refugiado en Monte Caseros, una ciudad correntina que limita con Uruguay y Brasil. Ayer, no respondió las llamadas de lLA NACION.
En su gremio hubo revelaciones recientes que lo involucran y que muestran cierto desfase: el diputado kirchnerista Carlos Kunkel y su mujer, la senadora provincial Cristina Fioramonti, utilizaban como propio un auto Passat (dominio LMJ 534) y una camioneta Kuga 0 km (LZW 034) compradas por el SOMU. Además, se gastaban $ 360.000 mensuales en el mantenimiento de la radio Papa Francisco, que es del gremio, pero cuyo alcance es casi nulo, según informaron fuentes de la intervención.

La intervención del SOMU fue ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga a la cúpula del gremio, sobre todo a Suárez, por bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y por una serie de maniobras supuestamente ilícitas.
El juez consideró a Suárez “un peligro” para el gremio y justificó la intervención “a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos”. Sin éxito, la tropa que responde a “el Caballo” apeló la decisión y presentó una queja ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

La comisión interventora del SOMU está integrada por Santiago Viola (designado por el juez), Jorge Alonso (por Triaca) y Gladys González (por el Poder Ejecutivo). Alonso tiene experiencia en intervenciones gremiales: hace casi cinco años ocupó ese rol en el Sindicato de Ladrilleros. En tanto, González, que es diputada nacional de Pro, carece de experiencia en el rubro, a pesar de ser la voz de Mauricio Macri. Una curiosidad: ninguno de los tres interventores tiene injerencia en la obra social, una de las cajas del gremio. Canicoba Corral ubicó allí a Ramiro Tejada y Pablo Garrido.

La intervención del SOMU se originó a partir de una serie de denuncias que activaron ocho opositores a Suárez que fueron expulsados del gremio. Ninguno de ellos fue reincorporado a la organización sindical. Alejandro Giorgi, uno de los desplazados, reclamó la reafiliación. “Está demostrado que hubo irregularidades estatutarias, deberíamos reintegrarnos al sindicato”, le dijo a LA NACION.

A partir de las denuncias y del aporte de pruebas, la comisión interventora allanó empresas vinculadas al sindicato, como San Jorge Marítima. La figura de Suárez tomó notoriedad al revelarse detalles de cómo construyó un holding de empresas a partir del SOMU. Salvo Elite Viajes, dedicada al turismo, el resto de las compañías están relacionadas con los negocios en el puerto, donde Suárez se sentía amo y señor, tal como insinuó Macri.

Como puede, la intervención avanza en el rastrillaje de las empresas que serían de Suárez o de algunos de sus familiares.

Un sindicalista en la mira

Omar Suárez

Ex Secretario General

El ex líder del SOMU tiene su gremio intervenido desde el 18 de febrero por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien lo calificó “un peligro” para el sindicato

Recluido en Monte Caseros (Corrientes), el sindicalista es investigado por la creación de un grupo de empresas, casi todas relacionadas con la actividad portuaria

 

fuente LA NACIÓN

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