El juez Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Mauricio Macri abierta por las revelaciones de los Panamá Papers. El juez pidió informes sobre compañías con las que habría estado vinculado el Presidente, más allá de las dos sociedades por las que se lo denunció originalmente en esta causa: Fleg Trading LTD, de Bahamas, y Kagemusha, de Panamá. Los investigadores parten de que existió un “conglomerado de sociedades” interconectadas y llegan así, a partir de aquellas dos offshore, a las otras firmas.

Desde la denuncia original, la causa fue creciendo y hoy va mucho más allá de si Macri incumplió alguna norma al no declarar su relación con Fleg Trading y Kagemusha. El fiscal del caso, Federico Delgado, había advertido ya en su requerimiento de instrucción (donde fijó el objeto procesal de la causa) que, además de la posible omisión maliciosa en las declaraciones juradas, debía investigarse la “vida” de las dos sociedades para ver si había algún delito.

Esta visión del fiscal fue objetada por la defensa de Macri, que la semana pasada presentó un escrito cuestionando el alcance que estaba tomando el caso. Sobre todo, por los pedidos del denunciante (el diputado kirchnerista Norman Darío Martínez) y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que entre decenas de solicitudes de pruebas habían incluido investigar el contenido patrimonial de los divorcios de Macri. La mayor parte de esas diligencias no fueron ordenadas por Casanello.

El juez sí incluyó en su lista, a pedido de Delgado, una solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que le remitiera copia certificada de los legajos de Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group. Todo entre 1985 y 2007.
Casanello también le pidió copia a la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada correspondiente a 2015 presentada por Macri (en esa declaración el Presidente incluyó entre sus bienes una cuenta en Bahamas). Y a la justicia civil, copia certificada de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Franco Macri, padre del Presidente, “relacionadas con Fleg Trading” entre 1998 y 2005. Casanello asentó que esos documentos habían sido presentados ya en su juzgado, en copia, por el propio Franco Macri, quien declaró formalmente que Fleg Trading integró su patrimonio.

Entre las nuevas medidas ordenadas, Casanello incluyó también un pedido a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que consulte a sus pares de cinco países si tienen reportes de operaciones sospechosas sobre Fleg Trading y Kagemusha, pero también sobre Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group. Estas últimas compañías estarían relacionadas con la genealogía de Fleg Trading. Los países a consultar son Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y el Reino Unido. A todos ellos Casanello les había enviado ya exhortos.

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La defensa de Macri presentó el jueves pasado su escrito contra la amplitud del caso. Fue horas después de que el fiscal le pidió al juez que indagara en sociedades no mencionadas en el requerimiento original. El denunciante afirmó que eran firmas emparentadas.

Ricardo Rosental, abogado del Presidente, escribió que no se oponían a la investigación, pero que el caso estaba tomando ribetes de “excursión de pesca”, fórmula con la que los abogados llaman a las causas que van más allá de lo debido para indagar en toda la vida del acusado para buscar algo irregular. Se quejaba de las decenas de medidas solicitadas por la PIA y de los pedidos del denunciante.

Ocaña denunció a Casanello

La legisladora porteña Graciela Ocaña denunció ayer al juez Sebastián Casanello por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Lo acusó de “manifiesta parcialidad” y “excesiva demora” en el trámite de la causa contra Lázaro Báez. Aludió en particular al lapso entre 2013, cuando se conoció la primera denuncia periodística, y a abril de este año, cuando Báez quedó detenido.

En su presentación, que deberá ser evaluada por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo, Ocaña se hizo eco de versiones según las cuales Casanello se habría reunido con Cristina Kirchner cuando era presidenta para acordar una garantía de impunidad a cambio de dinero. Esas acusaciones fueron rechazadas anteayer por Casanello, que las atribuyó a una “operación” en su contra.

 

fuente LA NACIÒN

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